La obra de Portezuelo del Viento está en una encrucijada desde hace varias semanas, y crece la tensión a la espera que se cumpla el plazo del viernes, en el cual el presidente Alberto Fernández debería responder el pedido de “pronto despacho” que presentó el gobernador Rodolfo Suárez en Casa Rosada, para conocer el resultado del laudo con el cual se sabrá si se debe o no hacer más análisis de Impacto Ambiental de la presa que se ubicaría sobre el río Grande.
En el Gobierno son escépticos respecto a una eventual respuesta de Fernández. De hecho, creen que el Presidente no responderá ni tomará una decisión al respecto. Conocedores del tema Portezuelo y que tienen un rol importante en la toma de decisiones, así como también los recovecos judiciales y constitucionales, señalan que de no haber decisión, es “considerar que le está diciendo que no a Mendoza en el laudo”. Pero claramente hay acciones que son más políticas que técnicas de acuerdo al futuro de la obra y de las opciones de Mendoza.
Ahora bien, desde Gobernación aseguraron a Los Andes que más allá de que pase la fecha de pronto despacho, no habrá ninguna decisión de fuste en el Poder Ejecutivo hasta que Suárez vuelva de su licencia por vacaciones.
Lo cierto es que a partir del viernes se abrirán caminos de acuerdo a cuáles serán los próximos pasos, y las opciones que tiene el Gobernador en sus manos, mientras día a día aparecen cada vez más opiniones de sectores políticos y empresariales sobre qué hacer con los U$S 1.023 millones, tanto a favor como en contra.
En este sentido, Mendoza tiene tres claras opciones: seguir esperando y avanzando con la obra Portezuelo del Viento, con un proceso que está cercano a la adjudicación (en la provincia sostienen que necesitan sí o sí el laudo positivo de Fernández para evitar posibles conflictos judiciales); hacer uso de la Cláusula Tercera del acuerdo por la obra firmado en 2019 entre los ex mandatarios Alfredo Cornejo y Mauricio Macri, y realizar “otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”; o negociar una adenda en términos políticos entre Mendoza y Nación de ese convenio y ampliar el horizonte de inversiones, cambiando el objeto de los U$S 1.023 millones.
Este último punto es el que está más lejos de ser tomado por el oficialismo, teniendo en cuenta que entre Mendoza y Nación hay más diferencias que puntos de acuerdo.
Por parte del Gobierno Nacional, no hay detalles de lo que podría ocurrir de acá al viernes, señaló una fuente de ese ámbito ante la consulta de Los Andes. No obstante, en el radicalismo mendocino indican que no hay casi probabilidades que Fernández se exprese pero que, de todos modos, “está la chance de que el Presidente pueda sorprender. La última vez el kirchnerismo desarchivó el pedido de La Pampa por un nuevo estudio de Impacto Ambiental, y fue una sorpresa negativa”, recordaron con amargura.
El futuro
En caso de que no haya laudo de Fernández y Suárez decidiera dar marcha atrás a la obra, se abrirá el nuevo capítulo de qué hacer con el dinero. Para ello hay que remitirse al acuerdo nombrado anteriormente entre Macri y Cornejo, en el que el se negociaron en vez de U$S 300 millones -que era el valor con el que se calculaba la obra a secas - a los conocidos U$S 1.023 millones del aprovechamiento multipropósito, y en el que se incluyó la construcción de dos rutas, la relocalización de Las Loicas y la línea de Alta Tensión hasta el sistema interconectado nacional.
En ese acuerdo está la Cláusula Tercera, que establece que el fideicomiso en el que hoy están siendo transferidas las letras (recursos) sería constituido “a los fines de la ejecución de la Obra y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial”.
Aquí hay algunas interpretaciones y variantes que tiene el Gobierno, que es destinarlo a esas obras hídricas que puedan ayudar al desarrollo de generación hidroeléctrica o, si quisiera ampliarse el destino, negociar con Nación.
Hay un sector del radicalismo, y que el Gobierno mira con detenimiento, que apoya una alternativa ya contada por Los Andes (en su edición del 9 de enero de este año) que está en la comisión de Agua y Saneamiento que integra el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS), con un plan que contiene obras de Irrigación y de Aguas Mendocinas (Aysam).
Ese paquete de un ambicioso Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico tiene más de 20 obras, y se estima que, sumando los que ya tienen un proyecto ejecutivo, como los que aún están en estudio, podrían costar unos U$S 2.000 millones, por lo que sólo con lo que Mendoza debe recibir de resarcimiento por los perjuicios de la Promoción Industrial, podría alcanzar a por lo menos la mitad de ello.
El punto clave es que para no tener que negociar nuevamente con Nación, las obras prevén como objetivo eficientizar el sistema hídrico para generar más energía eléctrica. De hecho, por dar algunos ejemplos, las obras de los encauces del canal Cacique Guaymallén o el canal Pescara, tienen pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, que más allá de generar energía, cumplirían el objeto de la inversión de recursos.
“Las obras buscan eficientizar el uso del agua, y por ende todo termina en un mejor aprovechamiento del recurso, que luego incrementará la cantidad de energía hidroeléctrica”, argumentan -en lo que es una interpretación más amplia- para no salirse de lo establecido en el acuerdo.
Por ahora no se vislumbra que Mendoza se pueda arriesgar a realizar otro tipo de obras que pueda poner en jaque el convenio. Letrados consultados indicaron que si se incumple el convenio sin ningún tipo de adenda o negociación, podría recaer no sólo en que Nación deje de pagar el resarcimiento que debe, sino también en poder “ejecutar” lo que haya gastado en otros fines.
No obstante, en el oficialismo analizan que si Presidencia hoy no está dispuesto a laudar, o a retroceder en sus decisiones, “poco sentido tendría no dar una posibilidad que se pueda hacer un plan de obras más amplio”.
“Seamos claros y rápidos. Están los estudios necesarios para Portezuelo. Si fuera un ‘no’, ¿qué sentido tendría no dar a la provincia una ampliación o mayor claridad a los alcances del convenio?”, se preguntan.
