La oposición dialoguista que conforma el radicalismo cerró filas en Mendoza y aportará para la media sanción de la nueva ley ómnibus de Javier Milei, que logró obtener quórum para iniciar su debate en la Cámara de Diputados de la Nación. O sea que, en general, votarán a favor Julio Cobos, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, aunque Cobos volvería a hacer planteos en algunos artículos.
Los tres diputados mendocinos se suman a los cuatro oficialistas. Es decir, Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Lourdes Arrieta. Se agrega Álvaro Martínez, quien tiene un monobloque y juega en tándem con el oficialismo.
La ley tiene un tercio de los artículos que tuvo el primer proyecto que naufragó en Diputados tiempo atrás. Del trabajo en comisiones salió el texto final y quedaron marcadas algunas diferencias entre los diputados mendocinos y el Gobierno Nacional.
Sin embargo, esto no hará peligrar el apoyo local a las reformas que quiere implementar el presidente Milei. En el radicalismo pretenden también que de esta manera “Milei gobierne” y materialice su hoja de ruta.
El domingo hubo reunión de bloque entre los radicales para definir algunas cuestiones, dada la cantidad de temas y matices que hay con los diversos capítulos. Según explicó la diputada Pamela Verasay en diálogo con Radio Jornada, desde Mendoza habrá postura a favor en lo que respecta al proyecto en general.
Es que las dudas rondaban en torno a Julio Cobos, quien en el tratamiento anterior de la Ley Ómnibus, fue uno de los que se desmarcó del resto. “Las disidencias de Julio fueron modificadas”, remarcó la legisladora encolumnada con el gobernador Alfredo Cornejo. Y aclaró que vienen trabajando en conjunto con Lisandro Nieri, el otro legislador cercano al mandatario provincial.
El ex gobernador fue uno de los tildados de “traidor” por Milei cuando naufragó la Ley Bases. “Nunca he visto a un oficialismo hacer las cosas tan mal para hacer una ley, y a una oposición esforzarse tanto para sacar una ley. No se dejaron ayudar”, había dicho en su momento. La delegación de facultades, entre otros puntos, fue el motivo del voto negativo.
Uno de los temas en lo que hará hincapié el radicalismo es en la propuesta de reforma laboral que acercó al Gobierno nacional. Verasay remarcó que el proyecto original presentado desde la Unión Cívica Radical modifica la Ley de Contrato de Trabajo, contribuye a la libertad sindical y a las cuotas sindicales. “Entendemos que hay que modernizar la legislación”, indicó.
A pesar del acuerdo en votar a favor en general, los diputados dialoguistas presionaban para eliminar un artículo que impone multas y sanciones a los trabajadores por bloquear empresas. Querían discutir este punto por separado, argumentando que las condiciones que llevan a los bloqueos pueden escapar al control de los trabajadores y que se debe incluir a los líderes de la CGT y de los gremios en el debate.
El proyecto inicial contemplaba penas de 6 meses a 3 años de cárcel para los bloqueos sindicales. Además, se excluyó un artículo que afectaba los intereses de los sindicatos al no incluir la eliminación de la cuota sindical, lo que llevó al radicalismo a anunciar que presentará un dictamen de disidencia.
“Es positivo trabajar en un fondo de cese o en extender un periodo de prueba, pero la reforma queda a medias si no avanzamos sobre la cuota solidaria, la posibilidad de que los empleados expresamente manifiesten su consentimiento a que parte de su sueldo sea directamente detraído a los efectos de pagar la cuota solidaria”, dijo Nieri en el recinto.
Para el ex ministro de Hacienda, la reforma “queda incompleta si no avanzamos con la disminución de los impuestos al trabajo, así como lo hemos trabajado en el proyecto de ley presentado por la UCR. Queda incompleta si no sancionamos, si no establecemos como un delito el bloqueo a las empresas que sabemos que muchas pymes han tenido que cerrar producto de estos delitos que cometieron algunos”
El tabaco también generó rispideces porque en el proyecto original, el Gobierno nacional lo incluyó pero luego lo retiró. “Vamos a pedir la incorporación del tabaco y gravamen de impuestos internos. Fue puesto por el Gobierno, después retirado y sacado. Frente a las grandes denuncias, nuestro bloque no quiere quedar pegado con ningún lobby”, sostuvo Verasay.
Mendoza y la minería
“Conversamos sobre el régimen y de hecho tuvo varias modificaciones. Dentro del paquete fiscal, en el régimen de inversiones, trabajamos para incluir subetapas”, indicó Verasay. El artículo 170 dentro de las exclusiones del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que establece un monto mínimo de U$S 200 millones, es visto por los mendocinos como una herramienta que apunta, justamente a grandes inversiones.
Y entienden que en Mendoza, con la minería en busca de impulso y a la caza de inversiones, necesita de este régimen, pero con montos más bajos. “No está pensado para las inversiones más chicas que se pueden dar acá en Mendoza, como una bodega, una empresa. Está dejando afuera de esos beneficios que están buenos a posibles inversores que nos vendrían bien”, dicen.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector o subsector productivo o por etapa productiva, iguales o mayores a doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000), también “establecerá el porcentaje del monto mínimo de inversión referido en el párrafo anterior, que deberá completarse durante el primer y segundo año contados desde la fecha de notificación del acto administrativo de aprobación de la solicitud de adhesión y del plan de inversión presentado”.
“Que el Ejecutivo piense el plan, evalúe el plazo y el monto de la inversión. En una sub etapa demandaría menos monto y menos plazo”, acotó Verasay.
Nieri también se refirió a las “grandes inversiones dentro de economías regionales”. Cree que “tienen que tener un tratamiento al menos similar al de las grandes inversiones que establece el régimen de incentivo a las grandes inversiones”.
“Yo creo que es totalmente adecuado el régimen. Tenemos la posibilidad y creo que es una gran oportunidad de que las economías regionales también estén alcanzadas y para eso necesitamos que el monto mínimo necesario sea muchísimo más bajo”, remarcó.
Los planteos de Cobos
Por otra parte, Julio Cobos tiene entre ceja y ceja el aumento de la deducción de Impuesto a las Ganancias de créditos hipotecarios en los que se pueden deducir hasta $20.000. La intención del diputado nacional es que se equipare el monto al que se usa para alquileres, de hasta un 40% deducible con el tope de un millón de pesos.
Cobos reclama la reactivación de la obra pública, comparte los beneficios del sistema público-privada de Chile, pero el problema es que en Argentina no se cumplen las dos condiciones necesarias: seguridad jurídica y estabilidad económica.
“El Estado no puede desentenderse de la obra pública porque es un servicio más como la electricidad y el agua: sin caminos no hay progreso ni desarrollo posible. La infraestructura es la causa y no la consecuencia del desarrollo y es el Estado quien debe motorizar las condiciones para poner la obra en movimiento”, indicó.
