Hasta hace algunas horas, Walter Ricardo Bento era uno de los hombres más poderosos de Mendoza: era juez federal y tenía a su cargo la organización de las elecciones nacionales de nuestra provincia. A los 56 años, todo lo que había construido cayó estrepitosamente tras la destitución dictada por el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura.
El 20 de setiembre de 2005 Bento asumió formalmente al frente de Juzgado Federal 1 de Mendoza. Su nombre fue elegido por Néstor Kirchner para ocupar la vacante que había dejado la destitución de Luis Leiva en mayo de 2002. Los que conocen los pasillos del poder, dicen que su nombre fue sugerido al entonces presidente por el operador peronista mendocino Juan Carlos Mazzón. Elegido por el primer Kirchner y votado por un senado con mayoría peronista, nadie puede dudar las cercanías del juez.
A pesar de esa cercanía, a poco de asumir tuvo un desencuentro con el kirchnerismo. A mediados de noviembre de 2005, derivó las causas de violaciones a los derechos humanos a los estrados federales de Córdoba, con el argumento de que lo sucedido en nuestra provincia fue por órdenes impartidas en la jefatura del Tercer Cuerpo de Ejército, que tenía asiento en la provincia mediterránea.
Esta decisión desató el reclamo de familiares y víctimas del proceso militar, quienes incluso llegaron a pedir su juicio político. A fines de diciembre, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó que todo volviera a Mendoza y Bento debió investigar las causas.
Hay quienes señalan que este hecho abrió una grieta con otros magistrados ligados al kirchnerismo y a las causas por memoria, verdad y justicia. Uno de esos magistrados es Dante Vega, quien fue uno de los fiscales de las causas por delitos de lesa humanidad en Mendoza y que hoy lleva adelante la acusación en la causa penal contra Bento, en la que se lo acusa de ser el líder de una asociación ilícita que gestionaba beneficios a imputados a cambio de coimas.
Por esta causa es que Bento quedó detenido, apenas se notificó la destitución del Jury de Enjuiciamiento. El fiscal Vega había pedido la prisión preventiva y había sido otorgada por el juez federal de San Rafael Eduardo Puigdéngolas y por los fueros que tenía el imputado, no había podido cumplirse con la detención.
A fines de 2011, Bento logró fama nacional. El 20 de diciembre de ese año, ordenó desde Mendoza allanar e intervenir la empresa Cablevisión, ubicada en Buenos Aires, por una causa iniciada por el grupo Vila-Manzano, entonces dueños de Supercanal, y en sintonía con los ataques del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner contra el Grupo Clarín.
Todas las actuaciones de ese expediente y luego de casi dos años de tramitación, fueron “rechazados” por nulos por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con serios cuestionamientos sobre el proceder del hoy destituido Bento.
A pesar de aquel traspié inicial en las relaciones con el poder kirchnerista, en julio de 2012, fue el kirchnerismo el que salvó a Bento en el Consejo de la Magistratura. Se debatieron dos denuncias en ese órgano: el allanamiento a la sede central de Cablevisión y la contratación de su esposa para hacer horas extras en la Secretaría Electoral, que estaba a su cargo.
Los votos a favor de desestimar las denuncias fueron de los consejeros Hernán Ordiales (representante del Poder Ejecutivo), Marcelo Fuentes (senador del FPV), Stella Maris Córdoba (diputada del FPV), Carlos Moreno (diputado del FPV) y Manuel Urriza, del sector académico. En contra votaron Alejandro Fargosi y Ricardo Recondo. Mario Fera (representante por la Lista Celeste de los jueces) se abstuvo.
Antes de ser juez, fue empleado de una casa de cambios en Buenos Aires y desde 1992, Bento había sido el secretario penal de Alfredo Manuel Rodríguez, quien estaba a cargo del Juzgado Federal 3 de Mendoza. En ese momento también se casó con su actual esposa, María Isabel Boiza y se instaló en Mendoza.
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