El Gobierno prorrogó hoy por 180 días la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), a cargo de Victoria Donda quien semanas atrás había sido imputada por la Justicia por haberle ofrecido un cargo en esa institución a su empleada doméstica.
Así lo establece el decreto 22/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.
De esta manera, se extiende la intervención dispuesta por el decreto Nº 587, del 8 de julio de 2020, en el Inadi, organismo descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Victoria Donda fue imputada el pasado 29 de diciembre por ofrecerle un cargo en el INADI a su empleada doméstica. La Justicia federal inició una investigación por malversación de caudales públicos y administración fraudulenta luego que se conocieran los diálogos entre la titular del organismo y la mujer que trabajaba en su casa.
Desde el Frente de Todos hubo una amplia defensa y apoyo a Donda. Uno de ellos fue el presidente Fernández, quien sostuvo que “su naturaleza no es sacar ventaja del Estado”.
“Hablamos de una señora que trabajó con la mamá de crianza de Victoria, que la crió y la cuidó. Victoria le propone seguir trabajando con ella hasta que la señora le plantea que no puede seguir por tener una hermana enferma. Viendo la vulnerabilidad de ella, le propuso conseguirle un plan social o un trabajo en el Inadi como maestranza”, describió el jefe de Estado en declaraciones radiales el 6 de enero.
El caso
Arminda Banda Oxa era la empleada doméstica Donda. Osvaldo Barsanti, abogado de la mujer, sostuvo que la funcionaria le ofreció a su representada un contrato en el Inadi o, como alternativa, un plan social a cambio de renunciar al trabajo en su casa.
“Le iniciamos una demanda penal y otra en el fuero laboral”, por delitos contra el Estado y contra la empleada, dijo el abogado de Arminda Banda Oxa.
“Arminda tiene 62 años, es de origen boliviano y hace 14 o 15 años que trabajaba con Victoria Donda, la titular del INADI. De esos 14 años, 10 estuvo totalmente en negro y los últimos tres o cuatro años estuvo parcialmente registrada, es decir que estaba registrada con un salario menor al que correspondía”, dijo el abogado Barsanti.
En uno de los mensajes que su exempleada presentó en la denuncia penal, Donda le dice a su empleada: “Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el Inadi”.
Además agregó: “Yo, por ahí, te puedo anotar en un plan, en algo por ahí podemos anotarte. Necesito que vos me digas eso: si renunciás (a su trabajo como empleada) porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después igual se puede pagar para que saques la jubilación. Pero yo también necesito resolver eso”, le planteó.