El Senado dio esta madrugada el primer paso hacia la reforma judicial ideada por el gobierno de Alberto Fernández, al darle media sanción al proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, que ahora será girada a la Cámara de Diputados, donde el Frente de Todos (FDT) no tiene mayoría y deberá negociar duro con la oposición si quiere que la iniciativa se convierta en ley.
El proyecto crea una nueva Justicia Federal Penal cuadruplicando su cantidad de juzgados de primera instancia, porque serán 46: los 12 que funcionan de Comodoro Py, los 11 en lo Penal Económico y otros 23 nuevos.
Fernández tendría la posibilidad, entonces, de nombrar a al menos la mitad de los miembros de la Justicia que decidirá sobre las causas más resonantes del país.
Anoche, en el afán de calmar las aguas que él mismo había agitado, el ultrakirchnerista Oscar Parrilli anunció que del texto del oficialismo se quitaría la cláusula que obligaba a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura eventuales presiones de los poderes “mediáticos”. “Así alejamos fantasmas”, dijo.
Si ya estaba complicado el panorama en Diputados —con los rechazos anticipados de los opositores que, justamente, suelen ayudar al oficialismo a aprobar leyes—, esa palabra, “mediáticos”, que se había agregado a la redacción entre gallos y medianoche a instancias de Parrilli, había terminado de espantar todo posible apoyo a conseguir en la otra cámara.
La discusión en Diputados será larga. Lo anticipó el presidente del cuerpo, Sergio Massa, como abriendo el paraguas a un posible fracaso: dijo que se tomará su tiempo y que invitarán a opinar a una gran cantidad de personas.
Es que Juntos por el Cambio (JPC), el principal espacio de la oposición, le pidió directamente al presidente Fernández por carta que retire la iniciativa. Y después anticiparon sus rechazos el lavagnismo, el schiarettismo, el Frente Progresista santafesino y hasta algunos diputados del interbloque que preside el mendocino José Luis Ramón, que suele apoyar al oficialismo de forma monolítica.
En verdad, nadie pone en duda que es necesaria una reconfiguración de los tribunales federales penales, que en la Capital Federal se ubican en el edificio de la avenida Comodoro Py 2.002, para “evitar el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos”, como dijo el propio presidente Fernández, el 1º de marzo.
Pero el oficialismo y la oposición sí discrepan acerca de la oportunidad de tratar esta iniciativa y, sobre todo, de la redacción del proyecto, diseñado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.
Mientras en FDT creen, en línea con la Casa Rosada, que es conveniente aumentar la cantidad de jueces de Comodoro Py porque así se les licúa su poder, JPC y otros espacios opositores consideran que el único fin de la propuesta del Presidente es garantizar la impunidad sobre las causas de corrupción. Y, en particular, aquellas en que está denunciada la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Con esas diferencias, irreconciliables, se desarrollo el debate en la Cámara Alta sobre este proyecto de ley. La discusión arrancó pasada las 4 de la tarde del jueves y terminó alrededor de las 00.30 de este viernes. Y el proyecto terminó siendo aprobado por 40 votos afirmativos a 26 negativos.
Pero el camino de la reforma judicial es largo y corre a distintas velocidades: ahora no solamente falta la discusión en Diputados sino también que el comité de expertos elegidos por Fernández le presente propuestas para “mejorar el funcionamiento” de la Corte Suprema, del Ministerio Público Fiscal y del Consejo de la Magistratura. Todo ese paquete es lo que se da en llamar reforma judicial.
“Lawfare” y “festival de cargos”
La encargada de presentar el proyecto del FDT, que sufrió cambios respecto de la redacción enviada por el Ejecutivo, fue la ultrakirchnerista María de los Angeles Sacnun, quien condujo el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales (la preside) y Justicia.
“Hemos asistido a una oposición cerrada, que no pretendió generar ningún tipo de cambio en el proyecto que venía del Ejecutivo”, dijo Sacnun.
La santafesina señaló que para el oficialismo la iniciativa sí es oportuna y cuestionó que durante la presidencia de Mauricio Macri “se estableció una mesa judicial”, cuya función era perseguir a “tal o cual juez”, según las conveniencias del poder.
Sacnun, al igual que la mayoría de los oficialistas, dedicó la mayor porción de su discurso no tanto a defender el texto del proyecto sino a cuestionar a la gestión de Cambiemos. En ese marco, acusó a la oposición de sentirse “muy cómoda con esta Justicia” y señaló que “por eso no quiere reformarla”.
En la vereda de enfrente, la encargada de sentar la postura de JPC fue la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien sostuvo que “tanto los senadores del oficialismo como la presidenta del Senado se han sincerado, afirmando que el proyecto no es la reforma judicial en su conjunto sino sólo una parte”, porque, según dijo, “después viene un avance mucho más profundo sobre la Justicia”.
“Con este proyecto se está aprobando un gasto de 6 mil millones de pesos para la Justicia Federal, que atiende a los poderosos y a los que cometen delitos de corrupción”, aseveró y cuestionó que el consejo de expertos esté “integrado por el abogado Carlos Beraldi, que defiende a Cristina Fernández en las causas de corrupción”.
“El proyecto original (del Ejecutivo) creaba 279 cargos, pero después, en el despacho que firmó el oficialismo, se establece que serán creados 908 cargos. Apareció milagrosamente este festival de cargos, que seguramente han estado negociando con aquellos que esperan voten a favor el proyecto en la Cámara de Diputados”, dijo Rodríguez Machado, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Más tarde, el radical mendocino Julio Cobos detalló que con esta iniciativa “se están creando 316 magistrados, 908 nuevos cargos”, en total, y que por el debate en comisiones pasaron “48 expositores, de los cuales 11 hablaron a favor; 8, con críticas; 27, en contra, y 2, nada más, que se dedicaron al informe de las transferencias de la Ciudad de Buenos Aires”.
“No vamos a acompañar porque entendemos que esta reforma es inoportuna; no ha sido consensuada ni política ni socialmente; le falta consistencia; tiene muchas improvisaciones; acarrea un gran costo económico; duplica la cantidad de magistrados sin guardar relación directa con la eficiencia, y no resuelve el problema de Comodoro Py ni el del fuero Contencioso Administrativo”, dijo Cobos.
