El Gobierno busca reorganizar la gestión educativa mediante un plan de incentivos salariales para los docentes, entre otras reformas presentadas en la Legislatura por el ministro de Educación, Cultura e Infancias y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar. Los estímulos a la dedicación y especialización presentan aumentos de hasta un 60% sobre el básico, según establece la norma propuesta.
En la presentación de este martes, García Zalazar manifestó que se busca premiar la mayor dedicación y “la permanencia en el mismo establecimiento educativo y de manera combinada, concurrente, la formación y la capacitación docente”.
Esos perfeccionamientos no eran “reconocidos después salarialmente como sí lo tienen otras profesiones”, por eso, “la idea es que tengan ese reconocimiento y vamos a un sistema donde haya menor cantidad de rotación docente en las escuelas, más permanencia”, señaló.
Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) tomaron la noticia con pinzas y advirtieron que la aplicación de los adicionales está sujeta, en varios pasajes del proyecto, a reglamentaciones anuales por parte de la DGE. Lo entienden, a priori como una “suma del poder público” para García Zalazar y quieren exponerlo ante los legisladores en comisiones.
“Nos llama mucho la atención la cantidad de artículos sujetos a reglamentación. No tiene valor la ley de esta forma, son superpoderes para el Director General de Escuelas”, apuntó el secretario gremial Gustavo Correa a Los Andes.
Incentivos a la permanencia
En el Artículo N°1 del citado proyecto, se propone crear el incentivo Dedicación Docente que consiste en un adicional salarial destinado a aquellos “docentes y equipos directivos, titulares y titularizables, que desempeñen sus funciones en un mismo establecimiento educativo” por un período continuo de dos años o más, para cargos de nivel inicial, primario y secundario en todas sus modalidades.
Además, indica que se toma de referencia “18 horas cátedras y su proporcionalidad ascendente y descendente, en todas sus modalidades y hasta 2 (dos) cargos o 36 (treinta y seis) horas como máximo”. Mientras que, para el caso del Nivel superior, su percepción “quedará sujeta a las condiciones establecidas a la reglamentación”.
En tanto, en el siguiente artículo se deja en claro que este incentivo será otorgado “conforme una escala que se aplicará en función de los años de permanencia pudiendo alcanzar hasta un máximo de 60 % (sesenta por ciento) de la asignación de clase, antigüedad y estado docente”. Es decir, se calculará sobre los ítems que más impacto tienen en el salario de un docente.
Además, explican que “el presente artículo se reglamentará anualmente y previo al inicio del ciclo lectivo mediante resolución del Director General de Escuelas en la que se determinará su alcance y magnitud, considerando la disponibilidad presupuestaria”. Este apartado es uno de los que advirtió el Sute.
La norma sostiene que “en caso de que el docente y/o directivo deje de prestar servicios en el establecimiento educativo en el que se encontraba cumpliendo funciones y/o no se cumplan algunos de los requisitos establecidos en la reglamentación en virtud de los cuales percibía el incentivo Dedicación Docente, perderá automáticamente el derecho a percibirlo. Para el caso de los cambios de funciones quedará sujeto a la reglamentación”.
Incentivo a las especializaciones
Por otro lado, se punta a crear el “Incentivo Especialización Docente” a partir del “reconocimiento de una formación de posgrado en la incumbencia que desarrolla en el ámbito educativo, que sea acreditable como pos título de acuerdo a la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación”.
Tal incentivo será otorgado al agente una vez que se presente la certificación pertinente y sea “aprobada por la autoridad de aplicación de acuerdo a la incumbencia que desarrolla en la institución escolar, siendo la duración del mismo por un plazo máximo de cinco años, excepto que se acredite continuidad en la formación y sea validada por la Autoridad de Aplicación”.
Incentivos a las especializaciones estará integrado “hasta el 40% (cuarenta por ciento) de la asignación de clase más estado docente conforme establezca la reglamentación”.
Por último, la DGE apunta a desarrollar “Especialidades Prioritarias” que tendrán su reconocimiento como otro adicional. Se denomina así a las áreas, “cuya demanda en el ámbito educativo se considera esencial para el desarrollo integral de los estudiantes y la comunidad educativa”. García Zalazar mencionó como ejemplo, que se necesitan más profesores de Matemáticas, en la actualidad.
La norma sostiene también que las especialidades pueden “variar, modificarse, restringirse y/o ampliarse de acuerdo al dinamismo propio de la sociedad y la evolución del servicio educativo”.
En el Artículo 12, el proyecto indica que este adicional será remunerativo, “hasta un 30% (treinta por ciento) de la Asignación de la clase, Estado Docente, Zona y Antigüedad”.
También la DGE propone aplicar “becas especiales” a estudiantes de las carreras que tengan “las incumbencias determinadas como prioritarias, con el compromiso por parte de los becarios a permanecer luego de su egreso, dos años en el sistema educativo público provincial”.
“La Dirección General de Escuelas realizará evaluaciones periódicas para determinar la eficacia de las medidas adoptadas en el marco de esta ley. Dichas evaluaciones incluirán la revisión de las especialidades prioritarias designadas, la efectividad de la remuneración adicional y el impacto en la calidad educativa, pudiendo efectivizar su cambio anualmente”, sostiene la norma.
