Ordenaron inspeccionar y retirar la caja negra del avión venezolano-iraní que está retenido e Ezeiza, la orden la dio el juez federal Federico Villena para analizar las últimas horas. El Boeing 747 había aterrizado el pasado viernes a la noche en Ezeiza y luego fue inmovilizado. La aeronave estaba sancionada por Estados Unidos pero desde el gobierno aseguraron que no había alertas.
“La caja negra se va a retirar y analizar, puede grabar hasta 120 minutos y será útil para escuchar los últimos diálogos dentro de la cabina”, dijo un experto. Esto también permitirá saber “si hay evidencias que apagó el ‘transponder”, un sistema que transmite información de la aeronave y su altitud.
Con respecto al transponder las autoridades habían desmentido que el avión lo haya tenido apagado: “Se ve en flight radar 24 poniendo la matrícula que están todos los recorridos. Y de todas maneras si eso sucediera se activarían todos los protocolos para buscar en caso de que no aparezca en los radares de acá, que es otro sistema al transporte y EANA siempre vio al avión en sus sistemas”.
El procedimiento se había suspendido ayer pero esta tarde el juez volvió a activarlo. El personal de la empresa Boeing participará de la operación también, ya que son los únicos autorizados para manipular la caja negra. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) no interviene porque es una de las fuerzas investigadas de la causa.
La causa
Actualmente la causa está bajo secreto de sumario, pero según dice el medio Infobae, en las últimas 48 horas se ordenaron 30 medidas de pruebas, entre una de ellas se encontraba la inspección del avión con presencia de autoridades judiciales.
En el avión de Emtrasur viajaron 14 venezolanos y 5 iraníes, todos están imputados pero todavía no han declarado en la justicia. Por ahora, siguen investigando sus antecedentes aunque, según las fuentes de investigación, “Todavía no hay ningún informe concluyente sobre los iraníes”.
“Una de las hipótesis es que vinieron a realizar tareas de inteligencia, no es la única, pero hasta ahora no hay elementos para hablar de una operación terrorista”, aseguran desde fuentes investigativas.
El juez también ordenó peritar los teléfonos y las tablets que les habían secuestrado a los tripulantes. “Algunos aparatos se entregaron a la Policía de la Ciudad y otros a la Policía Federal”, dijo una fuente judicial.
Víctor Pérez Gómez, gerente general de Operaciones de Emtrasur, fue el único de los tripulantes que se presentó ante el juzgado, a través de un escrito. Según Gómez confirma que la carga del avión fue revisada dos veces: el lunes 6 de junio y el miércoles 8. También cuestionó la requisa “exhaustiva” al avión, el viernes 10, con más de 60 efectivos de la PSA y perros especializados para detectar explosivos y drogas.
Pérez Gómez acompañó su presentación con el contrato de compraventa del avión entre Lance Tech General Trading y Conviasa, y un contrato con la empresa Alcux Air Spain, según Infobae. Ese último documento acordaba un vuelo para el 2 de junio desde México y un costo de 600 mil dólares por el traslado. Sin embargo, ese viaje se retrasó debido a que no tenía la autorización de la Agencia Federal de Aviación de México.
