El proyecto minero San Jorge (PSJ) anunció su relanzamiento formal y prometió una inversión inicial de 559 millones de dólares, que le permitirían ingresar al RIGI. El emprendimiento de explotación de cobre, proyectado en Uspallata (Las Heras), inició este 10 de enero su trámite formal, informaron.
La empresa sostuvo que adaptaron el Informe de Impacto Ambiental incorporando los últimos estándares internacionales en sostenibilidad y mejores prácticas de la industria minera. Se trata de cambios a tono de los que el Gobierno provincial defendió para impulsar los proyectos mineros que se aprobaron para Malargüe.
La historia de proyecto San Jorge estuvo signado por la polémica. Hace 11 años fue rechazado por la Legislatura, en medio de la presión social por el cumplimiento de la Ley 7722, pero ahora aseguran que lo modificaron para que llegue a ser aprobado.
“Este proceso incluye la implementación de tecnologías avanzadas en los métodos de producción, lo que asegura una operación más eficiente y responsable con el entorno, alineada con los compromisos del proyecto hacia el desarrollo sostenible y el respeto por la comunidad y el ambiente”, manifestaron.
Hay que recordar que años atrás la empresa pensaba utilizar ácido sulfúrico para la explotación de cobre vía lixiviación. No obstante, luego se viró hacia el método de flotación (separación de los minerales) utilizando xantato.
Como esta sustancia también fue objetada por sectores ambientalistas, desde la empresa decidieron ir directamente a la Justicia en contra del artículo 1 de la ley 7722, ya que, en las restricciones que aparecen en dicho artículo, no solamente se prohíbe la utilización de ácido sulfúrico, mercurio, cianuro, sino que también impide la utilización de “otras sustancias tóxicas”.
En 2021, la Corte Suprema de Justicia declaró parcialmente inconstitucional ese artículo al fundamentar que “al prohibir en los procesos mineros metalíferos el empleo de ‘otras sustancias tóxicas similares’, se aparta del principio de legalidad”. Además, indicaron que en este aspecto “la ley adolece de una gran indeterminación”.
COMPROMISO PRIVADO
“Nuestro compromiso es ser un ejemplo de minería responsable en Argentina. La incorporación de nuevas tecnologías y la alineación con las mejores prácticas globales son pasos fundamentales para cumplir con nuestra visión de trabajar en conjunto con la comunidad, fomentando el desarrollo integral de la región y contribuyendo con los objetivos de la transición energética”, destacaron representantes de PSJ y agregaron: “creemos que están las condiciones dadas para que Mendoza pueda convertirse en una de las primeras provincias productoras de cobre en Argentina”.
Hasta la fecha, el proyecto, que forma parte de la Mesa del Cobre, ha invertido 62 millones de dólares en sondajes de exploración y diversos estudios de ingeniería, y es uno de los pocos proyectos en Argentina que cuenta con 13 años de línea de base ambiental, sostuvieron a través de un comunicado enviado a la prensa.
El proyecto cuenta con una inversión inicial estimada de 559 millones de dólares. La inversión inmediata posterior a la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es de 15 millones de dólares en los primeros 12 meses, prometieron desde PSJ.
Y aseguraron que el período de construcción será de entre 18 y 24 meses. La estimación inicial de la vida útil de la mina es de 16 años, con la posibilidad de una proyección de hasta 27 años, sin considerar los sondajes adicionales que se realicen para la extensión de su vida.
Esto significaría, la creación de empleos directos como indirectos en un total aproximado de 3.900 durante la etapa de construcción y 2.400 en la fase de operación (800 en forma directa y 1600 indirectos), detallaron.
CAUTELA OFICIAL
El Gobierno provincial confirmó la recepción este viernes del informe ambiental por parte de “PSJ cobre mendocino” pero no adelantó ninguna resolución al respecto.
“Se presentó ante la autoridad ambiental minera un informe de impacto ambiental de PSJ. Por lo que que surge de las primeras actuaciones que podemos procesar, porque son 10 tomos que tenemos que cargar y procesar, se trata de una adaptación y adecuación del informe de impacto ambiental para que PSJ produzca cobre en cumplimiento de la normativa ambiental vigente”, señaló el Ministerio de Energía y Ambiente que conduce Jimena Latorre.
El gobernador Alfredo Cornejo había hablado de PSJ en medio de la cumbre minera que se realizó en noviembre en Mendoza. En este contexto, puntualizó que el proyecto tiene aprobada la exploración. Pero aclaró: “no tiene aprobada la explotación y no ha presentado su informe ambiental todavía. Si se apurara ese proyecto, probablemente allí tendríamos, sin dar plazos, una explotación un poco más rápida”. Esto último era en referencia a que los proyectos de exploración lanzados este año podrían derivar en la explotación propiamente dicha entre 2027 y 2028.
Respecto del requisito de la Declaración de Impacto Ambiental, Cornejo señaló en entrevista con Los Andes en diciembre que “si la presenta y cumple los requisitos legales, con la prohibición del ácido sulfúrico, cianuro y demás, deberá hacerse una audiencia pública en Uspallata. Y habrá informes sectoriales”.
“Tienen que cambiar los métodos de explotación y no usar sustancias prohibidas”, remarcó, y opinó que no veía la reactivación del proyecto en “un tiempo corto” o “inmediato”. Habrá que ver si la presentación de este viernes cambia ese pronóstico.
