La espera del laudo pedido al presidente, Alberto Fernández, por Portezuelo del Viento agitó al sector empresario. La Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim) insistió con la necesidad de redireccionar los fondos (1.023 millones de dólares) hacia otras obras hídricas. Para los empresarios se perderá tiempo en caso de que Fernández decida que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental. Como contracara, en Malargüe diagraman una estrategia para no dar lugar a otras obras que no sean la presa sobre el río Grande.
La respuesta al pronto despacho que Suárez había presentado con la intención de apurar el laudo presidencial puso un freno. Un nuevo laudo puede tardar hasta seis meses y si ese arbitraje favorece a La Pampa, se deberá hacer un nuevo estudio de impacto ambiental que en la Cecim, entienden, tardará años.
El tiempo es un factor por el cual esta cámara ratificó su postura en favor de un nuevo destino de los fondos: “Mendoza se encuentra en un momento bisagra, en el que debe decidir qué posición toma con respecto al uso de los fondos que le otorga una sentencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señala un comunicado de la cámara.
Esta entidad, que conduce Dalmiro Barbeito, pide tener en cuenta “los informes ambientales difundidos en los últimos meses que refieren a un cambio climático que se vive en la región cordillerana y donde se está atravesando la peor crisis hídrica de la historia. El agua ha pasado a ser el factor más importante para el desarrollo de la economía y, considerando que esta obra no tiene un aprovechamiento hídrico para los Oasis Norte, Centro y Sur de la provincia, apoyamos la posición del gobernador de la Provincia por el posible redireccionamiento de los fondos para llevar a cabo otras obras que consideran esenciales para el mejor aprovechamiento hídrico y sanitario”, señalan.
En la Cecim están convencidos de que “el uso de los fondos acumulados por el pago de la sentencia que el Gobierno Nacional está depositando por el resarcimiento a nuestra provincia nunca rendirán más que en el momento actual, para hacer frente a las obras que la provincia necesita y así paliar la crisis hídrica y sanitaria que atraviesa Mendoza”.
Para Barbeito, la situación después de la respuesta al pronto despacho, complicó el destino de la obra. “Ahora el expediente está más complicado, con el laudo. La obra tiene un problema en el impacto ambiental, que tiene observaciones por uno de los integrantes del Coirco y entendemos que eso es fundamental. Resolver el tema del impacto ambiental va a llevar tiempo y el proceso es más largo”, indicó a Los Andes.
Desde Cecim, que nuclea en su totalidad a pymes constructoras, aseguran que su interés “es que se genere trabajo para las pymes. El estudio de impacto demora años, hay que licitarlo, adjudicarlo y aprobarlo por todos. Con la crisis hídrica y económica de Mendoza no podemos esperar tantos años”.
Desde la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) ya se habían manifestado a favor de tener un Plan B pidiendo que el dinero sea destinado a mejorar el recurso hídrico. “La demora en la respuesta de la Nación, da la posibilidad de repensar alternativas. Entre ellas, el Trasvase de aguas del Grande al Atuel, que requiere una inversión mucho menor, genera más energía, y permite el desarrollo sostenible de vastas zonas de Malargüe, San Rafael y Alvear. Se debe afectar un fondo especial para ello, que contemple algunos estudios adicionales.”, remarcan desde la organización.
En tanto, Julio Totero, integrante de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) siempre se mostró a favor de Portezuelo. Si bien no cambió de opinión, criticó al Gobierno. “Hay que tener la certeza del acto que se está haciendo y no dejar nada librado a la interpretación. Ahí el Gobierno provincial falló y el nacional se aprovechó de esa falla. No nos pueden pasar estas cuestiones jurídicas”, cuestionó ante la consulta de este medio.
Para Totero, la realización de la obra sigue sin estar en discusión por lo que “hay que tomar la decisión de arrancar con las obras complementarias y no el embalse. Y acordar con la UTE los inicios de obra para que, si hay paralización, no existan acciones jurídicas que puedan perjudicar a la Provincia. Hay muchas cosas que se pueden hacer, no se puede seguir no haciendo nada. Hace muchos años que en la provincia no pasa nada”.
MALARGÜE, ENTRE DIÁLOGOS Y LOS CORTES
La Cámara de Comercio, Industria, Minería, Ganadería, Agricultura y Turismo de Malargüe, junto con otras organizaciones del departamento, se reunieron el lunes por la noche con el intendente, Juan Manuel Ojeda, para trabajar en conjunto para defender Portezuelo del Viento y rechazar otras alternativas.
Mientras aguardan que el gobernador, Rodolfo Suárez, vuelva de sus vacaciones, elaborarán un documento que reunirá a todo el arco político para expresarse públicamente a favor de la obra. El objetivo final es llegar a una audiencia en la Casa Rosada con un pedido concreto que respalde el mandatario provincial.
Un sector más radicalizado arrancó con cortes en las rutas perjudicando a los camiones que transportan gas. El bloqueo más fuerte estaba sobre la Ruta 40 y la 186. Es la traza de la entrada a Llancanelo y en esa intersección se toma el camino hacia Mendoza. No obstante, bajó la tensión.
Este tipo de medidas abren grietas entre quienes apoyan que la obra se realice en Malargüe. Pero hay quienes consideran que con el diálogo no alcanza y hay que presionar. Así, hay quienes advierten que los cortes afectarían las regalías que cobra el departamento. “Nos estamos pegando un tiro en el pie, nos auto boicoteamos nosotros mismos”, dicen.
