El arco político chocó puños en la Casa de Gobierno por Portezuelo del Viento. El gobernador Rodolfo Suárez recibió a legisladores nacionales e intendentes del PJ y acordaron insistir con el laudo presidencial. Incluso, podrían ir juntos a la audiencia pedida a la Casa Rosada.
Suárez confirmó que hará un nuevo pedido de arbitraje presidencial para que Alberto Fernández se exprese en 30 días hábiles. Si pasado ese tiempo, el Jefe de Estado no se pronuncia, o lo hace a favor del estudio de impacto ambiental pedido por La Pampa, Mendoza rediscutirá el destino de los U$S 1.023 millones que terminarán de depositarse en octubre del 2024.
La obra Portezuelo del Viento volvió a convocar a peronistas y radicales en la Casa de Gobierno. Ya había sucedido lo mismo el 12 de junio del 2020, aunque sólo legisladores nacionales de ambos partidos, días antes de aquella reunión con el resto de los gobernadores que apoyaron, menos Suárez, hacer un nuevo estudio de impacto ambiental.
En La Pampa, Fernández había manifestado: “No quiero financiar una obra que está cuestionada por 4 de las 5 provincias por donde pasa el río Atuel” (sic)”. La ola de críticas no tardó en llegar, recordando que los fondos corresponden al perjuicio que sufrió Mendoza en tiempos de la promoción industrial. Además, que el río no es el Atuel, sino el Colorado.
Eso motivó el cónclave y ahora es el propio Jefe de Estado quien vuelve a tener protagonismo. Le piden que hable, pero a favor de Mendoza y a través del laudo presidencial. Una sola cara se repite, la de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Llegó acompañada por los diputados nacionales Adolfo Bermejo, Marisa Uceda Liliana Paponet y Eber Pérez Plaza. También dijeron presente los jefes comunales Martín Aveiro (Tunuyán), Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Roberto Righi (Lavalle) y Fernando Ubieta (La Paz). La oposición fue recibida por Suárez, junto al vicegobernador Mario Abed y el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.
Un nuevo pedido
Con las posturas alineadas en favor de la realización de la obra, el gobernador Rodolfo Suárez confirmó que volverá a la carga por el arbitraje. “Ante la falta de respuesta del anterior pedido de laudo, en la reunión con los representantes del PJ, resolvimos presentar uno nuevo y comprometieron su acompañamiento”, expresó el mandatario por Twitter.
Aquel 26 de junio del 2020, en la reunión del Consejo de Gobierno del Comité Interjuridiccional del Río Colorado (que preside el ministro del Interior, en este caso Eduardo De Pedro) fue Sergio Ziliotto (La Pampa) el que pidió un nuevo estudio de impacto ambiental. Contó con el apoyo de Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro) y Axel Kiciloff (Buenos Aires) y el rechazo de Rodolfo Suárez.
Echó mano al estatuto del Coirco para hacer uso del laudo presidencial, dado que en el Consejo de Gobierno debe haber unanimidad para aprobar los temas. La constancia es el Acta 73 y allí se abren dos interpretaciones que se manifestaron esta mañana. El Gobierno sostiene que la expresión “manifiesta que solicitará se active el mecanismo de solución de controversias previstos en el Capítulo V del Estatuto para todos aquellos puntos en los cuales no hubo un acuerdo” fue suficiente para que la solicitud sea efectiva. En el peronismo, puntualmente Anabel Fernández Sagasti sostuvo que “no, no está pedido”.
Igualmente, la senadora nacional resaltó que se llegó a la síntesis de que independientemente del acto administrativo “lo importante es que se llegue a la resolución del conflicto para que la obra pueda comenzar”. Eso sí, dejó en claro que “vemos que tiene que haber más insistencia en el diálogo con las otras provincias y la Nación”.
Desde el Gobierno confirmaron que en la solicitud del laudo presidencial, también se hablará de tiempos: 30 días hábiles. Si bien no hay precisiones sobre cuándo ingresará el escrito, será en los próximos días. Estará dirigido al presidente del Consejo de Gobierno del Coirco, que es el ministro del Interior Eduardo de Pedro. Llevará la rúbrica del gobernador Rodolfo Suárez y del ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia Víctor Ibáñez.
El detalle del tiempo no parece ser menor, porque de acuerdo a los plazos administrativos que constan en la reglamentación del Coirco, un nuevo laudo podría tardar hasta 6 meses si en Nación se toman todos los días previstos. “Es un tiempo prudencial”, destacan en el Poder Ejecutivo sobre el contenido que tendrá el escrito.
En el oficialismo entienden que el tema del laudo es una cuestión meramente política, y que no hay mucho más que estudiar porque abundan documentos y antecedentes de lo que implica construir una mega represa de ese tipo en Malargüe para generar energía eléctrica.
La oposición acompañará y podría ir a la audiencia con Fernández
Desde el peronismo resaltaron que el Gobierno tiene el apoyo de la oposición para avanzar con la obra. “Acá no se trata de peronismo y radicalismo, acá se trata de los intereses de la provincia de Mendoza. Nosotros podemos opinar, dar consejo, poner a disposición equipos técnicos pero el que conduce la estrategia es el gobernador de la provincia””, indicó Fernández Sagasti al salir de la reunión.
La sanrafaelina Liliana Paponet entiende que “si la decisión política que tiene el gobernador es hacer la obra la debería adjudicar, sería conveniente”. No obstante, descartó la posibilidad de realizar otras obras en lugar de la presa. “El dinero es para Portezuelo, el plan A es Portezuelo del Viento. La intención es defender los intereses de Mendoza. De ser necesario vamos a acompañar en todo lo que se requiera para que se realice la obra”, concluyó.
El intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, coincidió con Paponet. Antes de ingresar a la Casa de Gobierno resaltó que “licitaron sin laudo, tomaron los riesgos así, sino hay otras posibilidades que se pueden hacer”.
Uno de los temas que involucran a la obra es la audiencia que Suárez le pidió a Fernández. A la espera de una fecha, no se descarta que vayan representantes de ambos partidos a la Casa Rosada. “Si nos invitan, por supuesto vamos a estar apoyando a los mendocinos y mendocinas”, dijo Fernández Sagasti.
Otra posibilidad es la de interceder entre peronismo local y nacional por el laudo. Y la presidenta del PJ no se negó: “Es una de las posibilidades que estuvimos hablando, pero si el gobernador lo pide estaremos a disposición para interceder ante quien sea para que la obra se empiece lo antes posible”. Desde el Gobierno indicaron que pidieron gestiones para apurar la fecha de la audiencia.
El día después del plazo
Se le pedirá que resuelva en 30 días hábiles, y si eso no sucede, Mendoza mirará para adentro y empezará a discutir qué hacer con los U$S 1.023 millones. La única respuesta que hará adjudicar la obra, hoy con un solo oferente como es el consorcio Malal Hue (integrada por la firma china Sinohydro Corporation, y las locales IMPSA, CEOSA y Obras Andinas) será un laudo a favor de Mendoza. Es decir, que Fernández exprese que no es necesario un estudio de impacto ambiental nuevo, que fue lo resuelto por Mauricio Macri.
En las posibilidades, entonces, quedan dos: que laude a favor del reclamo pampeano o bien, que no se exprese pasados los días que pondrá como plazo el Gobierno. Y ahí la discusión será otra: ¿qué hacer con los fondos?
Suárez lo había anticipado en el acto de inicio del ciclo lectivo, a principios de mes. Explicó que tiene pensado hacer una amplia convocatoria para resolver el destino de los recursos. “A la academia, a los partidos políticos, a los intendentes, a los técnicos, a quienes puedan aportar para ver qué hacemos con esta plata para que Mendoza en los próximo 30 años tenga un crecimiento real”, aclaró.
En este mapa de voces a consultar no hay que excluir al Consejo Económico, Ambiental y Social (Ceas) que cuenta con más de 80 representantes de distintos sectores. Es muy prematuro pensar el formato de ese debate, porque podrían incluirse más opiniones, pero es una vía concreta para debatir el tema. Desde mediados del año pasado evalúa iniciativas que fueron ingresando, pero aun no aprueba ningún proyecto.
Además, el órgano consultivo no vinculante ya tiene entre sus propuestas un Master Plan para la gestión del recurso hídrico. Nadie lo dirá abiertamente, pero más de un intendente ve con buenos ojos poder arañar alguna obra de ese tipo para su comuna, sobre todo mirando el 2023.
El Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico se nutre de las obras planificadas por el Departamento General de Irrigación que contiene 23 proyectos, algunos muy avanzados. El costo total es de U$S 230.577.000 que ya los tiene el fideicomiso creado para cobrar las cuotas que envía Nación trimestralmente.
Un cara a cara después de 8 meses
El gobernador Rodolfo Suárez y la principal líder de la oposición, Anabel Fernández Sagasti, volvieron a verse públicamente después del acto de capitalización de Impsa que trajo a Alberto Fernández a Mendoza.
El 3 de junio del año pasado, el Presidente visitó Mendoza y luego de la recorrida por la planta además de los discursos de rigor, se trasladó al vacunatorio del PAMI en la Ciudad de Mendoza. En la visita también estuvo el intendente capitalino Ulpiano Suárez.
“Siempre pedimos diálogo político y que se escuchen las inquietudes que tienen la oposición. Esperemos que esto no sea esporádico”, comentó la senadora nacional.
