Con la media sanción que consiguió el Gobierno en el Senado, de la ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, más conocida como “Reforma Judicial”, ahora el debate llega a la Cámara de Diputados, donde habrá una durísima negociación por parte del oficialismo para lograr los votos necesarios, que por el momento no tiene. Uno de esos es el de un mendocino, José Luis Ramón, quien preside el Interbloque Unidad Federal, que podría ser la llave para que el kirchnerismo consiga la mitad más uno en una eventual votación.
De los 10 diputados nacionales que tiene Mendoza, seis votarán en contra. Son los legisladores de Juntos por el Cambio: Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Claudia Najul, Luis Petri, Federico Zamarbide y Jimena Latorre. En el Frente de Todos, dan por descontados los votos positivos de sus tres diputados: Marisa Uceda, Alejandro Bermejo y Omar Félix, aunque estos dos últimos, consultados por Los Andes, eligieron no dar su punto de vista, un juego de misterio que también prefirió Ramón.
Ramón, la llave del oficialismo
En las últimas votaciones, el líder de Protectora ha acompañado al kirchnerismo y en sus declaraciones ha dado el visto bueno a algunas acciones que prevé la reforma para Mendoza, como una nueva fiscalía especializada en Protección de los Consumidores y Usuarios, a la que muchos señalan como una concesión a él a cambio de su voto.
El oficialismo, que tiene 118 diputados, necesita de 11 aliados más para llegar al quórum, y apunta a los interbloques que están en medio de la grieta, que reúnen a 22 diputados. El de Ramón tiene ocho y al menos seis, entre ellos el legislador por Mendoza, acompañarían la iniciativa. Los restantes votos los buscarán en el Interbloque Federal.
Ramón le dijo a Los Andes que no hablará “hasta que no esté el proyecto en la Cámara baja”, lo que ocurrirá esta semana. Pero en Twitter ha dejado en claro su postura: “Por una Justicia Federal y Republicana. Fiscalías especializadas para los casos de Protección de los Consumidores y Usuarios, del Medio Ambiente y de Procesos Colectivos. No pueden seguir siendo trabajados por fiscales de formación penal”. Luego lanzó: “Debemos avanzar hacia el cumplimiento de la norma en los próximos nombramientos de la estructura judicial”.
En lo que se manifestó en contra fue en la polémica “enmienda Parrilli”, que hablaba sobre el deber de la Justicia de comunicar al Consejo de la Magistratura “cualquier intento de influencia del poder mediático”, tildada por Ramón como una “limitación a la libertad de expresión”. No obstante, el propio senador kirchnerista la sacó finalmente del proyecto votado en el Senado.
Apoyo kirchnerista, ¿apoyo peronista?
Desde el Frente de Todos, la única que ha dado a conocer su postura a favor de la Reforma Judicial ha sido Marisa Uceda, la espada kirchnerista que tiene Mendoza en la Cámara baja. Pero del lado del “peronismo orgánico” hubo silencio ante la consulta.
“Busca hacer más eficiente un fuero que en los últimos 30 años está en deuda con la democracia”, dijo Uceda; aseguró que “complementa” la aplicación del Código Procesal Penal con “más agilidad”.
No obstante, los diputados no kirchneristas, Omar Félix y Alejandro Bermejo, no aceptaron dar su posición a Los Andes. Se cree que acompañarán la iniciativa oficialista, pero desde su entorno aclararon que se trata de un “tema muy delicado” por lo que seguramente antes de dar algún paso, tantearán el humor social que genere el proyecto.
Rechazo de radicales y macristas
Donde no hay dudas es en los diputados de Juntos por el Cambio. Todos dieron sus fundamentos por los cuales tratarán de impedir el tratamiento sobre tablas del proyecto y cuestionaron la “tremenda creación de cargos en medio de la sesión” de Senadores. Recordemos que el jueves a la medianoche, a último momento, el oficialismo sumó 1.300 a los 200 que ya se creaban para dar funcionamiento a los juzgados y las cámaras.
Alfredo Cornejo manifestó que le parece “inoportuna, costosa e innecesaria” y declaró que “la verdadera reforma es la que cambia los procedimientos y no se agregan más jueces y cargos, sino la que agiliza y acorta los tiempos, como se hizo en la Justicia de Mendoza”.
En este sentido, el presidente de la UCR aseguró que la reforma también va a contramano de la implementación del sistema acusatorio, en la que se necesitarán más fiscales y defensores oficiales que jueces para su implementación.
Omar De Marchi, desde el Pro, fue contundente con su rechazo: “Queda claro que no es una reforma judicial, sino un arrebato a la Justicia penal federal para limpiar prontuarios de personas vinculadas a la corrupción. Además, los agregados que se han hecho a última hora dan cuenta de la desesperación por conseguir el voto de algunos legisladores, distribuyendo juzgados, cámaras y secretarías federales por todo el país como si se tratara de una compraventa de votos”.
Luis Petri también disparó munición gruesa, al indicar que el principal objetivo de la reforma es “someter y controlar” la Justicia; “Si no, no se explica por qué le sacan la mitad de la estructura a los juzgados que llevan las causas de corrupción”. Aseguró que “el caballo de Troya es el nombramiento de subrogantes en Comodoro Py”.
Claudia Najul también expresó que “pretenden reformar un poder del Estado sin consenso político y de la sociedad civil que lo sustente. Ninguna mayoría circunstancial puede justificar semejante intervención en la institucionalidad de la democracia”.
Federico Zamarbide, en la misma línea, sostuvo que la reforma es “improvisada” y que “más que mejorar el servicio judicial, apunta a la ‘corpo’ judicial y política, porque aumentando los juzgados implica diluir causas y entrarán subrogantes que dependerán del poder político de turno”.
Por último, Jimena Latorre consideró que no se está pensando en la agenda de la gente y que la reforma “no apunta a resolver los problemas cotidianos”, sino que “se busca una Justicia parcial, de una política de centralización del poder. Es una falta de respeto a la división republicana de poderes”.
