En el Senado de la Nación, el legislador Pablo Blanco, representante de Tierra del Fuego, ha presentado un proyecto de ley destinado a proporcionar un año de gracia a las provincias que mantienen deudas con el Estado Nacional. Esta medida busca amortiguar las tensiones y conflictos que han surgido entre los gobiernos provinciales y el gobierno central, como el reciente enfrentamiento entre la administración de Javier Milei y la provincia de Chubut.
La controversia se desató cuando el gobernador chubutense Ignacio Torres, perteneciente al partido PRO, denunció que la Nación estaba reteniendo fondos de la coparticipación para saldar una deuda cercana a los 120 mil millones de pesos, contraída por su predecesor, el peronista Mariano Arcioni, con la gestión de Alberto Fernández. Aunque existía un acuerdo entre Arcioni y Fernández, con intervención del entonces ministro de Economía Sergio Massa, para la devolución de estos fondos, Torres expresó su malestar porque el Ejecutivo Nacional no accedió a renegociar los términos.
El proyecto presentado por Pablo Blanco propone prorrogar por un año los vencimientos de capital e intereses de las deudas que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires mantienen con el Estado nacional, en el marco del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. A cambio de esta prórroga, las provincias se comprometen a implementar programas de reforma fiscal, financiera, económica o administrativa, con el fin de consolidar la reforma del sector público provincial y avanzar en la mejora del gasto público y el desarrollo regional.
Entre los objetivos principales de estas reformas se destaca la reducción significativa del gasto público primario de las administraciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en línea con los esfuerzos de saneamiento fiscal y ordenamiento macroeconómico impulsados por el Gobierno Nacional.
Además, el proyecto establece que los gobiernos provinciales y municipales podrán acceder a operaciones de endeudamiento provenientes de programas nacionales y organismos multilaterales de crédito, siempre y cuando se cumplan los principios y parámetros definidos por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
Es importante destacar que las operaciones de reestructuración y amortización de la deuda del presupuesto en ejecución no requerirán autorización del Gobierno Nacional, otorgando mayor autonomía a las provincias en la gestión de sus finanzas. Este proyecto busca no solo brindar un alivio financiero a las provincias endeudadas, sino también promover una mayor responsabilidad fiscal y una gestión más eficiente de los recursos públicos a nivel regional.
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