El juez federal de Dolores, Martín Bava, dictó esta tarde el procesamiento de Mauricio Macri en la causa que investiga el posible espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.
El magistrado resolvió dictar el procesamiento “sin prisión preventiva” del expresidente de la Nación al encontrarlo “penalmente responsable” del delito de “acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor”.
De acuerdo al escrito, el juez entiende que Macri pudo “haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privada, u opinión pública, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos, en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo y en las personas; en concurso con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor”.
El juez Bava le prohibió a Macri salir de país, y también le dictó un embargo por cien millones de pesos.
Definida la situación procesal de Macri, suman ya 12 los procesados en la causa. Ayer, se conoció el procesamiento que el juez Bava le dictó a dos exjefes de Contrainteligencia de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) del Gobierno de Macri. Para el juez, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, ex Directores de la Dirección Operacional de Contrainteligencia durante el período investigado, posibilitaron que las acciones prohibidas continuaran por, al menos, el lapso de un año.
Bava responsabiliza principalmente por el espionaje ilegal a Arribas y a su exsubdirectora Silvia Majdalani, ambos ya procesados, y remarcó que Dalmau Pereyra y Coste “permitieron que continuaran realizándose tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de los buques pesqueros referidos y, en particular, sobre los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan”.
Para el magistrado “es imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno nacional hayan estado al margen de estos sucesos”.
La causa investiga la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.
De acuerdo a la acusación, con el espionaje ilegal se buscaba “influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían”.
Todas estas tareas de inteligencia ilegal “no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional”, dice el expediente.
