Un grupo de reconocidos juristas mendocinos realizó una presentación ante la Fiscalía de Estado solicitando que tome acciones para “impedir el grave daño inminente que producirá la adjudicación y eventual contratación” de la obra Portezuelo del Viento. Piden que se declare el fracaso de la licitación por el perjuicio al patrimonio provincial que puede ocasionar avanzar con el proceso.
Entre los firmantes se encuentran el destacado abogado, docente y ex legislador, Miguel Mathus Escorihuela; el docente y ex juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde; y el prestigioso abogado especialista en derecho de aguas, Aldo Guarino Arias.
Se dirigen al fiscal de Estado, Fernando Simón, y le expresan que la obra “ha devenido en un severo riesgo de daños al patrimonio público que a Usted la Constitución le ha encomendado defender”.
“Las circunstancias fácticas y jurídicas que llevaron a la planificación, decisión y avance en los trámites para la realización de tan importante emprendimiento hidroeléctrico han sufrido una profunda transformación que obliga a reconsiderar todo lo actuado”, sostienen y aclaran que la continuación del rumbo emprendido “conducen inevitablemente a un severo daño a los intereses y el patrimonio de la Provincia”.
Entre sus argumentos enumeran la inexistencia de distintas ofertas en la licitación que se encuentra en curso, los precios estipulados por la única oferente, la disminución sensible del caudal del Río Grande en los últimos años, el cuestionamiento, cambio y desconocimiento sistemático de las provincias integrantes del COIRCO de sus decisiones y la presencia de diversos reclamos de provincias limítrofes sobre los caudales de las cuencas principales del territorio “obligan a un replanteo de la decisión”.
Suman también los procesos judiciales iniciados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por provincias limítrofes, como el caso de La Pampa, y resaltan que las decisiones que podría tomar el Alto Tribunal abren la posibilidad de una sustancial alteración o interrupción de la ejecución de las obras.
Los juristas hacen hincapié en que las objeciones y riesgos convierten a la obra en “un emprendimiento altamente perjudicial para el patrimonio público y para el futuro del desarrollo provincial” y aseguran que “la licitación en trámite no ha generado por el momento derechos adquiridos a sus participantes por lo que puede ser detenido su procedimiento mediante la declaración de fracaso por falta de ofertas convenientes”.
En este sentido, requieren al Fiscal de Estado la “declaración de fracaso de la licitación pública a fin de impedir la continuación del procedimiento y ordenar la realización de un exhaustivo análisis de las nuevas condiciones fácticas, jurídicas y económicas que impactan sobre los parámetros tenidos en cuenta para la planificación de la obra y que hoy se han visto sustancialmente modificados tornándola en antieconómica y perjudicial para la economía general de la provincia”.
