El revés que sufrió el gobernador Rodolfo Suárez el viernes, ante sus pares de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, por la construcción de Portezuelo del Viento está bajo revisión política y legal, para ver cuál es el mejor camino a seguir. Ayer mantuvo una reunión con legisladores nacionales del oficialismo, para analizar alternativas.
Además también se habló del cuestionado monto de $1900 millones que recibió Mendoza en concepto de préstamos, muy inferior al que han recibido otras provincias gobernadas por el peronismo.
A pesar del nuevo estudio de impacto ambiental exigido por La Pampa y el pedido de laudo presidencial hecho por Suárez, la decisión de seguir adelante con proceso licitatorio fue respaldada por los legisladores nacionales y el viernes se recibirán las ofertas de los consorcios interesados en construir la represa.
En el encuentro quedó claro que la opción es endurecer la postura en el diferendo, tanto desde lo político como desde lo judicial; alguno de los legisladores sugirió desistir en el pedido a Alberto Fernández de intervenir y saldar las diferencias con las otras provincias y hasta se mencionó la chance de dejar de pertenecer al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
El guiño del Gobierno nacional y el acompañamiento del bonaerense Axel Kiciloff, la rionegrina Arabela Carreras y el neuquino Omar Gutiérrez, le dieron al gobernador pampeano Sergio Ziliotto una vuelta olímpica. Ahora es Mendoza la que analiza las estrategias con tintes de revancha. Prometen que habrá medidas en el Congreso y también judiciales.
Ayer llegaron a Casa de Gobierno Alfredo Cornejo, Luis Petri, Claudia Najul, Jimena Latorre y Omar De Marchi por la Cámara Baja; Pamela Verasay y Julio Cobos por el Senado, además del vicegobernador Mario Abed e integrantes del Gabinete provincial.
En la reunión se habló de los caminos que tiene la provincia para sortear este escollo planteado por La Pampa, teniendo en cuenta que el resultado puede inhibir la presentación de ofertas que se recibirán el viernes.
Las ideas que surgieron son varias. Una fue planteada por el propio Omar De Marchi, que apunta a retirar el pedido de laudo presidencial “porque es someternos a una derrota segura y en alguna medida confirmamos el procedimiento, hay que evaluar por supuesto las consecuencias jurídicas que esto tiene”, explicó ante la consulta de Los Andes.
“El camino es no consentir, ya laudó la Presidencia no importa el nombre y fue en favor de Mendoza, en enero del 2018. Con ese laudo se pudo avanzar en los estudios y el llamado a licitación”, agregó el diputado.
La idea es continuar adelante con Portezuelo por los avales que Suárez ya tiene y hasta que haya una orden de la justicia, no se decida paralizarla. Hasta podría interpretarse que el Consejo de Gobierno del Coirco no sacó una decisión unánime y que el resultado del laudo sea un mandato firme del organismo.
El panorama podría complicarse cuando se realice la adjudicación. Cuando se empiece a hacer la obra, habrá inversiones por parte de la empresa y si judicialmente se decide paralizar los trabajos, Mendoza deberá analizar en qué medida puede responsabilizar a otros por esta situación.
La única chance de ganar en esta instancia es que sea la Corte Suprema de Justicia quien declare que la obra fue “mal trabada” por el Coirco.
El otro interrogante es si la Nación hará el depósito del resarcimiento por la promoción industrial. Algunos expertos en el tema sostienen que, mientras se espera el desembolso de la cuarta cuota que la Nación debe hacer el 28 de julio, poco puede reclamar la provincia sobre los daños que pueda haber sufrido en la reunión del Coirco del viernes pasado.
Quieren exponer la discriminación
Diputados por Mendoza de Juntos por el Cambio, presentaron ayer un pedido de informe para que el Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, responda sobre cómo se instrumenta el reparto de los $60 mil millones en concepto de créditos a las provincias del “Programa para la Emergencia Financiera de las Provincias”.
Federico Zamarbide sustuvo que “Tucumán recibió $6000 millones y tiene menos infectados por COVID que Mendoza” por lo que esta situación “claramente obedece a una discriminación política”. El viernes Suárez firmó un crédito de $1900 millones.
“En épocas de pandemia, con las recaudaciones provinciales desplomadas y sin posibilidad de financiamiento salvo el auxilio nacional, el gobierno de Alberto Fernández intentar ahogar a Mendoza privandola del financiamiento que le corresponde es una acto de irresponsabilidad y de crueldad que debemos condenar todos los mendocinos”, dijo Luis Petri.
Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Omar De Marchi, Federico Zamarbide, Luis Petri y Claudia Najul decidieron exponer esta situación en el Congreso.
