El pasado 7 de julio, en plena feria judicial, el Consejo de la Magistratura decidió por unanimidad remover a todos los integrantes de la Comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución Penal y Faltas, por “incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo”. Se trata de un órgano interno que se encargaba de evaluar a aspirantes a jueces y magistrados que buscaban escalar en sus carreras laborales.
La medida causó revuelo y varios de los afectados apelaron a recursos de reconsideración para intentar dar marcha atrás, denunciando que fue un procedimiento “arbitrario” que cuenta con “vicios groseros que son incompatibles con un sistema respetuoso de las garantías legales y constitucionales”.
Mientras se aguarda la respuesta jurídica del Consejo de la Magistratura sobre esta oposición, en el ámbito judicial también se espera que la Asociación de Magistrados se expida al respecto. Desde ese órgano colegiado le confirmaron a Los Andes que la Comisión Directiva se reunirá para definir su postura la próxima semana, aunque no confirmaron la fecha específica.
Lo cierto es que, en los últimos días, ante los rumores de que saldrían a rechazarlo públicamente, dos nombres de peso elevaron cartas a la presidenta Norma Llatser para evitar que lo hagan efectivamente.
El más efusivo fue el fiscal de Homicidios, Carlos Torres, que pidió que avalen la decisión del Consejo de la Magistratura, al cuestionar seriamente el desempeño que ha tenido la comisión en sus exámenes. Mientras que el juez David Mangiafico, mantuvo una posición más moderada y solo mencionó que el asunto se encuentra “pendiente de resolución” y que hay “intereses contrapuestos”.
Torres y su enojo por los “desaprobado”
Torres enumeró sus argumentos y en primer lugar manifestó que “la Asociación de Magistrados representa no solamente a los magistrados asociados titulares y suplentes que integraban la comisión evaluadora, sino que también representa a todos los magistrados que han rendido ante la mencionada comisión y que se han visto perjudicados por la modalidad de evaluación, consecuentemente con la nota DESAPROBADO”.
Además agregó, en su opinión, que corresponde la intervención de la Asociación de Magistrados en aquellas situaciones que “afecten el ejercicio de la Magistratura, entendida tal intervención como la salvaguarda de los intereses de todos los magistrados, asociados o no, inclusive de aquellos aspirantes a la Magistratura que por cuestiones accidentales hoy no son magistrados (por ejemplo haber desaprobado el examen pero venían desempeñándose hasta el examen como Conjuez, Fiscal Sustituto o Defensor Interino)”.
Entonces, enfatizó: “La decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura, integrada por representantes de los tres poderes del Estado, y por unanimidad, es una clara señal de que ´algo´ no estaba funcionando en el seno de dicha Comisión y que ello motivó la toma de esa decisión, reitero por UNANIMIDAD, algo inusual”.
“En situaciones como las que se presentan, siento que es una obligación instarlos a que no involucren a la totalidad de los magistrados de Mendoza, tomando postura por los magistrados afectados por la decisión del Consejo de la Magistratura o los magistrados afectados por las evaluaciones tomadas por dicha Comisión, o los magistrados que aún no han rendido para cargos superiores, y aguarden a que los procesos concluyan regular e institucionalmente”, añadió Torres.
Y para cerrar, aclaró que la opinión que emite sobre la postura que debería adoptar la Asociación de Magistrados, no debe ser entendida “como adhesión o reprobación a las consideraciones que pudieran haberse efectuado sobre las razones que motivaran la remoción o el modo en que dicha decisión se tomó, menos aún sobre los magistrados desplazados”.
Mangiafico y los “intereses contrapuestos”
Por su parte, el conjuez de tribunal penal colegiado, David Mangiafico, expresó que tomó conocimiento a través de los medios de comunicación de la remoción de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Evaluadora en materia Penal, Ejecución Penal y Faltas y asimismo que, “dicha decisión se encontraría recurrida y pendiente de resolución”.
Mangiafico ya es juez de primera instancia, pero nunca logró llegar a serlo de segunda instancia y acumula exámenes desaprobados. En el texto al que tuvo acceso este diario dice que “considerando que algunos miembros de la Comisión Evaluadora resultan ser a la vez, Socios de la Asociación de Magistrados, en condiciones de igualdad con el suscripto, es mi voluntad poner de manifiesto la eventual existencia de intereses contrapuestos”.
Y de esta forma, aclaró que “en modo alguno importa emitir opinión sobre la legalidad y alcance de la decisión recurrida, ni mención expresa de las autoridades que intervienen en el marco de dicho conflicto, sino simplemente llevar a su conocimiento la contraposición descripta, a fin de que se tenga presente y con ello, contribuir con el quehacer institucional a su digno cargo”.
Todos miran a Teresa Day
El conflicto por la remoción de la comisión evaluadora penal de aspirantes a jueces (o magistrados que quieren ascender) sigue creciendo, mientras aumenta la expectativa por la respuesta que dará el Consejo de la Magistratura a quienes apelaron la decisión.
El Consejo no se reunió esta semana, por lo cual, sigue sin haber una fecha para la respuesta “formal” que recibirán los que apelaron.
Por su parte, los jueces y abogados que conformaban la comisión removida confirman que participaban solamente para obtener reputación, ya que toman los exámenes ad honorem. Por eso aseguran que no aceptarán que quede en firme una “mancha” así en sus legajos profesionales y que acudirán a cualquier tribunal la decisión.
El Consejo de la Magistratura está integrado por los tres poderes del Estado y lo preside la ministra de la Corte Teresa Day, última figura en ingresar al alto tribunal. Se cree que la expresión de la Asociación de Magistrados puede incidir en la definición. E incluso hay quienes señalan que el organismo ya deliberó y “8 sobre 10 van a dar una opinión contra la decisión del Consejo”.
Por ello, en el cúmulo de especulaciones que circulan, hay quienes sospechan que desde la propia Corte impulsaron a Torres y Mangiafico a tratar de inclinar la balanza de los magistrados a favor del Consejo.
También señalan que los exámenes no se tomaban mal, sino que había muchos aspirantes que no estudian y, a la vez, presiones para que gente de distintos sectores políticos logre convertirse en juez a pesar de su desconocimiento.
