El crimen de Héctor Pelayes (60), el policía retirado que fue asesinado en su casa de Guaymallén por Roberto Rolando Pereyra Cruz (36), quien cursaba una libertad condicional a pesar de haber cometido un homicidio en ocasión de robo anteriormente, puso en el centro del debate a la Justicia provincial y al sistema de seguridad en su conjunto. En este escenario vale revisar cuántas personas llegan a cumplir efectivamente su pena y además qué tiempo de estadía atraviesan intramuros.
Según datos de la Memoria Anual del Servicio Penitenciario 2023, de 3.656 libertades registradas, más del 45% se dio por cumplimiento de la pena. Es decir, fueron 1.645 personas las que llegaron hasta la finalidad de su pena en prisión el año pasado.
Mientras que un 14,25% (520) de los liberados correspondió a recibir prisión en suspenso, otro 13,43% (391) se trató de excarcelaciones, un 6,73% (243) accedió a la libertad condicional -entre ellos Pereyra Cruz-, un 3,28% (119) libertad asistida y el resto se trató de absoluciones, sobreseimientos y suspensiones de juicio a prueba. Vale aclarar que hubo un 12,5% que no fue informado.
Es decir, esas 1.273 personas que no salieron por cumplimiento de la pena quedaron bajo disposición de la Dirección de Promoción y Control del Liberado, denominada recientemente de esa forma a través de la última modificación legislativa que incluyó la creación del Oficial de Libertad Vigilada para fortalecer los seguimientos, especialmente sobre aquellos que cursan libertades condicionales y asistidas (en ese año, 362). Según datos oficiales, son aproximadamente tres mil las personas que están bajo supervisión de este organismo actualmente en Mendoza.
También del informe del Servicio Penitenciario se desprende la clara relación delito-libertad. La mayoría de los liberados permaneció menos de un año detenido, es decir que se trató de delitos leves contra la propiedad, como robos y hurtos. Mientras que los que estuvieron más de 6 años, por delitos intermedios y graves contra la vida humana, son menos del 5%.
El 72% de las personas que obtuvieron la libertad en el año 2023, estuvo detenido menos de un año, seguido por un 19% que estuvo arrestado durante uno y tres años. Mientras que las libertades para personas que estuvieron entre 4 o 5 años detenidos fue del 5% y otro 3%, corresponde a los que permanecieron entre 6 y 10 años. Un porcentaje ínfimo es el de las personas que estuvieron más de 11 años detenidos (0.75%), por delitos graves.
Desde la Justicia provincial manifestaron que la mayoría de esas salidas rápidas de las cárceles están vinculadas a los delitos leves y las ejecuciones menores que podrían otorgarse a un delito intermedio. Por ejemplo, en el caso de un hurto podría implicar una condena de “solo un mes”, mientras que en un delito intermedio como el robo con escalamiento, tiene penas que varían entre 3 a 10 años. Si el juez lo sentencia a 3 años podría quedar en suspenso y salir de la cárcel.
“Hay un alto porcentaje de penas menores e intermedias y hay pocos graves, porque hay pocos delitos graves. La cantidad de homicidios no es idéntica a la cantidad de robos, esto es una realidad. Es mucho más la cantidad de robos contra la propiedad, que ante la vida humana”, aclararon desde el Polo Judicial a este medio.
El juez supremo José Valerio, coordinador del fuero penal, explicó a Los Andes que para obtener la libertad condicional se deben cumplir dos tercios de la aplicación de la primera condena “bajo ciertas condiciones, que son los informes necesarios para poder obtenerla”.
“Hace algunos años se modificó el Código Penal y para algún tipo de delito no se permite la libertad condicional. Eso es lo que está en discusión, no todos están de acuerdo con esa postura de que para delitos determinados pueda prohibirse la libertad condicional”, agregó Valerio sin emitir opinión acerca de la polémica suscitada por la Ley Petri.
Claro, el juez penal Sebastián Sarmiento consideró inconstitucional el artículo 14 del Código Penal para argumentar el beneficio de la libertad condicional que le cedió en abril de 2023 a Pereyra Cruz, sobre quien pesaba una pena de 12 años y 6 meses por un homicidio cometido en febrero del 2016. El sujeto reincidió en el robo y terminó asesinando a Pelayes, perdiendo la vida él también en el cruce de balas.
La ley en cuestión fue aprobada tanto a nivel provincial (en 2012), como a nivel nacional (en 2017). La normativa prohíbe las salidas transitorias y la libertad condicional a condenados por delitos graves, debiendo cumplir la totalidad de la condena en la cárcel.
Vale decir, que la ley Petri establece en su articulado que no se podrán otorgar salidas anticipadas a los condenados por “homicidios, violaciones, por tortura seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas y robo con arma de fuego y en banda”.
Para el juez Sarmiento, según manifestó esta semana en contacto con radio Mdz, “la inclusión arbitraria de determinados delitos sin tener en cuenta todo lo que la persona realiza dentro de una cárcel es inconstitucional, vulnera principios de igualdad, reinserción y proporcionalidad”.
Por su lado, Valerio afirmó que en los casos de reincidencia, es decir cuando una persona ha tenido una pena y la ha cumplido total o parcialmente, si comete otro delito dentro de los plazos establecidos por la ley, “no le corresponde la libertad condicional”.
El juez explicó que la reincidencia es “independiente” a una prisión preventiva, debe haber una condena firme. “Por ejemplo, si alguien tiene una pena de tres años con prisión en suspenso no es reincidente si comete otro delito. La reincidencia es cuando alguien ha sido condenado a pena efectiva y ha cumplido total o parcialmente esa pena en un sistema carcelario”, sostuvo.
La vinculación de los reiterantes
Tal como contó Los Andes, del mismo informe se desprende que más de la mitad de la población carcelaria, cursó una estadía previa en prisión y la mayoría lo hizo en menos de un año, siguiendo la tendencia de las libertades exprés como se vio anteriormente.
Entonces en el año 2023, según el informe anual del Servicio Penitenciario, el 53,95% de la población carcelaria se consideró “reiterante”. Es decir, de 5.991 internos que se registraban en diciembre, unos 3.232 ya habían pasado alguna vez por una detención en prisión. Mientras que el 46,05% ingresó por primera vez.
Desde el Ejecutivo hablan de “reiterantes”, que no es lo mismo que “reincidente”, como señaló Valerio. Porque se incorporan a los procesados, no solo los condenados con pena efectiva. Fueron un 26,5% los que cursaron una prisión preventiva y salieron, entonces.
Sobre el tiempo que llevaron detenidos en el “ingreso anterior”, el 63% estuvo menos de un año (2.032) y solo el 20% estuvo más de 3 años. Mientras que un 17,5% (598) estuvo entre 1 y 3 años y un 19,6% (632) de los reiterantes cursó una estadía anterior de más de 3 años, destacó el informe.
Según explicaron fuentes del Servicio Penitenciario que conduce Eduardo Orellana, que el 63% de los reiterantes hayan cursado su “ingreso anterior” con un paso de menos de un año, está vinculado concretamente con el perfil mayoritario de arrestados por robos y hurtos.
Entonces diferencian a estos internos, que cumplen condenas cortas o solamente procesamientos y recuperan la libertad, con aquel que cursa al menos 3 años en prisión, y por lo general está más abierto a participar de actividades que apunten a reinsertarse socialmente.
También las estadísticas reflejan que de ese universo de 54% de reiterantes, un 24,24% (1452) cursa entre su tercer y quinto ingreso a la cárcel. Mientras que las personas que reiteran por primera vez son un 20,51% (1229). Son escasas las que lo hacen entre seis y nueve veces, un 7,15% (428). Y es un porcentaje ínfimo el que fue detenido más de 10 veces (2,05%).
Existe una fina relación entre el paso fugaz por una cárcel y la incursión en los delitos menores, que hablan de la necesidad de optimizar los controles y también mejorar la asistencia del recién liberado, que muchas veces se encuentra imposibilitado de salir del círculo social que lo rodeó cuando delinquió y termina repitiendo la lógica, entienden desde el Servicio Penitenciario. Aunque, en el caso de Pereyra Cruz resulte paradójico, ya que pasó varios años preso para mejorar su conducta.
