La novela de las impugnaciones en Mendoza para las elecciones primarias del 12 de septiembre han llegado a situaciones inusitadas. Precisamente porque el procesado juez federal con competencia electoral, Walter Bento, extrajo una compulsa penal para que el Ministerio Público Fiscal investigue si el gobernador Rodolfo Suárez incumplió los deberes de funcionario público con su precandidatura a senador nacional suplente y si cometió de esta manera, un delito.
La compulsa ordenada por Bento recayó el domingo a las oficinas correccionales del Ministerio Público Fiscal, donde estaba de turno la cofiscal correccional Juliana Labayrú, quien está en funciones desde hace tan solo dos semanas. No obstante, recién hoy pudo tener acceso a la resolución, ya que el magistrado “mandó una carilla sin copia de la resolución. Estamos tratando de dar con ella para que la fiscal resuelva como corresponde”, destacaron desde Tribunales.
Si bien Labayrú no tiene aún el acuerdo del Senado, ocupó la vacante que se generó en la fiscalía mediante un nombramiento del procurador Alejandro Gullé, ya que ya estaba aprobada por el Consejo de la Magistratura a la espera de que se envíe su pliego a la Cámara Baja de la Legislatura.
Asimismo, si bien se trata de un posible delito contravencional, por tratarse Suárez de un funcionario público, la ley dispone que intervenga la fiscal, el fiscal en jefe y el fiscal adjunto. En este sentido, Labayrú está siendo acompañada en la investigación por el fiscal en jefe de la unidad fiscal correccional, Darío Tagua; y el procurador adjunto en la penal, Gonzalo Nazar.
En Tribunales creen que la denuncia sobre Suárez no llegará a ningún lado, teniendo en cuenta “que se trata de una interpretación del artículo 115 y que además el Gobernador no ha dictado ni resoluciones ni órdenes contrarias a la Constitución”, por lo que se asemejaría más a una “chicana política de la que se prestó el Juez Federal”.
Por otro lado, causó sorpresa también la compulsa de Bento, ya que al igual que el Gobierno Provincial, sostienen que el propio Juez “podría haber resuelto esa denuncia, ya que si bien el posible delito “tiene competencia provincial, la instancia donde se habría producido es en la de las elecciones nacionales, donde sí actúa la Justicia Federal”.
Fue el partido Compromiso Federal, conformado por dirigentes peronistas que no comulgan con el Frente de Todos, en especial con La Cámpora, quienes acusaron a Suárez de violar el artículo 248 del Código Penal, que establece “prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
Según la visión del partido, Suárez “violó el artículo 115 de la Constitución Provincial, que establece que el gobernador tampoco podrá ser electo senador nacional hasta un año después de haber terminado su mandato”.
Más allá que Bento decidió no resolver la cuestión de fondo de la impugnación que se realizó contra Suárez, que es precisamente si se está interpretando bien o no ese artículo 115, sí dio lugar al movimiento de Compromiso Federal, que lidera el dirigente Jorge Pujol, con esa compulsa penal, lo que cayó mal -lógicamente- al Gobierno Provincial, que se despachó en críticas contra el Juez Federal.
