Un diputado nacional pampeano abrió dudas respecto a la capitalización de Impsa por parte del Estado Nacional, y la participación de la empresa en la licitación de Portezuelo del Viento.
Concretamente el legislador Martín Berhongaray (UCR-La Pampa) fue quien presentó un proyecto al Congreso solicitando en primer lugar al Gobierno que informe “cuáles son las medidas adoptadas para garantizar la imparcialidad del Poder Ejecutivo para resolver sobre las condiciones ambientales indispensables para la adjudicación de la obra hidroeléctrica de Portezuelo del Viento” al único oferente, que es la UTE Sinohydro Corporation, Impsa, Ceosa y Obras Andinas; respecto de la cual el Estado integra en condición de accionista mayoritario de Impsa.
Además, advirtió que se debería al menos considerar la posibilidad de determinar el retiro de Impsa del consorcio oferente de Portezuelo del Viento, “a fin de mantener la imparcialidad necesaria al Poder Ejecutivo para arbitrar eventuales conflictos interprovinciales”.
Berhongaray consideró que Mendoza, como consecuencia del papel asumido en la empresa, “ha pasado a ser, de modo simultáneo con la calidad de controlante de la obra hidráulica, parte del consorcio controlado,si ésta finalmente se materializa”.
El legislador también consultó a la Nación si también “ha tomado conocimiento de las presunciones planteadas acerca de la existencia de sobreprecios en la oferta económica relacionada con la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, y si ha adoptado providencias acerca de esa situación”.
Berhongaray afirmó que “es sabido que con la adquisición 63,7% del capital accionario de IMPSA, en sociedad con la provincia de Mendoza, que ha adquirido 21,2%, el Estado Nacional se ha transformado en integrante del consorcio adjudicatario, pues es el único oferente, de la licitación de la represa hidroeléctrica multipropósito de Portezuelo del Viento”.
Agregó: “Así ha perdido la imparcialidad para decidir la realización final de esa obra incluso, para definir la realización de un estudio integral de impacto ambiental, requerido por cuatro de las cinco provincias ribereñas de ese sistema”.
“La anterior administración –a la cual la provincia de La Pampa dirigió un pedido de arbitraje presidencial- había archivado ese pedido, resolución que fue dejada sin efecto por la actual administración, que dispuso la discusión de ese impacto en el ámbito del Consejo de Gobierno del Comité de Cuenca del Río Colorado, que preside el Ministro del Interior, y en esa discusión se resolvió el estudio aludido”, explicó.
Remarcó que “su nueva condición de socio mayoritario –en sociedad con la única provincia interesada en la represa, que además se opone a la realización del mencionado estudio- de una empresa que integra el consorcio presumiblemente adjudicatario confiere al Estado Nacional, interés patrimonial directo en la ejecución del emprendimiento. Por añadidura, el origen de los fondos con que la provincia de Mendoza paga la parte de contado de esa adquisición es un Adelanto del Estado Nacional (ATN)”.
“En tales condiciones, no es razonable presumir que la protección ambiental requerida sea defendida adecuadamente por las autoridades nacionales bajo cuya responsabilidad se encuentra esa defensa”, explicó Berhongaray.
Señaló que “el Poder Ejecutivo debe requerir información para determinar si la decisión de capitalizar a la empresa mencionada, y apoyar financieramente a Mendoza para que haga otro tanto, con el propósito de mantener activa una industria estratégica en materia tecnológica, tuvo en cuenta la condición de virtual adjudicatario de la obra antes referida, y la eventual colisión con el carácter de garante de la protección ambiental que la Constitución le asigna”.
También agregó que “el consorcio oferente integrado por IMPSA está envuelto en estas semanas en un conjunto de interrogantes planteados por la prensa especializada, resultante de los por demás elevados precios que ostentan sus propuestas económicas presentadas en el marco del proceso licitatorio de la obra, los que superarían holgadamente el presupuesto oficial de ésta”.
“Esa situación habría sido advertida por las autoridades de Mendoza, la que requirió formalmente al oferente una mejora de la oferta, y estableció asimismo que ésa deberá contener un análisis o fundamentación pormenorizada de la nueva propuesta”, concluyó el legislador pampeano.
