En la tarde de ayer el Gobierno remitió electrónicamente el nuevo pedido de laudo arbitral para resolver el rechazo de Mendoza a una nueva evaluación de impacto ambiental de la obra Portezuelo del Viento. Así, lo que se acordó en la reunión que el gobernador Rodolfo Suárez mantuvo el viernes con los representantes del Frente de Todos-Partido Justicialista, empieza a concretarse.
Tras ese encuentro, el Gobierno provincial confirmaba que haría un nuevo pedido de arbitraje presidencial para que Alberto Fernández se exprese en 30 días hábiles. Si pasado ese tiempo, el jefe de Estado no se pronuncia, o lo hace a favor del estudio de impacto ambiental pedido por La Pampa, Mendoza rediscutirá el destino de los U$S 1.023 millones destinados a Portezuelo.
Ese día Suárez obtuvo una foto potente con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien llegó a Casa de Gobierno acompañada por los diputados nacionales Adolfo Bermejo, Marisa Uceda, Liliana Paponet y Eber Pérez Plaza. También dijeron presente los jefes comunales Martín Aveiro (Tunuyán), Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Roberto Righi (Lavalle) y Fernando Ubieta (La Paz).
Como cualquier demora podría diluir el envión político obtenido de esa cumbre, tres días después, Suárez concretó la gestión acordada, mientras espera que el presidente Fernández otorgue la audiencia que el Gobernador le pidió hace casi un mes.
La controversia con Interior
El antecedente más cercano de esta historia es el 21 de diciembre pasado, cuando Suárez presentó un pedido de pronto despacho para apurar el laudo arbitral que Mendoza había pedido el 26 de junio de 2020. En esa reunión de gobernadores de la cuenca del río Colorado, La Pampa obtuvo el aval para exigir un nuevo impacto ambiental con el apoyo de las otras tres provincias que conforman el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco): Neuquén, Río Negro y Buenos Aires.
Casi un mes después, el 20 de enero, la respuesta de Nación fue un comunicado: “a la fecha, no consta en el ámbito de este Ministerio del Interior o del Consejo de Gobierno del Coirco, presentación alguna por parte de vuestra provincia que dé formal inicio a la instancia de laudo arbitral del Presidente de la Nación”, se lee en la nota firmada por el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.
En el escrito remitido ayer, Suárez responde que, en junio de 2020, se votaron dos cosas. La primera fue el desarchivo de la Resolución Nº 604/19 de la era Macri, en la que se desestimaban los planteos del entonces gobernador pampeano, Carlos Verna, para hacer un nuevo impacto ambiental. Mendoza pierde 3 a 1 esa votación y Suárez señala que el acta 73 de esa reunión dice textualmente que Mendoza “vota en desacuerdo e impugna la resolución del desarchivo e invoca el Capitulo V del Estatuto en cuanto a la solución de diferendos”; es decir pide un primer laudo arbitral.
La segunda votación fue para avalar la propuesta de La Pampa sobre la realización de una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca del Río Colorado. Suárez recuerda que otra vez pierde 3 a 1 y manifiesta que solicitará un segundo laudo. “Se advierte que no puede resolverse este segundo laudo, sin haber resuelto el primer laudo” remarca el Gobernador. “En caso de laudar favorablemente a la Provincia de Mendoza en relación a su primer planteo, quedaría firme el archivo dispuesto por Resolución Nº 604/19 y nada más correspondería discutir”, indica la misiva.
“Reitero al Sr. Presidente del Consejo el pedido de activación del juicio arbitral en relación a lo planteado por la Provincia de Mendoza en el Acta N° 73 y demás presentaciones posteriores”, dice en relación al primer pedido. Luego solicita “que se disponga la inmediata remisión de todas las actuaciones al Presidente de la Nación para que, en su carácter de árbitro, emita el laudo pertinente en el plazo de treinta días. Es necesario que el Sr. Presidente de la Nación, se avoque de inmediato a la resolución del conflicto, sin más trámite, pues es su decisión la que en definitiva puede clarificar el curso a seguir, solicitando desde ya que resuelva sobre el fondo de las cuestiones en conflicto, a efectos de poder disponer el inicio de las obras”.
Para La Pampa, los plazos están vencidos
“Están vencidos todos los plazos.” dice el secretario de Recursos Hídricos de la vecina provincia, Néstor Lastiri. “El 26 de junio de 2020 fue la votación del Consejo de Gobierno del Coirco. Ahí, a propuesta del gobernador Ziliotto, aprobaron la moción de hacer los estudios de impacto ambiental en toda la cuenca y apoyaron Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. Posteriormente se hizo una reunión convocada por el Ministerio del Interior para conformar una comisión que redactaría los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental. Ese procedimiento no ha sido objetado. Estamos por cumplir dos años de esa reunión de 2020″, explica Lastiri.
En el estatuto del Coirco y en el reglamento interno nunca se menciona un plazo límite para hacer la presentación de una controversia, aunque si pone plazos para la resolución de los planteos.
En el artículo 26 del estatuto se indica que “a pedido de cualquiera de las partes en desacuerdo, deberá llamar a juicio arbitral en el término de quince días” y luego establece que dentro de los 30 días de instado el procedimiento arbitral, el Consejo de Gobierno del Coirco (conformado por los gobernadores de las cuatro provincias de la cuenca del río y el ministro del Interior) elevará obligatoriamente los antecedentes al Presidente de la Nación (artículo 28), quien “tendrá 30 días para recabar las Informaciones y antecedentes” y “deberá laudar dentro de los treinta días siguientes, pudiendo ampliar los plazos antes establecidos, dentro de los treinta días siguientes”.
En el artículo 27 del reglamento interno se prescribe que las diferencias entre provincias, “deberán ser resueltas dentro de un plazo máximo de 60 días por el Consejo de Gobierno, el que podrá prorrogarlo por única vez por otros 30 días”.
