El Gobierno nacional continúa apostando a garantizar el cumplimiento del programa Precios Congelados. Este viernes convocó a gobernadores e intendentes de todos las provincias y municipios del país a sumarse a la fiscalización y el control de más de 1.400 productos de consumo masivo, cuyos valores se estableció que permanezcan sin variaciones hasta el 7 de enero de 2022. En Mendoza, mientras la mayoría de los municipios analizan su adhesión, algunas comunas peronistas ya adelantaron que realizarán acciones según la disposición de Nación.
A través del decreto 745/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández invitó a sumarse a todos los intendentes del país a “realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 1.050 del 19 de octubre de 2021 de la Secretaría de Comercio Interior”.
La norma detalla que, para el cumplimiento de estos controles, las autoridades municipales se ajustarán al procedimiento y las acciones previstas en los artículos 10 y 12 de la Ley 20.680 de Abastecimiento, mientras que el juzgamiento de las infracciones corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior de la Nación.
Precisamente, en el artículo 10 de la Ley de Abastecimiento se establece como procedimiento, el labrado de un acta de infracción, la admisión de pruebas y la resolución del hecho. A su vez, el artículo 12 indica que los funcionarios podrán “requerir el auxilio de la fuerza pública”; “inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento, locales industriales, comerciales, establecimientos de producción, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto infractor”; entre otras acciones.
El decreto presidencial convoca también a gobernadores a realizar el control y juzgamiento de las disposiciones enmarcadas en el congelamiento de precios y los invita a coordinar estas acciones con los intendentes, conforme las normativas provinciales y municipales.
Sin embargo, la medida nacional es resistida por el Gobierno de Mendoza, que la considera “improvisada” y entiende que el cumplimiento de la fiscalización completa del programa es “imposible”. De hecho, el gobernador Rodolfo Suárez no participó el último miércoles de la reunión en Casa Rosada encabezada por el presidente Alberto Fernández con los gobernadores de las provincias con el objetivo de analizar este programa. El mendocino no asistió debido a que tenía que realizarse estudios previos a la cirugía por una arritmia cardíaca, que le practicaron con éxito este viernes, pero la Provincia tampoco mandó a otro representante al encuentro.
¿Qué harán los intendentes de Mendoza?
La mayoría de los municipios mendocinos indicaron que están analizando los alcances del decreto presidencial y que esperan conocer también qué acciones tomará el Gobierno provincial. De todas maneras, algunas comunas gobernadas por el peronismo ya adelantaron que actuarán en sintonía con las disposiciones nacionales, pero con ciertas particularidades.
La Paz fue el único municipio que aseguró que adherirán al control y fiscalización. Desde el departamento comandado por el dirigente justicialista Fernando Ubieta expresaron que “nos vamos a adherir y vamos a fiscalizar que se respete esta medida con la cual coincidimos completamente”. Hicieron la salvedad de que en este territorio no hay grandes cadenas de hipermercados ni supermercados, ya que cuenta en su mayoría con comercios de cercanía.
Por otra parte, el intendente peronista de Tunuyán, Martín Aveiro, comentó a Los Andes que “el personal de inspección va a consultar la grilla de precios y después lo que hacemos es promocionar a aquellos comercios que sí tienen los precios congelados. Es ir por la positiva, sin hablar del que no lo respeta”. Asimismo señaló que no sancionarán a quienes incumplan.
Esta variante en el control de precios ya estaba siendo analizada por otra comuna peronista como Maipú. En el municipio gobernado Matías Stevanato, habían adelantado a Los Andes que planeaban difundir a aquellos comercios con los precios congelados. En tanto, tras la publicación del decreto este viernes indicaron que estudiarán la norma para ver si suman algunas acciones complementarias.
En tanto, el intendente de San Rafael, Emir Félix, ya había expresado en diálogo con este diario que estaba de acuerdo con la medida y resaltó que “se sabe que son herramientas que se buscan para estabilizar situaciones, no como una política de fondo permanente”. Sin embargo, la comuna del sur estaba analizando como implementar la fiscalización.
Por el lado de los intendentes radicales la reacción ha sido distinta. El jefe comunal de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, aseguró que “es un anuncio netamente electoral de imposible cumplimiento por parte de las provincias y los municipios “. Resaltó también que si no hay plan económico y no controlan la emisión monetaria una medida de este tipo “es la nada misma”. La municipalidad prepara una resolución en la que explicará las razones de la no adhesión. Resaltarán que el municipio no se encuentran en condiciones operativas de realizar las tareas para las que ha sido convocado.
En la misma línea se había manifestado el intendente Guaymallén, Marcelino Iglesias, quien advirtió que la comuna no saldrá a controlar precios porque no es una de sus facultades.
Por su parte, en otros departamentos se aguarda a conocer una eventual disposición del Gobierno provincial. Es el caso de Luján de Cuyo, donde el intendente del Pro, Sebastián Bragagnolo, aguarda alguna confirmación desde la Casa de Gobierno. Sucede lo mismo en Tupungato, desde el equipo del radical Gustavo Soto señalaron que “es importante saber cómo lo va a accionar el Gobierno de Mendoza para trabajarlo en conjunto”.
Daniel Orozco, jefe comunal de Las Heras, indicó a Los Andes que el control de precios “no es función del municipio sino de los inspectores que tienen la Provincia y la Nación. Nosotros en ese sentido esperamos a la comunicación de las autoridades provinciales”. “Esto tiene que ser bien realizado y tiene que apuntar a toda la cadena productiva. Es una medida electoralista e improvisada. Tiene que ser bien hecho, tiene que haber un equipo que lo esté planificando”, subrayó el médico radical.
En tanto, el director de Comercio de San Martín, Néstor Tussedo, subrayó que todavía no hay una decisión de adhesión por parte del intendente Raúl Rufeil. “Si la municipalidad adhiere, nuestro cuerpo de inspectores estará a disposición del control de precios. Está capacitado para hacerlo y no tendremos problema”, sostuvo.
