El Gobierno Provincial prendió la luz de alerta por un artículo del Presupuesto Nacional 2023 que establece que la Nación podría retener recursos provinciales, que llegan a través de la coparticipación, para saldar las multimillonarias e históricas deudas que tienen las distribuidoras eléctricas con su proveedora de energía, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), al ser las jurisdicciones “solidariamente responsables”. Desde la secretaría de Servicios Públicos, su titular, Natalio Mema, salió a cuestionar el artículo propuesto por el ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, al indicar que es “inconstitucional” ya que Mendoza “no tiene ninguna injerencia entre Cammesa y las distribuidoras”.
También consideró que “no se puede por una ley del Congreso afectar la coparticipación sin el consentimiento de la Legislatura y los estados provinciales. Es un artículo inviable”, acotó.
En Mendoza, las principales distribuidoras eléctricas (entre las que se destacan Edemsa, Edeste SA y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz) adeudan a Cammesa un monto que ronda los $13.700 millones entre las tres, que a juzgar por el texto del Presupuesto, podría ser retenido de la coparticipación que llega a Mendoza si se aprueba el mismo y si no llega a ser saldado por las propias distribuidoras en un plazo determinado.
En la misma sintonía que Mema se mostraron los legisladores del frente Cambia Mendoza, quienes notaron “sorprendidos” este artículo, teniendo en cuenta que no se esperaba que apareciera en el articulado una medida de este calibre, que está siendo estudiada hoy por la Cámara Baja.
El artículo de la discordia es el 90. El mismo establece que tanto la Nación, como provincias y municipios, “deberán controlar y garantizar el estricto cumplimiento del pago de las transacciones por consumos de energía, potencia y sus conceptos asociados, por parte de los prestadores del servicio público de distribución de energía eléctrica de cada jurisdicción”.
Además, marca que se establece un plazo de 6 meses de la aprobación de la ley para que “cada jurisdicción concedente determine, establezca y/o adecúe su regulación, de ser ello necesario, para que se asegure y garantice el pago de las facturas que emitidas y que en un futuro emita Cammesa”.
El último párrafo es el que entra en polémica, ya que indica que, “dado el carácter de servicio público tanto de la distribución como del transporte de la energía eléctrica, las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen”.
Y remata: “Vencido dicho plazo, la Jefatura de Gabinete de Ministros, a través del Ministerio de Economía, podrá retener, de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del Sector Público Nacional, la suma que por consumos de energía y potencia adeude a Cammesa el prestador del servicio público de distribución de energía eléctrica a su cargo”.
Deudas
En un documento de la deuda de las distribuidoras con Cammesa al que accedió Los Andes, se destaca que Edemsa tiene una deuda acumulado de $11.344,5 millones; mientras que el total cobrado es de $1.806,9 millones. Además hay un juicio iniciado en febrero del 2020 por $4.980 millones “en gestión de acuerdo de pago”.
Del lado de Edeste SA, el saldo acumulado es de $1.623,3 millones, y hay un total cobrado de $326 millones. La Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz también aparece en el listado, con una deuda de $735,4 millones, y un total cobrado de $190 millones.
Por otro lado, Mema indicó que las situaciones “son distintas” entre las diferentes provincias, y sugirió que el artículo 90, más allá que puede llegar a afectar de sobremanera a Mendoza, apunta principalmente a jurisdicciones cuyas distribuidoras son completamente estatales, como lo son en el caso de Córdoba o Santa Fe. “En esos casos es el Estado provincial el que no está pagando, por lo que sí es solidariamente responsable la provincia para que salde su deuda de la energía”, comentó.
No obstante, otros referentes de Juntos por el Cambio indicaron que el “interés” que mueve la redacción del controversial artículo debería responderlo el Frente de Todos. No obstante, señalaron que “hace ruido que Edemsa y Edenor, que tiene el mismo grupo accionario (los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano) estén íntimamente vinculados con el ministro de Economía”.
En tanto, Mendoza, así como también San Juan y Tucumán -por citar casos -, el servicio es tercerizado, y allí “la provincia no tiene ninguna injerencia entre Cammesa y la distribuidora”, comentó, más allá que Mendoza tenga un 39% de las acciones tanto de Edemsa como también de Edeste.
Respecto a este punto, también habló con Los Andes la diputada nacional radical Jimena Latorre, quien expresó la necesidad de que Edemsa y el resto de las distribuidoras “salden sus deudas con el proveedor de la mejor manera, porque si no, quien termina pagando a futuro es el usuario”.
“De igual manera, la provincia no tiene nada que ver. La coparticipación es un recurso de las provincias. No se puede retener por una deuda que la provincia no contrajo, fue un concesionario, y si bien el Estado mendocino tiene un 39% de acciones, no toma decisiones. Es un artículo inconstitucional e ilegal”, comentó la ex titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).
Ingresos no percibidos
Otro punto a tener en cuenta es un reclamo de hace varios años por parte de las distribuidoras al Estado provincial, que ronda entre los $75.000 y $100.000 millones, según informó el Ejecutivo, y que comprende principalmente a gobiernos peronistas de Celso Jaque y Francisco Pérez, por “ingresos no percibidos”, en momentos en los que existía la “convergencia tarifaria” y congelamiento de las mismas, lo que actuaba en contra de las propias distribuidoras, que “dejaban” en cierto sentido de tener rentabilidad.
“En 2015 el Gobierno de Francisco Pérez aceptó mediante un decreto que les debía un monto altísimo”, marcó Mema, quien dijo que, a diferencia de otros servicios, como el Transporte Público, en el que por ejemplo el Estado pone la diferencia de lo que realmente cuesta el boleto y lo que pagan los usuarios, “lo que no está sumado en la tarifa eléctrica no lo pone nadie”.
Por eso, según entiende el Gobierno, en parte las distribuidoras decidieron no pagar a Cammesa, y “tampoco hicieron inversiones que debían hacer”.
De esta manera, para el Ejecutivo es importante que las distribuidoras puedan regularizar sus deudas, porque en base a esos beneficios (quitas, mejores tasas) que surjan de eventuales negociaciones, “se descontarán de esos reclamos por ingresos no percibidos. También descontaremos todas las inversiones que no hicieron cuando manifestaron que no tenían una tarifa acorde”, adelantó.
En tanto, Latorre criticó a esas acciones en momentos donde gobernaba el kirchnerismo, en el cual aseguró que “las políticas de congelamiento tienen vuelta corta. Vos congelás o atrasás la tarifa y tarde o temprano vuelve. En la gestión de Cambiemos, si bien hubo desfasajes, se buscó actualizar las tarifas”, manifestó.
También agregó que los concesionarios tienen marcos regulatorios en los cuales “hay que garantizar una rentabilidad razonable, que no se tuvo en su momento”.
“Ojalá las distribuidoras acuerden con Cammesa, porque los ingresos no percibidos los reclaman al concedente. Terminan siendo hipotecas”, finalizó.
