Quizá porque era difícil defender la “herencia Pérez” y era necesario levantar esos muertos, o quizá porque era una gestión que recién arrancaba, en los dos primeros presupuestos de Alfredo Cornejo, 2016 y 2017, el principal espacio de la oposición no tuvo demasiados reparos para darle al ex Gobernador las herramientas financieras que necesitaba. Despúes empezaron los problemas.
Para la tercera pauta de gastos de Cornejo, el peronismo mendocino votó dividido: 12 diputados y 9 senadores cercanos a los intendentes del PJ, le dieron los dos tercios que requería el oficialismo para obtener roll over (canje de deuda nueva por vieja) por 4.500 millones y deuda para obras por 1.918 millones. El presupuesto 2018 fue el último que tuvo roll over en la provincia.
Para los presupuestos 2019 (último de Cornejo), 2020 (primero de Suárez) y 2022, hubo peronismo unido en la Legislatura y rechazo de las herramientas financieras. Para la pauta de gastos de 2021 (votado a fines de 2020, en plena pandemia), el frío corazón peronista habilitó U$S160 millones deuda para obras, pero sin roll over.
Es interesante señalar ciertas similitudes de aquella votación de 2018 con la ocurrida el miércoles último. El último fin de semana, la rosca por la renovación de autoridades del PJ casi termina en interna entre el kirchnerismo duro y los intendentes Roberto Righi y Emir Félix, sumados algunos kirchneristas, como Guillermo Carmona, alejados de la conducción camporista de Anabel Fernández Sagasti.
El dato de 2018 parece darle la razón al Gobernador cuando diferencia entre kirchnerismo e intendentes peronistas. Solo cuando hay ruido en el PJ puede haber acercamiento para hablar de necesidades y del futuro.
Después de 2018, el peronismo ha otorgado deuda (dos veces), pero nunca la refinanciación de los pasivos por vía de roll over. Entonces conviene ver más lejos. Los memoriosos recordarán que en el debate de los presupuestos 2014 y 2015, los últimos dos de Francisco Pérez, también levantaron la temperatura legislativa.
En 2014, los tironeos por la autorización para tomar deuda fueron tales que el conflicto terminó en la Suprema Corte. El tribunal terminó mediando entre el PJ y el radicalismo (presidido por Cornejo) y el presupuesto se aprobó en julio de 2014, con deuda, aunque menos de la que pretendía Pérez.
En 2015 el debate escaló y no hubo pauta de gastos. Esta vez, no hubo mediación, ni tampoco deuda. Pérez debió “reconducir” el tardío presupuesto 2014, es decir usar las partidas del año anterior. A pesar de que podía contar con plata no imputada (recursos adicionales no previstos por inflación), la falta de autorización al crédito no le permitió contar con ingresos para cubrir el déficit fiscal y pasó lo que todos recordamos (en especial los estatales y los proveedores del Estado).
Alguien podría preguntarse, con cierta legitimidad, si el PJ no viene buscando el mismo efecto al negarle al radicalismo que refinancie las deudas del Estado y ver si la coalición gobernante pierde una elección. Hay que recordar que el PJ no gana en la provincia justamente desde que Pérez fue electo gobernador. Desde 2013, los turnos electorales los viene ganando sistemáticamente el radicalismo y sus aliados.
Hay quienes murmuran que parece una estrategia. Dar deuda y no permitir refinanciarla también es un problema. Porque tarde o temprano, lo que hay que pagar puede ser impagable.
