Portezuelo del Viento es el mayor dilema para el gobernador Rodolfo Suárez. El mandatario ayer confirmó que la semana que viene tendrá una reunión virtual con los gobernadores de las provincias bañadas por las aguas del Río Colorado (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires), y que ofrecerá la administración conjunta del embalse, no de la generación eléctrica, con la esperanza de destrabar el avance de la obra.
La fecha y hora de la cumbre en teleconferencia no están definidas, pero sería miércoles o jueves.
Las cinco provincias (contando Mendoza) son parte del Comité Interjurisdiccional de Río Colorado (Coirco). El dique Portezuelo del Viento está ubicado sobre el Río Grande de Malargüe, que es uno de los afluentes del Colorado. Por ello es que el resto de las provincias que conforman el Coirco tienen injerencia en la realización de la obra y juntas jugaron una carta en contra días antes de que se conocieran las propuestas de los consorcios de empresas que pretendían hacer la megaobra.
La carta que jugaron fue el impacto ambiental de la represa. Según La Pampa no se estudió para toda la cuenca del río; Mendoza dice que ese estudio existe, lo realizaron las universidades de el Litoral y La Plata y ya fue aprobado 4 a 1, con el único voto en contra de La Pampa, cuando el gobierno nacional lo conducía Mauricio Macri.
Ahora los vientos cambiaron. La chequera nacional la firma Alberto Fernández y las otras provincias no tienen por qué pelearse con La Pampa por una obra en Mendoza; salvo Neuquén (gobernada por el Movimiento Popular Neuquino), las otras jurisdicciones son administradas por el PJ. Y en La Pampa, cualquier cosa que venga de nuestra provincia es mala palabra, porque entienden que con los diques Nihuil y Valle Grande, se les robó el Río Atuel.
Además, nadie se atreve a asegurar que la decisión de desarchivar el pedido de un nuevo impacto ambiental que fue rechazado el año pasado es parte de una avanzada para perjudicar a Mendoza, pero el dato de la realidad es que nuestra provincia viene siendo castigada a la hora de distribuir plata comparado con lo que reciben otras provincias gobernadas por el PJ. Se trata de recursos otorgados por la Nación en concepto de asistencia financiera por la caída de la recaudación que provocó la cuarentena. Portezuelo sería otro cachetazo para la única provincia considerada “grande” gobernada por el radicalismo.
Ayer, cuando Suárez anunció su plan para reactivar la economía, fue consultado por la relación con la Nación. Y la respuesta del Gobernador fue prudente, dijo “no creo que haya una animosidad hacia Mendoza deliberada. Más allá de que puede haber preferencias hacia otras provincias”, pero a renglón siguiente manifestó: “si nosotros vemos los datos de la realidad, obviamente, que Mendoza está siendo perjudicada”.
Luego mencionó como ejemplo a Tucumán, gobernada por el exministro de Salud de Cristina Kirchner, Juan Manzur, quien recibió un préstamo blando de 6.000 millones de pesos, mientras que Mendoza recibió 1.900 millones en el mismo concepto para cubrir los baches financieros que deja el parate económico.
El índice de Coparticipación de Tucumán es 4,6% del total a repartir, el de Mendoza 4,1%; Tucumán tiene una población estimada en 1,6 millones de habitantes, mientras que Mendoza tiene 1,9 millones; la superficie de la provincia del norte es de 22.500 kilómetros cuadrados y la de Mendoza es 148 mil kilómetros cuadrados; si se toma la cantidad de casos de Covid-19, Tucumán suma 85 y Mendoza 222. ¿Cuál es el criterio para darle más del triple en asistencia financiera?
Comparando con una provincia del Coirco, Neuquén tiene 664 mi habitante, un índice de coparticipación de 1,8%, 612 casos de Covid-19 y recibió 5.000 millones de pesos,
Pero Suárez mantiene la esperanza de destrabar el conflicto por Portezuelo cediendo algo que La Pampa viene reclamando: la administración del embalse al Coirco para que no falte recurso hídrico aguas abajo, el gran temor que agitan desde la vecina provincia gobernada por Sergio Ziliotto.
Esa será la propuesta que pondrá sobre la mesa el Gobernador de Mendoza ante sus pares de Buenos Aires (Axel Kicillof), Río Negro (Arabella Carreras), Neuquén (Omar Gutiérrez) y La Pampa (Ziliotto).
Piden U$S60 millones para Aysam
Una fuerza aliada del radicalismo en Cambia Mendoza, el Partido Demócrata Progresista, salieron a denunciar otra discriminación a Mendoza. Aseguran que la empresa Agua y Saneamiento SA (AYSA), la proveedora del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), recibió de la Nación 24.000 millones de pesos en subsidios.
En un comunicado PDP indica que “teniendo en cuenta que AYSA sirve a 3.350.000 usuarios, representa un subsidio individual de 120 dólares por conexión”; sacando la cuenta por los 500 mil usuarios de Mendoza, Aysam debería recibir 60 millones de dólares.
La empresa de aguas y saneamiento de AMBA es administrada por Malena Galmarini, la esposa del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa, aliado del presidente Alberto Fernández.
“Mendoza debe alzar su voz reclamando contra esta desigualdad y hacerlo en conjunto con las otras provincias que tienen el mismo derecho, los restantes 22 estados provinciales, excepto CABA y Provincia de Buenos Aires que son las únicas beneficiarias de esta arbitraria política nacional” dice el comunicado que firman la diputada provincial Josefina Canle y el ex titular de Aysam Richard Battagion, entre otros dirigentes del PDP.
