Después de cerrar la Playa San Agustín, con la compactación de 28 mil vehículos achatarrados, el Gobierno anunció que continuará con el plan de descontaminación en el resto de predios similares que posee a lo largo del territorio provincial. Esto abarca a 34.682 rodados que están distribuidos en playas de secuestros de San Martín, Tupungato, San Rafael, General Alvear y Malargüe.
El gobernador Alfredo Cornejo sostuvo ayer, en el acto de cierre del predio ubicado en La Favorita (Ciudad), que el próximo punto a “limpiar” será la Playa Marcelo Vignaud de San Martín, ubicada en la calle Tropero Sosa. “En febrero arrancamos en San Martín y así haremos sucesivamente en el resto de las playas que tenemos”, afirmó.
En ese marco, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia informaron a Los Andes que son 15.691 vehículos los acumulados en ese predio, pero a diferencia de la Playa San Agustín, dónde se procedió a compactar chatarra acumulada producto de incendios, aquí hay rodados en buen estado que podrían pasar por remates, en vez de ser destinados al reciclaje directamente.
Entonces, activarán un trabajo administrativo para clasificar aquellos que provienen de secuestros de la vía pública, causas judiciales o que pertenecen al Estado, para definir cuáles pueden ir a remate o ser compactados. Puntualmente los que están destinados a compactarse desde febrero y darán puntapié esa instancia, son 400 vehículos oficiales que están en pleno desuso, informaron desde la cartera.
Los otros espacios que atravesarán ese mismo proceso luego, son: la playa de secuestros “Zapata” (Tupungato) que alberga 4.595 vehículos; “San Cristóbal” (San Rafael) que contabiliza 10.110 rodados; San Ignacio Loyola (General Alvear) que mantiene 3.732 automóviles y la playa de Malargüe, que cuenta con otros 552.
A estas cinco, está confirmado que se sumarán las playas municipales de Guaymallén y Godoy Cruz, que ya firmaron convenios con el Ministerio de Seguridad y Justicia, para ingresar en el plan integral de descontaminación, que contempla la tercerización de la guarda, logística, remates y compactación.
La licitación para tercerizar ese plan integral se lanzó en octubre pasado y aún está en marcha, aunque ayer Cornejo dio cuenta de que estaba pronto a resolverse. Vale decir que la empresa AcMet fue la encargada del proceso de compactación de San Agustín y quiénes siguieron de cerca el procedimiento entienden que reúne los requisitos para asumir la tarea, aunque en el Gobierno no confirmaron su participación.
En el Decreto 1989/2024 que dio inicio al concurso público, el Ejecutivo informó que se destinarán $13.260 millones para que un privado se encargue durante 10 años del “transporte de los vehículos secuestrados a instalaciones adecuadas para su almacenamiento seguro, así como la gestión de autopartes, lo que asegura el tratamiento responsable de las piezas y residuos generados”.
Desde el Gobierno explicaron que el adjudicatario se “autofinanciará solo”, porque la licitación permitirá que este se haga cargo de la logística y custodia, a cambio de recibir el costo de acarreo y depósito que actualmente pagan los infractores viales, mientras que el Estado no desembolsará recurso alguno, ni de personal ni monetario, y sí recibirá un porcentaje de los ingresos obtenidos por la compactación y remate de vehículos bajo Ley 9024.
Además, según explicó el gobernador ayer, este procedimiento permitirá liberar a unos 200 policías que se encuentran en la custodia de las playas de secuestro de la Provincia, durante los 365 días del año.
Baja tolerancia para los secuestros
El año pasado, la Legislatura aprobó modificaciones a la Ley de Seguridad Vial 1094 y dispuso acortar los plazos de retención de los vehículos cuando “no hay accionar de las partes involucradas, disminuyendo este periodo de 6 a 2 meses” para que el Estado pueda disponer de esos bienes, explicaron desde el oficialismo.
Si bien la norma fue promulgada, aún falta la reglamentación correspondiente. Y vale resaltar que se incluirán bajo ese régimen los vehículos que hayan sido secuestrados desde su puesta en vigencia, en julio del año pasado.
El Artículo 130 de la norma quedó redactado de la siguiente forma, para agilizar el proceso y que el Estado pueda disponer de los vehículos: “En los supuestos de vehículos retenidos que no se encuentren a disposición de la justicia provincial, y que no correspondiera su entrega a quienes alegaren derechos sobre ellos, o en los casos que no cumplan con las exigencias previstas por el Título IV de la presente Ley, en un plazo de dos (2) meses desde su retención, serán puestos en depósito del Ejecutivo Municipal o del titular de Resoluciones Viales”, sostiene la modificación.
Y agrega: “Vencido el plazo establecido en este artículo, se publicarán edictos y transcurridos dos meses sin novedad, podrán ser irrevocablemente cedidos a favor de los Municipios y/o del Ministerio de Seguridad y Justicia, procederse a la compactación y/o lo que disponga la autoridad. La reglamentación dispondrá los mecanismos de entrega y recupero de estos bienes, así como las exigencias de registración, seguros y demás instrumentos legales”.
