El Gobernador Rodolfo Suárez se jugaba una parada difícil el último viernes en el tema Portezuelo del Viento frente a los gobernadores de las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco). El mandatario provincial recibió cuatro votos en contra y vio cómo su par pampeano, Sergio Ziliotto, triunfaba con el pedido de un nuevo estudio de impacto ambiental. Ante esto, y a la espera del depósito de la cuarta cuota que debe hacerse, cómo última instancia, el 28 de julio, se analizan alternativas judiciales ante este nuevo escenario.
“Lo que pasó el viernes no altera el proceso licitatorio”, insiste Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, a Los Andes. El funcionario despeja las dudas de cara a la presentación de ofertas que debe hacerse el 3 de julio y asegura que “no tendría que alterarse la posibilidad de que se presenten ofertas”.
“La decisión de los gobernadores en el Coirco, se impugna o se cuestiona a través de la oposición o del pedido de laudo. Y por otro lado, se pueden evaluar las opciones de alguna cuestión judicial vinculada a lo que tiene que ver con la decisión del Coirco”, explicó el funcionario.
Suárez estudia cuáles son las alternativas posibles. Previo al ‘mitin’ con sus colegas, “se puede hacer un análisis preventivo de alguna cuestión judicial si es necesario, hablando del impacto ambiental”, indicó Ibáñez.
Tras lo sucedido el viernes en la reunión que convocó Eduardo de Pedro, ministro del Interior, y a la que asistieron Suárez y Ziliotto, mientras que Axel Kiciloff (Buenos Aires), Arabela Carreras (Río Negro) y Omar Gutiérrez (Neuquén) lo hicieron en forma virtual, hay mucho análisis. En 15 días, y a pedido del funcionario nacional, volverán a reunirse los 5 para conversar, aunque no en el marco institucional del Consejo de Gobierno.
Hasta el 28 de julio, el Gobierno Nacional tiene tiempo de depositar la cuarta cuota de U$S 18.579 millones y en caso de que esto no suceda, puede activarse la vía judicial que no es otra cosa que ejecutar el acuerdo. Ahora, ante este pedido de nuevo estudio impacto ambiental y con la seguridad ante los avales con los que cuenta Mendoza, entre los que hay un informe de este tipo aprobado por Coirco, se puede abrir una ventana judicial.
El titular de la cartera de Gobierno, consideró “fundamental” la presencia de Suárez el viernes porque “por disposición del estatuto, los gobernadores votan por unanimidad y cuando hay una oposición, hay laudo, pero cuando alguien falta, se considera que vota igual que la mayoría”. Es decir, si el titular del Ejecutivo local no iba, no podría haberse opuesto ni haber pedido el laudo.
“Lo que prevé el estatuto del Coirco es que la vía frente al desacuerdo es el laudo, pero habría que ver, dentro de la decisión que se ha tomado, si hay alguna afectación que habilite un escenario judicial. Hay que analizar todo, la situación completa y los distintos escenarios, entre los cuales no hay que descartar un análisis de escenario de reclamo judicial”, sostuvo el letrado.
En ese sentido, Suárez espera por el depósito de la cuota y el laudo presidencial aunque, Ibáñez aclara que “el acuerdo es para Portezuelo u otras obras, lo permite aplicar a otra obra, pero no está en los planes del Gobierno... Vamos a agotar Portezuelo, estamos seguros de que todo el proceso se cumplió adecuadamente”, aseveró el funcionario.
Aseguró también que los mandatarios provinciales coinciden, incluso La Pampa, en que Portezuelo del Viento se construya.
