La transferencia de los activos de Potasio Río Colorado a la Provincia logró media sanción en la Cámara de Diputados. La votación se dio en medio de un ambiente tenso, aunque no llegó a asemejarse a lo vivido el martes en el Senado.
El oficialismo sacó el proyecto con votos propios, menos el del sancarlino Jorge Difonso, y el Senado lo convertiría en ley en la primera semana de enero, o en una sesión especial la próxima semana. Hubo fuertes críticas a las cláusulas de confidencialidad y hay dudas sobre la rentabilidad del emprendimiento. Además, volvieron a cargar las tintas contra el ministro de Seguridad, Raúl Levrino y el Jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives.
“Potasio es un clavo y la Provincia ha hecho las veces de tenaza para sacar ese clavo”, sintetizó el sancarlino Difonso en diálogo con Los Andes. En un extenso recorrido por la vida de la mina malargüina, planteó su desacuerdo con las cláusulas confidenciales que exigió la empresa brasileña Vale.
“Vale es una muestra de que ha habido un fracaso de un proyecto minero en donde nada tiene que ver la (ley) 7722. A lo largo de los años fueron generando expectativas e ilusiones para terminar en nada. La simple cuenta matemática en donde le costó a Vale comprarle la mina a los angloaustralianos de Río Tinto en más de 700 millones (de dólares) y entregarla como la están entregando, a cambio de la indemnidad de la firma…Esto a la larga le va a salir muy caro a Mendoza”.
La demócrata Mercedes Llano, que supo ser una aliada incómoda para el oficialismo, despotricó duramente contra el proyecto que pedía avalar el acuerdo y puntualizó en la auditoría. “No tuvimos acceso a esa información, esto requiere de más tiempo porque están en juego muchas cosas que les van a salir caro a los mendocinos”, sostuvo. Además, aseguró que como jefa de bloque no fue invitada formalmente al viaje que realizó una comitiva oficialista hacia la mina. La información que solicitó la diputada fue enviada a la Cámara de Diputados ayer en la mañana.
“Sin tener acceso a la auditoria no vamos a poder tener certeza si los pasivos son menores a los activos que nos están transfiriendo, no podemos definir si es conveniente o no. Se la pedimos a (Enrique) Vaquié en la comisión y en la labor lo volví a pedir y no la enviaron. No hay urgencia en el tratamiento, no somos partidario de este manejo expres”, indicó.
El Frente de Todos-Partido Justicialista se obstuvo “para no entorpecer el tratamiento” pero insistió en la citación de los funcionarios de Seguridad, expediente que no logró los votos necesarios. Sí se aprobaron pedidos de informe que serán respondidos por escrito. “El amiguismo por parte del Gobernador de cubrir a estos funcionarios y esconderlos frente al pedido de interpelación que está formulando todo el eje de la oposición es algo vergonzozo”, expresó Germán Gómez, jefe del bloque en la Cámara Baja.
El sanrafaelino coincidió con Llano en el impedimento de acceso a la auditoría y agregó que “podía tratarse en otro momento, falta información y por eso nos abstuvimos, pero con la firme convicción de lograr, porque es un tema prioritario, de que vengan a dar explicaciones”.
