El gobierno de Javier Milei sigue encaminando la reglamentación de la Ley Bases y este lunes dio un paso importante con la implementación del “silencio positivo administrativo”, un mecanismo que busca eficientizar los tiempos de los trámites realizados ante dependencias del Estado. La medida fue oficializada mediante la Decisión Administrativa 836/2024, publicada en el Boletín Oficial, con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la canciller, Diana Mondino.
QUÉ ES EL SILENCIO POSITIVO
A partir del próximo 1° de noviembre, cualquier solicitud de autorización administrativa que no reciba respuesta dentro del plazo estipulado será considerada automáticamente aprobada. Esto marca un cambio importantísimo en la administración pública, que anteriormente atribuía un efecto negativo a la falta de respuesta, es decir, negaba automáticamente las solicitudes. Dicho plazo será de 60 días.
El nuevo mecanismo se aplicará a todos los procedimientos administrativos en los que se tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD) o la herramienta que corresponda a cada repartición. Sin embargo, no es aplicable a temas críticos como la salud pública, el medio ambiente, la prestación de servicios públicos o derechos sobre bienes del dominio público, donde la falta de respuesta no puede ser interpretada como una aprobación.
El “silencio positivo” tiene como objetivo simplificar y acelerar los trámites, evitando que la inacción del Estado obstaculice el ejercicio de derechos preexistentes de los solicitantes.
El gobierno defiende la implementación del silencio positivo como una herramienta para reducir la burocracia y fomentar una administración más eficiente. No obstante, la medida generó críticas, ya que algunos sectores consideran que podría beneficiar desproporcionadamente a grandes empresas y desarrollos económicos, en detrimento de los sectores más vulnerables.
