El Gobierno nacional defendió este miércoles ante el Senado nacional el proyecto que giró al Congreso para establecer un esquema de medidas de emergencia ante los diferentes estadíos de la pandemia de Covid-19 y negó buscar darle “superpoderes” al presidente Alberto Fernández, aunque reconoció que Nación deberá intervenir cuando se alcance una situación de emergencia máxima en cualquier jurisdicción.
Al finalizar las exposiciones de funcionarios y de especialistas, el oficialismo logró darle dictámen al proyecto sin modificaciones y con las firmas sólo del bloque del Frente de Todos. El interbloque de Juntos por el Cambio y uno de los aliados del oficialismo, Juntos Somos Río Negro, decidieron no acompañar. La iniciativa será debatida la semana que viene en sesión especial.
“Lejos de estar con un proyecto para tener superpoderes, es al revés: estamos pasando de un momento en el cual, más allá del diálogo político, las medidas eran adoptabas por el Presidente en acuerdo general con ministros y luego se enviaba al Congreso nacional. En este momento estamos proponiendo una ley marco que tiene que tener razonablemente algunas flexibilidades para poder adoptar medidas adicionales en los momentos de mayor tensión del sistema de salud para evitar que desborde”, dijo Vilma Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica ante el Senado.
Ibarra, que se presentó con la ministra de Salud Carla Vizzotti en el inicio de las deliberaciones en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, se encargó de rechazar varios de los planteos de los referentes de la oposición contra la iniciativa del Gobierno nacional.
Consideró que el proyecto de ley busca establecer un “marco normativo que se vincula no sólo con la Constitución Nacional sino con los tratados de los derechos humanos” y remarcó que el objetivo del Poder Ejecutivo nacional es “establecer que toda la normativa” que se implemente para enfrentar el golpe de la segunda ola del coronavirus “tiene que ser respetuosa de los tratados y de la Constitución Nacional”.
Sin embargo, Ibarra reconoció que se contemplan acciones que “restringen derechos”, sobre todo, para aquellas zonas con mayor riesgo sanitario ante el avance del coronavirus. “Efectivamente estas situaciones son intensas, restringen derechos que estamos acostumbrados a ejercer de forma amplia. Todo el mundo tiene que defender además con mucha razonabilidad su sustento, la posibilidad de trabajar, de criar a sus hijos en las mejores condiciones”, planteó.
El rol de los gobernadores
Cuando el jefe del bloque de Juntos por el Cambio en el Senado, el formoseño Luis Naidenoff, le preguntó respecto a la consulta previa que la Casa Rosada realizará con los gobernadores, la secretaría de Legal y Técnica aclaró que esos contactos no serán vinculantes.
“Cuando el gobierno nacional va a adoptar medidas en forma adicional en situaciones de alto riesgo, si ya no dieron resultado las adoptadas previamente, o en alarma epidemiológica, siempre creemos que nos parece prudente la consulta, el diálogo entre las jurisdicciones pero no se requiere acuerdo o conformidad”, aclaró.
Por lo pronto, la iniciativa oficial establece que los gobernadores tendrán 21 días para tomar medidas tendientes a estabilizar la situación en las zonas más críticas, pero pasado ese período y si la situación no se revirtió, el gobierno nacional podrá intervenir y reforzar restricciones para evitar el colapso del sistema sanitario.
Sin embargo, esa situación forma parte del debate abierto porque el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, no descartó la posibilidad de que se apliquen cambios sobre el proyecto redactado de punta a punta por el Poder Ejecutivo.
Las escuelas
Ibarra también se ocupó de rechazar los planteos contra la suspensión de las clases y señaló que el proyecto se enmarca en lo expuesto recientemente en el fallo de la Corte Suprema ante el reclamo del gobierno porteño por el cierre de las aulas, que indicó que la Nación no puede tomar medidas educativas en las jurisdicciones subnacionales.
“Son medidas que queremos que sean lo más limitadas en el tiempo posible, que se cumplan con fortaleza en su decisión, por eso se pone a consideración del Congreso Nacional, pero no son medidas educativas”, apuntó.
En otro tramo de su exposición, Ibarra se encargó de aclarar que la suspensión de las clases presenciales también es una decisión molesta para la Casa Rosada y que causa “dolor” porque, indicó, “todos queremos tener clases presenciales”.
También desestimó los cuestionamientos de los opositores que afirman que las medidas se toman sin fundamentos epidemiológicos. “Todas las medidas se basan en la experiencia internacional y de las recomendaciones científicas”, dijo y subrayó: “Ninguna nos parece irracional en el marco de situaciones de riesgo”.
“Queremos garantizar cuanto antes la mayor plenitud en el desarrollo de los derechos”, justificó y también negó que el proyecto contemple acciones “inconstitucionales”. “Consideramos que no hay superpoderes”, insistió.
La intención del oficialismo es acelerar el debate del proyecto para tratar de convertirlo en ley antes del 21 de mayo, cuando vencerá el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Fernández prorrogó las restricciones en el AMBA y en otras de las zonas con mayor riesgo epidemiológico.
