El procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Luis Alberto Gullé, cuestionó con dureza el proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, que se debate en el Senado, al señalar que no pone el acento donde debiera: el avance hacia la implementación del sistema acusatorio.
Gullé se declaró “preocupado” porque se esté hablando de reforma judicial, porque a su criterio lo que se discute en el Congreso “no es una reforma”.
“Claramente, estamos tratando de solucionar un problema tangible, que existe, que es evidente: hay un claro deterioro [en los tribunales federales]. Pero esto no es una reforma. La reforma empezó con el Código Procesal Penal [sancionado en 2014], que ha quedado demorado”, aseveró.
Al respecto, señaló que la implementación del sistema acusatorio que manda el Código Procesal Penal Federal es "un cambio de paradigma, para salir de un sistema inquisitivo que atenta contra muchísimos principios básicos y elementales; entre otros, con la imparcialidad del juez".
"Me da la impresión de que este proyecto nos hace seguir en el sentido contrario al que queremos ir", sostuvo.
Gullé cuestionó la “ampliación desmedida de jueces, cuando dentro del sistema acusatorio adversarial el papel del juez queda muy reducido, al de juez garante” y dijo: “¡Se necesitan fiscales! Empecemos a transitar de a poco hacia ese rumbo. Necesitamos crear estructuras de investigadores, que vayan entendiendo el sistema”.
Señaló que el sistema acusatorio a implementar “rompe con los pequeños cotos de caza de algunos magistrados” y resaltó que “los jueces, naturalmente, esto les duele bastante”, tras subrayar que en el pasado se desempeñó 26 años como juez de Cámara del Crimen y seis años juez de instrucción.
“El sistema acusatorio requiere de un fiscal proactivo, investigador, que acumule prueba, y en el camino que vamos definitivamente nunca vamos a llegar a eso”, insistió y señaló que “hay un dispendio de recursos a futuro”. ”No vamos a tener qué hacer con todos esos jueces”, aseveró.
Dijo que “se alegan demoras, escasa cantidad de sentencias y aumento de la narcocriminalidad”, argumentos que consideró no válidos para fundamentar el aumento de la cantidad de jueces de instrucción y expresó su acuerdo en que “hay provincias que necesitan una infraestructura mayor de jueces”, pero advirtió que “no tantos”.
“Empecemos a poner el acento donde hay que ponerlo. Invirtamos y gastemos de manera consensuada, escuchemos a las partes, a todos los intervinientes, a los protagonistas de los procesos penales, a los académicos”, planteó.
Mendoza
Gullé dijo que a la reforma judicial hay que encararla de otra manera, “con fiscales que investiguen y que después defiendan sus causas ante los tribunales orales”.
“Eso tenemos que lograr. El ejemplo que les doy es Mendoza, donde el fiscal que investiga es el fiscal que lleva a juicio la causa. Entonces, va a tener que justificar, en juicio, si su investigación es buena o si llegó a juicio sin motivo alguno. Porque es él quien queda mal, él quien queda en falta. A esto tenemos que llegar”, insistió.
Sostuvo que “hay que hacer una reforma integral, no de término medio, porque en dos años no vamos a saber qué hacer con tantos jueces”, y en este sentido también cuestionó al proyecto en lo referido a las subrogancias y se preguntó: “¿Qué van a hacer con sus despachos actuales, cómo van a hacer para tener dos despachos?”.
Gullé aseveró que la Justicia Federal necesita “una reforma a futuro y no en parches” y enfatizó: “Si vamos a gastar, gastemos en pro de lo que buscamos, que es el sistema acusatorio”.
Le respondió Sagasti
Tras la exposición de Gullé, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti resaltó que el Congreso “tiene a cargo la implementación” del Código Procesal Penal Federal y que es una tarea encomendada justamente a una comisión bicameral de la que ella misma es presidenta: la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal.
La senadora del Frente de Todos sostuvo que, justamente, una función de la bicameral es “proponer al Congreso diferentes reglamentaciones” y expresó su beneplácito sobre la coincidencia en la necesidad de avanzar en la aplicación del Código en todo el país, aunque aclaró que, a su criterio, el proyecto en debate no pone en riesgo este cometido.
“Estoy totalmente de acuerdo: necesitamos jueces de garantías ecuánimes y no que sean investigadores y juzgadores. Es sentido común y no puedo creer que la Argentina aún no haya entrado en este sistema. Pero no estoy de acuerdo en que esta reforma vaya en contra: de hecho, por ley se fijará un plazo de 2 años para que en Comodoro Py podamos aplicar el Código Procesal Penal Federal. Me parece algo muy oportuno y muy inteligente, porque, siguiendo los dichos del doctor Gullé, hay muchos magistrados que se oponen porque ya no tendrán rol en la instrucción sino de garantía”, dijo la senadora y dijo que en su comisión están “trabajando mucho para llevar el Código Procesal Penal Federal a Mendoza”.
En este sentido, sostuvo que al proyecto en debate se le realizarán los cambios necesarios para y “todo lo que falte, en miras a esta reforma orgánica de la Justicia pero también para la aplicación del Código Procesal Penal Federal”.
