Una herramienta para vincular al sector privado con la Municipalidad de General Alvear fue propuesta por el concejal Adrián Caltabiano (bloque Activá YA-Pro). El espíritu del proyecto de ordenanza que presentó en el Honorable Concejo Deliberante apunta a que empleados municipales puedan reubicarse, con mejores salarios, en el sector privado y éste se fortalezca con personal calificado. La comuna reduciría costos laborales y hasta disminuir la cantidad de empleados.
“Este proyecto es un bien para todos: el sector privado se tiene que fortalecer para posicionarse en el mercado y podría buscar personal calificado como un tractorista, calderista, entre otros, que no hay mucho. El privado le pagará el sueldo por un año y el municipio le va a seguir pagando los aportes”, explicó Caltabiano a Los Andes.
Alejandro Molero asumió la intendencia de General Alvear en diciembre del año pasado y anunció que habría una fuerte reducción en personal. Hubo bajas en contratos y trabajó para un programa de retiros voluntarios.
En sintonía con la política de reducir la planta permanente, que según el edil ronda los 800 legajos, Caltabiano propone implementar un régimen laboral público-privado para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, los salarios de municipales y fortalecer al sector privado.
En los considerandos del proyecto de la ordenanza remarca que “los gastos corrientes destinados al pago de los salarios del personal de planta permanente del Municipio representan la mayor parte del presupuesto municipal, lo que le impide al Departamento Ejecutivo poder efectuar mayores inversiones en bienes, y lograr mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos”.
“Existen en General Alvear, empresas y emprendimientos privados que requieren de mano de obra calificada, y que hoy no pueden conseguir en el mercado laboral; lo establecido en esta ordenanza se condice en forma directa con el esfuerzo que viene realizando tanto el Gobierno Nacional y Provincial, como el Departamento Ejecutivo Municipal para reducir el gasto público y el déficit fiscal”, contextualiza Caltabiano en el proyecto.
Cómo se aplicará
El proyecto está en la comisión de Hacienda del HCD que preside Caltabiano a la espera de poder pulir la letra chica y quedar en condiciones de ser llevado al recinto. El concejal está trabajando en la reunión de voluntades para ese tratamiento. De obtener los votos afirmativos, la Municipalidad quedaría facultada para celebrar convenios, tanto con personas físicas como empresas, para reubicar y transferir personal de planta municipal.
La propuesta tiene como plazo doce meses iniciales. En ese período, el empleado que así lo desee, ingresará al régimen con la posibilidad de insertarse en el sector privado. Durante este tiempo, la comuna seguirá pagando los aportes, pero el sueldo será responsabilidad del privado y la reserva del cargo sigue vigente.
La realidad salarial de los empleados les permitiría encontrar mejores ingresos y desarrollo profesional en el sector privado. “Los sueldos promedio rondan entre 350 y 400 mil pesos; si van al privado, seguramente dupliquen el sueldo. Me han llamado algunos para decirme que insista con esto porque buscan mejores oportunidades”, apuntó el concejal de Activá Mendoza Alvear.
“Durante el plazo de vigencia del convenio, el empleado percibirá de la persona física o jurídica para la cual cumpla tareas, la remuneración que le corresponda de acuerdo al esquema salarial vigente y convenio colectivo de trabajo de la actividad que realice”, dice el texto.
Pasados los doce meses y “siempre que se cuente con la voluntad expresa del empleado a renunciar a su vínculo con la Municipalidad, notificada en forma fehaciente al empleador, el vínculo laboral pasará a la empresa o persona física privada que desee incorporar al empleado dentro de su nómina de trabajadores en relación de dependencia”. Es decir, se deberá hacer cargo de los aportes, sueldo y demás responsabilidades.
La herramienta también en combinable con otras como el retiro voluntario; un año sin goce de haberes y las que surjan en adelante.
Apoyos y aspectos a tener en cuenta
La Subsecretaria de Empleo y Capacitación Emilce Vega Espinoza indicó a Los Andes que la propuesta de Caltabiano “es una herramienta de la que se viene hablando hace tiempo como forma de optimización de la planta de personal de las administraciones públicas, transfiriendo al sector privado capital humano capacitado, sin afectar ningún derecho laboral de los trabajadores e incluso generándose la posibilidad de mejoras en las condiciones de trabajo sobre todo en lo referido al aspecto salarial”.
“Es necesario prestar especial atención a la no afectación en la prestación de servicios y garantizar el compromiso del sector privado de ser protagonista de este cambio con las responsabilidades y obligaciones enmarcadas en las leyes vigentes”, agregó.
Mario Doña, titular de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Martín, también destacó las bondades de la propuesta del concejal de Activá Mendoza Alvear al sostener que “es una manera de reubicar personal de la Municipalidad de Alvear, si se está necesitando en las distintas empresas que hay en el sur. Me parece extraordinario tener un equilibrio y se garantiza que la persona no pierda esa estabilidad”.
“Y la parte privada va a tener más responsabilidad y va a ganar más. La gente joven creo que más interés va a tener porque tenés una vida por delante, y la que está más cerca de jubilarse creo que no. Los jóvenes tienen esa perspectiva”, indicó.
El empresario puso en valor a la escuela de oficios que recientemente inauguró el Gobierno provincial en San Martín, que ya cuenta con cerca de 3.000 personas inscriptas porque “cuando estás generando una alternativa, la gente se va a la parte privada. La edad promedio de los inscriptos es de 30 años”.
“Si este sistema funciona, y se ve que gran parte de los empleados crecen, ninguno que esté en la parte pública se va a querer quedar ahí”, remarcó Doña.
Juan Roth, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, puso valor a todo proyecto que implique inserción laboral del personal calificado. No obstante, sobre la propuesta del concejal alvearense, expresó que “habría que analizarlo un poco más” y uno de los puntos es “cómo el municipio financiaría o por qué los municipios deberían financiar las cargas sociales de personal que esté trabajando en relación de dependencia en un privado”.
“Otro aspecto importante a tener en cuenta es que eso debería, o podría ser también una oportunidad para que el empleado salga del municipio y después vuelva en forma masiva al municipio. Y puede ser una oportunidad también para que los privados contraten personal a bajo costo sin pagar cargas sociales y podría poner en riesgo fuentes laborales que los privados tuviesen actualmente porque sería más conveniente contratar recursos humanos de esta manera”, agregó.
De todas maneras, remarcó que se debe fomentar la eficientización del Estado y en este sentido “esto puede garantizar la continuidad laboral de quienes salgan de la gestión pública”. Comentó también que en el Valle de Uco, el 45% de la planta de empleados municipales tiene regímenes de contratación bastante flexibles por lo que los municipios podrían, si toman la decisión, eficientizar sin hacerse cargo de cargas sociales. Entiende además que puede pulirse la letra chica del proyecto y dejar en claro algunos aspectos como los que mencionó.
Arturo Pechemiel, también miembro de la Cámara pero a su vez concejal en Tunuyán por Cambia Mendoza, coincidió con la necesidad de eficientizar el Estado que expresó Roth. Le parece “una excelente propuesta y debería ser replicada”.
“Hay que ver qué sucede en la práctica, cuántos empleados públicos están dispuestos a pasar a una empresa privada y cuantas empresas privadas están dispuestas a incorporar empleados públicos, teniendo en cuenta las características de cada sector. Lo que incorporaría es el impedimento a la incorporación de nuevo personal al municipio cada vez que se genere una vacante por un traspaso”, indicó.
Entre mover estructuras y despertar rechazos
Adrián Caltabiano cosechó algunos rechazos a la propuesta porque, considera, “ha movido las estructuras arcaicas que hay. Hay gente que tiene temor pero acá nadie quiere echar gente. Es voluntario, no podés obligar a nadie. A las personas que deciden intentar mejorar su realidad, le ofrecés una herramienta”.
“Estamos totalmente en desacuerdo. Es un proyecto que presenta un concejal, que no viene del sector público, sin el consentimiento del sindicato. Tenemos la ley 58/92 y la ordenanza 1764 en las que están nuestros derechos. Tenemos el apoyo a nivel federativo y a nivel nacional”, expresó Darío Olguín, secretario general del Sindicato de Obreros, Empleados Municipales General Alvear (Soemga).
El gremialista expresó que “el proyecto no nos favorece en nada, rompe las ordenanzas y es algo que tienen que consensuar con el sindicato. Cuando te vas un año, no te consideran la antigüedad. Con la ordenanza, no perdés la antigüedad”. Exhibe notas de la Federación y de la Confederación de empleados municipales en las que se rechaza el proyecto por considerar que no respeta derechos laborales.
Néstor Ortega, concejal de La Unión Mendocina, también se manifestó en desacuerdo y considera que el proyecto no prosperará por la postura sindical. “Hay interrogantes sobre un accidente, en un emprendimiento, una industria y cómo va a cubrir la ART, por ejemplo. Habría que tener en cuenta lo legal”, explicó.
“Si se te va a un chofer, tenés que contratar otro, lo mismo que un maquinista, por ejemplo. Es decir que se siguen generando un costo. Van a seguir entrando contratos de locación de servicios. Y hoy no sé cuántas personas pueden llegar a querer irse porque tienen la comodidad del Estado. Muchos se quedan por tener un sueldo, los derechos laborales y la estabilidad”, subrayó.
Los Andes intentó comunicarse con el intendente Alejandro Molero y la concejal Silvia Melzi (PJ) para conocer sus opiniones, pero no tuvo respuesta.
