La novela en torno a la construcción de la represa Portezuelo del Viento sigue sumando capítulos. A los cuestionamientos de entidades empresarias que se produjeron en los últimos días, ayer se sumó una presentación de un grupo de reconocidos juristas locales ante la Fiscalía de Estado solicitando la suspensión de la licitación por el “inevitable daño” al patrimonio provincial. La presentación sostiene que los juicios planteados por La Pampa por la obra y los ríos Atuel y Desaguadero, podrían terminar en la paralización de la obra.
Los firmantes del expediente son tres prestigiosos abogados de la provincia: el docente y ex senador nacional, Miguel Mathus Escorihuela; el ex juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y docente, Alejandro Pérez Hualde; y el letrado especialista en derecho de aguas, Aldo Guarino Arias.
En diálogo con Los Andes, Mathus Escorihuela expresó que “hemos realizado una presentación ante el Fiscal de Estado para que se suspenda la licitación porque es un acto perjudicial para la Provincia de Mendoza”.
Concretamente, requieren al fiscal de Estado, Fernando Simón, que declare el “fracaso de la licitación pública” sobre el proyecto de Aprovechamiento Multipropósito Portezuelo del Viento. Y afirman que el avance de este proceso conduce “inevitablemente a un severo daño a los intereses y el patrimonio de la provincia”.
Ante la consulta de este diario, Simón confirmó que la presentación ingresó ayer por la mañana y señaló que procederá a su estudio, pero que no hará declaraciones hasta haber terminado el análisis.
Por su parte, desde el Gobierno de Mendoza le restaron importancia al planteo y manifestaron que “no tiene ningún asidero ni legal ni administrativo, no le damos entidad y lo tomamos como algo netamente político”.
Advirtieron que esta ofensiva está vinculada al mismo sector empresario que envió una carta al gobernador Rodolfo Suárez días atrás exigiendo también la suspensión de la licitación y remarcando los inconvenientes que generaría. “Hay intereses empresariales de gente que se ha quedado afuera”, resaltan desde el entorno el mandatario provincial.
Asimismo sostuvieron que solo se trata de una nota dirigida al Fiscal de Estado y que no implica ningún obstáculo al avance del concurso público. En este sentido, el último miércoles el consorcio Malal-Hue, integrado por la firma china Sinohydro y las locales IMPSA, CEOSA y Obras Andinas, presentó una mejora una rebaja del 22,6% sobre el ofrecimiento original hecho meses atrás, lo cual implica un reajuste de 200 millones de dólares en la propuesta. En el Ejecutivo confían en poder adjudicar la obra antes de fin de año.
Los argumentos del pedido
A lo largo del documento los tres abogados exponen una serie de motivos y consideraciones que apuntan a solicitar al Fiscal de Estado que tome acciones para “impedir el grave daño inminente que producirá la adjudicación y eventual contratación” de Portezuelo del Viento. Agregan que la obra “ha devenido en un severo riesgo de daños al patrimonio público que a Usted la Constitución le ha encomendado defender”.
En la presentación subrayan que es fundamental un replanteo debido a la inexistencia de distintas ofertas en la licitación en curso, los precios estipulados por la única oferente, la disminución del caudal del río Grande en los últimos años, el cuestionamiento, cambio y desconocimiento sistemático de las provincias integrantes del Coirco de sus decisiones.
Al respecto, Pérez Hualde explicó a Los Andes que “hemos venido viendo con preocupación cómo se avanza en un proceso en el cual ha ido cambiando fuertemente el entorno. Cuando se puso en los papeles y se proyectó tenía una realidad jurídica que ha ido cambiando”.
El ex ministro de la Corte provincial sostuvo que Mendoza se encuentra en litigios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ponen en cuestión todas las cuencas de la provincia, a raíz de las demandas de La Pampa por Portezuelo del Viento, por el río Atuel y por el río Desaguadero.
“Creemos que desde el punto de vista jurídico es un gravísimo riesgo económico avanzar con una obra que en cualquier momento puede ocurrir que la Corte le ordene paralizarla o suspenderla. Eso provocaría un daño muy grande porque las empresas nos dirían con toda razón que ya se sabía de estos pleitos”, indicó.
Hizo hincapié en que la provincia se encuentra en una etapa del procedimiento administrativo en que se puede detener y resaltó que todavía no se ha hecho nada irreversible desde el punto de vista jurídico. “Entonces le estamos pidiendo al Fiscal de Estado que tenga en cuenta esta situación porque puede haber un grave daño al patrimonio”, advirtió.
Respecto de las sospechas del Gobierno provincial sobre los posibles intereses detrás de la iniciativa, Pérez Hualde afirmó que “no estamos metidos en ningún proceso electoral y esto no va por ningún partido político”.
Por último, Mathus Escorihuela indicó que “nos extraña sobremanera que los legisladores se han cocido la boca con tiento crudo y no han abierto la boca para nada” y enfatizó en que “está en juego una obra millonaria en dólares que va a perjudicar a la provincia”.
