Portezuelo del Viento bien podría parecerse a esas series que tienen temporadas con condimentos que mantienen al espectador atento. Cuando el Gobierno provincial tenía decidido adjudicar la obra con o sin laudo presidencial, el Ministerio del Interior se expresó al respecto y cambió la estrategia mendocina.
Silvina Batakis, secretaria de Provincias y mujer clave en la estructura de Eduardo De Pedro en el Ministerio del Interior indicó días atrás que “hay un estudio de impacto ambiental realizado por Mendoza que ha sido objetado por los gobiernos de La Pampa, Río Negro, Neuquén y Buenos Aires. Se va a realizar otro estudio de impacto ambiental y se avanzará en las negociaciones, pero no será un tema resolución inmediata”. Y con eso dijo mucho más de lo que parece porque el gobernador Rodolfo Suárez viajará mañana a Buenos Aires para acelerar el laudo.
Las declaraciones de Batakis le dieron un giro de último momento al culebrón con Portezuelo del Viento. En la Casa de Gobierno movieron las fichas en un nuevo escenario que es adjudicar una obra a sabiendas de un nuevo impacto ambiental. Ahora manifestado públicamente. “Las declaraciones de Batakis lo cambiaron todo”, le dijo a este medio un funcionario que sigue de cerca la novela hídrica.
Suárez echó mano al estatuto del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) y se amparará en el artículo 29 para apurar la decisión del presidente Alberto Fernández con el laudo presidencial. “El árbitro tendrá treinta días para recabar las Informaciones y antecedentes, y en general, para realizar toda diligencia que considere necesaria para mejor proveer. Vencido dicho término, deberá laudar dentro de los treinta días siguientes, pudiendo ampliar los plazos antes establecidos, dentro de los treinta días siguientes, mediante decisión fundada”, dice textual.
Ya sean hábiles o corridos, los plazos están más que vencidos porque ese laudo presidencial se pidió en junio del año pasado. Una aclaración obvia pero siempre necesaria: Fernández debe decidir si hace caso a un reclamo pampeano ya clausurado por el laudo de Mauricio Macri en su momento.
Suárez defiende a rajatabla la obra y los argumentos, pero también sabe de las responsabilidades de tomar esa decisión que pueden afectar los fondos depositados. “No va a hacer nada que ponga en juego el patrimonio provincial” aseveran desde su entorno.
Hasta el momento, avanzar con la licitación no había tenido riesgos económicos ni jurídicos. Si bien fue ruidosa la oferta del único consorcio que se presentó (la china Sinohydro y las locales Impsa, Ceosa y Obras Andinas), una nueva propuesta está siendo evaluada por la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de Portezuelo del Viento. El dictamen está al caer y luego deberá expresarse otra comisión integrada por funcionarios provinciales.
La apurada en las definiciones
Con un pronto despacho en la mano, Suárez viajará a Buenos Aires para presentarse en la Casa Rosada y dejar en claro que hay que definirse con urgencia. La acción administrativa es para que el presidente Alberto Fernández laude rápidamente y definir la adjudicación de Portezuelo del Viento.
En el Gobierno provincial sostienen que “los plazos para que el mandatario nacional laude ya se cumplieron”. Y por ese motivo Suarez solicitará que “se resuelva el tema dentro de los 30 días, a efectos de tomar una decisión que no ponga en riesgo al patrimonio de la Provincia”.
“Que diga sí o no de una vez. Imaginate si adjudicamos y después de dos años dice que hay que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental”, se horrorizaba de sólo pensarlo un funcionario que sabe y mucho de estos asuntos licitatorios.
Si bien la evaluación de la nueva oferta aun no tiene dictamen de la comisión técnica, todo indica que no habrá traspiés. Y por eso, el Gobernador presentará el pronto despacho, donde manifiesta que “resulta imperioso que el Sr. Presidente defina la situación surgida de la última reunión del Consejo de Gobierno del COIRCO plasmada en el acta Nº 73″.
A través de esta acción, Suárez dejará expreso que en caso de que el Presidente “no tome una decisión en los próximos días, se produciría un grave daño al patrimonio de los mendocinos y las mendocinas, quienes en definitiva son los dueños de los fondos a invertir”.
“Con lo cual este Gobernador no puede tomar una decisión de adjudicación sin tener la certeza de cuál va a ser la voluntad del Sr. Presidente en el laudo impetrado en el acta Nº 73″, indica el comunicado que salió del Poder Ejecutivo.
Para el Gobernador, la responsabilidad a la hora de firmar la adjudicación es un elemento que sopesa demasiado por sobre las ganas de hacer la obra. “Tenemos razón en el reclamo, pero no podemos hacer una locura de adjudicar y poner en juego los fondos provinciales”, insistieron desde una oficina que tiene línea directa con el Cuarto Piso.
