La Justicia decidió archivar dos de las once denuncias que realizó el Gobierno provincial contra empresas que presentaron documentación inválida para ingresar al programa de empleo Enlazados. El fiscal Sebastián Capizzi entendió en sus dictámenes que no hubo perjuicio al Estado, ya que se comprobó según datos de la Administración Tributaria Mendoza, que no tenían deudas de ningún tipo. Ahora el Gobierno provincial deberá resolver si las habilita o no, a ingresar formalmente.
“Hoy la Justicia dice que estaban en regla y lo que suceda con la ejecución del programa, lo tenemos que definir con el área de legales”, sostuvo la subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, Emilce Vega Espinoza, al diario Los Andes.
Según cuentan desde el Ejecutivo provincial, desde el mes de octubre hasta diciembre de 2023, detectaron que la documentación necesaria para ingresar al programa de empleo Enlazados, no se estaba cumpliendo y por lo tanto no alcanzaron a incorporarse.
Vega Espinoza aseguró que las once empresas se quedaron “en la puerta de ingreso” y “no han cobrado” ningún ticket al respecto. “En algunos casos fue ATM las que nos informó que no se puede validar el cumplimiento fiscal en ese momento”, contó la funcionaria y por lo tanto se decidió suspender de manera interna el ingreso de las once empresas.
Luego remitieron las denuncias al Ministerio Público Fiscal para que investigue si hubo defraudación al Estado por documentación falsa y el fiscal Sebastián Capizzi, al solicitarle los datos a ATM, corroboró que finalmente estaban en regla dos de ellas, hasta el momento.
Por lo tanto entendió que no hubo perjuicio al Estado. Según contó Vega Espinoza, después de esta decisión de la Justicia, resolverán con el área de Legales si permiten que accedan al programa o no.
“Todo este paquete de empresas está suspendido y estábamos esperando que la Justicia se expida. No han cobrado. Una vez que se detectó una irregularidad, se frenó”, reiteró la funcionaria.
Y afirmó que “estos controles no son azarosos. Es algo que hacemos permanentemente y data del mes de noviembre. Van a seguir pasando cosas como estas porque los controles existen y buscan detectar irregularidades. Se trata de un chequeo necesario para que los programas funcionen”.
Mientras tanto, las otras nueve empresas que también fueron denunciadas, aún se encuentran en proceso de investigación por informes solicitados por fiscalía, indicó una fuente judicial a este diario.
Según informó la funcionaria, el programa Enlazados le ha dado la posibilidad de conseguir empleo a más de 26 mil personas en toda la provincia y en el último año, hubo 2.600 empresas participando. “Mendoza está entre las tres provincias en las que creció el empleo en situación de crisis económica”, aseguró.
Los argumentos del fiscal
En una de sus resoluciones a la que tuvo acceso Los Andes, el fiscal Capizzi explica que “lo decisivo es que no se ha corroborado la posibilidad de un perjuicio concreto hacia el interés jurídico que se intenta proteger mediante la puntual exigencia de autenticidad del documento empleado”.
“En este caso, ese interés real o particular se visualiza en la decisión formal del Estado Provincial de cuidar su patrimonio -de manera consistente con su rol recaudador- mediante la exigencia a las empresas o empleadores de cumplimiento de las tributaciones provinciales para su participación en el programa (Ley provincial 9330 y decreto n° 955/21)”, agrega.
Y explica que “en este caso no hay posibilidad de perjuicio efectivo porque la persona jurídica en cuestión no registraba realmente, según informó la Administración Tributaria Mendoza, deudas por algún impuesto en el periodo de tiempo certificado en la constancia de cumplimiento fiscal inválida”.
“De todas maneras, la utilización de un documento no válido ante la autoridad pública deja expuesta la necesidad de permanente y efectivo control, ya no solo en el ámbito de la administración estatal sino, también, en la órbita interna de la propia empresa que pretende participar en el programa”, agrega Capizzi
Y dijo que “respecto de la administración pública no debemos más que ratificar la vigencia del deber de proteger los recursos estatales mediante la creación y evaluación de los medios de control adecuados para evitar actos de corrupción o déficit de cumplimiento de las condiciones legales de funcionamiento de sus tareas”.
El caso de la técnica
Vega Espinoza también afirmó que estas irregularidades detectadas, “no tienen nada que ver con el caso de la técnica desvinculada el 30 de abril”. Vale recordar que en ese mes, el Ministerio de Producción descubrió que una empleada administrativa realizó una maniobra fraudulenta a través del programa Enlazados, para hacerse de $26 millones en total y fue denunciada ante Fiscalía de Delitos Económicos.
La funcionaria comentó que las acciones que tomaron a raíz de esto, además de desvincularla y denunciarla penalmente, fue “rotar de función a todo el equipo” que se desempeñaba a cargo del programa, en otros sectores de la misma Subsecretaría de Empleo. Además indicó que trabajan en mejoras para la plataforma del sistema, con otras áreas del Gobierno, para darle “robustez y más fuerza para este tipo de situaciones”.
La técnica administrativa le dio ingreso al programa Enlazados a 31 personas que fueron vinculadas mediante sus cuentas bancarias (CBU) por acceder en forma irregular al subsidio. Una operatoria consistió en asignar en forma indistinta y aleatoria a estas personas a diversas empresas que participan del programa. Otra, fue dar de alta una empresa apócrifa y vincular a las mismas personas para que accedan al subsidio del Programa Enlazados que consiste en el aporte de una suma de dinero fija, como complemento salarial.
La irregularidad fue detectada a fines de abril, mediante controles internos periódicos que se realizan sobre las bases de información y procesos del programa Enlazados que están alojadas en los servidores. Éstos registran todas las operaciones que realizan los usuarios habilitados que acceden al sistema de administración del Programa Enlazados. Advertida la anomalía, se procedió a realizar un seguimiento de la clave y usuario de la denunciada y en la etapa inicial de auditoría interna en la se encuentra el Ministerio, se detectó que la maniobra fue iniciada durante diciembre de 2023.
El modus operandi de la administrativa consistía en cargar y borrar los datos fraudulentos de los beneficiarios cada mes, en los días previos al proceso de generación de las órdenes de pago de los subsidios, esto ocultó su operatoria durante ese tiempo, frente a los controles internos de rutina que se realizaron. Lo que no advirtió es que todos los datos y usuarios que operan el sistema son respaldados en servidores internos, sobre los que se realizan otros controles adicionales de integridad de la información y procesos, donde fue detectada la irregularidad, porque existía una huella digital de toda la operatoria fraudulenta.
Ante estos hechos, la técnica administrativa fue desvinculada del programa y se continúa con la auditoría interna. Los 31 beneficiarios, cobraron en forma irregular aproximadamente $ 200 mil pesos mensuales, alcanzando unos $26 millones al 30 de abril de 2024. Toda esta información fue expuesta en la presentación realizada en la Fiscalía de Delitos Económicos.
