No fue una pipa de la paz, pero sí una baja de tensión importante. Luego de una previa muy dinamitada, el peronismo dio los votos de los dos tercios necesarios para tratar la ley de Potasio Río Colorado.
Al momento de votar se abstuvieron, pero sonrieron con la convocatoria para febrero de la Comisión Bicameral de Seguridad, que no estaba funcionando desde hace un tiempo. Y es allí donde se trasladará la discusión, a partir del 4 de febrero, por la citación de los funcionarios de Seguridad que se reclamaban y que no tuvieron asidero. Es que el acuerdo entre radicales y peronistas en la Legislatura se fue por la borda luego del femicidio de Florencia Romano. La oposición reclamaba explicaciones a funcionarios de Seguridad en la Legislatura, cosa que no ocurrió y como respuesta, decidieron no tratar más temas en el recinto.
Luego de la media sanción en Diputados, el vicegobernador Mario Abed y Lucas Ilardo, el jefe de bloque de senadores justicialistas, empezaron a charlar el lunes, después de la reunión de Labor Parlamentaria. Así fue que la Comisión Bicameral de Seguridad fue la salida para descomprimir una situación que se tensaba en la Legislatura.
El proyecto de ley no tenía estado parlamentario en el Senado, es decir ingreso formal, por lo tanto era necesaria la voluntad del Frente de Todos-Partido Justicialista para aprobarla ayer, cosa que terminó sucediendo luego de llegar a los dos tercios y tratar el expediente sobre tablas.
En el oficialismo había tranquilidad en ese aspecto porque tenían los votos y quórum reglamentario para sacarlo, como lo hizo la Cámara de Diputados, aunque fuera el año que viene. “Si no, se iba a sesionar el 5 de enero, ahora con la virtualidad se pueden conectar estando de vacaciones en la playa”, ironizó un legislador desdramatizando el trabajo en los primeros días estivales.
Sobre la mesa se pusieron varias cartas y la razonabilidad terminó inclinando la balanza más hacia el acuerdo. La comisión tenía miembros designados pero no había tenido convocatoria para empezar a funcionar.
Con esa llave, en el recinto y más allá de las chicanas y cruces típicos, la iniciativa ratificó el decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suárez que aprueba el convenio firmado entre el Gobierno provincial y la empresa brasileña Vale para el traspaso de los activos de Potasio Río Colorado.
El traspaso implica que la Provincia se haga de los activos tangibles e intangibles que tuvo Vale, cuya cotización es de 30 millones de dólares y le permitirá administrar la mina sin tener que erogar fondos propios por al menos 5 años, mientras se busca inversor para reactivar el proyecto en Malargüe. La empresa recibe inmunidad por parte del Gobierno algo que se detalló en el contrato firmado como pueden ser la existencia de procesos y reclamos que no hayan sido ocultados ni sea información falsa.
La convocatoria prevista para el 4 de febrero permitirá tratar pedidos de informes y en el peronismo ya avisan que pedirán las explicaciones al Jefe de la Policía de Mendoza, Roberto Munives y al ministro de Seguridad, Raúl Levrino. Se debe a que la llamada al 911 que quizás hubiera salvado la vida de la joven de 14 años, fue cortada por una operaria. Y la cartografía supuestamente no actualizada, enardeció a la oposición que disparó durísimo contra la gestión de Suárez.
Partido “de ida y vuelta”
Todo iba sobre rieles, de hecho representantes del Frente de Todos-Partido Justicialista habían participado del plenario de comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Economía de la Cámara de Diputados. La reunión fue vía ZOOM el viernes 18 de diciembre, un día después de que se confirmara el femicidio de Florencia Romano.
Germán Gómez, el jefe de bloque peronista en la Cámara Baja propuso conformar una Mesa de Trabajo para despejar todas aquellas dudas técnicas que pudieran surgir en el proceso de estudio por parte de los legisladores. Se había organizado un viaje a la mina en Malargüe de la que fue una comitiva oficialista, porque la oposición se bajó de la excursión mientras se crispaba la relación con Cambia Mendoza. En el órgano que conduce Andrés Lombardi no cambiaron una sola coma de lo pautado y avanzaron de igual manera ante las críticas opositoras . De esa manera, el partido “de vuelta” en el Senado terminó saliendo favorable a un fin de año sin sobresaltos legislativos.
Legislatura: citarán a funcionarios por el caso Florencia
La Comisión Bicameral de Seguridad permanente debe funcionar en el ámbito de la Legislatura provincial cuyo objetivo es fiscalizar y controlar el sistema provincial de Seguridad Pública. La misión es supervisar y controlar a los organismos que ejecutan y desarrollan políticas de Seguridad Pública en la provincia.
La presidencia recaerá en un representante del partido de la oposición (PJ) y se alterna un año en la Cámara de Diputados y el otro, en la de Senadores. Sin embargo, desde abril del 2019 dejó de funcionar cuando la comandaba el diputado Daniel Rueda. El 4 de febrero, a las 11, retomará las actividades mientras se decide quién estará a cargo de la presidencia. Igualmente, desde ambas cámaras ya tenían designados a sus integrantes. Por la Cámara Baja estarán José Orts (UCR), Álvaro Martínez (PRO), Josefina Canale (PD Progresista), Néstor Márquez (PJ), Mauricio Torres (Frente Renovador –Unión Popular), Guillermo Mosso (PD), Mario Vadillo (Protectora Línea Fundadora), Eduardo Martínez (PI), Pablo Cairo (Protectora) y José María Videla Sáenz (Frente Renovador).Por el Senado, son: Rafael Moyano (PJ), Mauricio Sat (PJ), Diego Costarelli (UCR), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Héctor Bonarrico (Más FE), Rolando Baldasso (PRO) Daniel Galdeano (PI). Moyano, quien tiene chances de presidir la comisión, resaltó que “es oportuno que se haya tomado esta decisión”. Y que la primera medida que se tomará será la de convocar al Ministro de Seguridad y al Jefe de Policías para que den cuentas sobre lo actuado en el caso de Florencia Romano.
