La semana pasada llegó a Tribunales Federales de Mendoza el primer rechazo concreto de una organización local contra el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei. Se trata de la Fundación Pedemonte, que interpuso un amparo ambiental con solicitud de medida cautelar contra el artículo 154, que plantea la derogación de la Ley de Tierras (26.737).
Al haber ingresado en el mes de enero, se solicitó mediante el recurso que se habilite la feria para su tratamiento, pero finalmente la jueza Susana Pravata, titular del Juzgado Federal N° 3 y subrogante hasta este lunes del Juzgado Federal N° 2, decidió desestimarlo.
Ahora la fundación ambientalista presidida por Brenda Junín podrá presentar un recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones en busca de revertir ese fallo o bien, esperar hasta el mes de febrero para su tratamiento ordinario. Según pudo saber Los Andes, durante el transcurso de este martes iban a decidir qué camino tomar.
El pasado 20 de diciembre, Milei suscribió en el mega DNU 70/2023 explícitamente que “es menester derogar la Ley N° 26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”.
Esto motivó a la presentación judicial de Fundación Pedemonte, que sostiene que la derogación de la Ley de Tierras podría “comprometer gravemente” el desarrollo, la soberanía nacional y la titularidad del pueblo argentino sobre sus recursos estratégicos no renovables y sus bienes ambientales.
Desde la organización aseguran “la tierra no cuenta solo como productora de alimentos, sino como reservorio de excelencia de agua dulce y minerales cada vez más escasos y necesarios para un desarrollo futuro con equidad. También señalan que Argentina posee una enorme cantidad de kilómetros de frontera y cuencas transfronterizas que perderían seguridad sin la ley, aumentando la vulnerabilidad nacional.
“Pedimos que la Justicia considere la inconstitucionalidad del DNU en el artículo 154, que hace referencia a la derogación de la Ley de Tierras, y de ahí siga el camino correcto. Que se aplique la medida precautoria de las leyes ambientales, dónde un ciudadano puede plantear que se está por provocar un daño ambiental. Entendemos que están desprotegidos los glaciares, bosques, ríos y lagos de gran envergadura”, sostuvo Brenda Junín en diálogo con Los Andes, la semana pasada.
Sin embargo este lunes, la jueza Pravata, en su fallo desestimó que exista alguna “circunstancia apremiante o que importe un riesgo actual o inminente invocado que justifique la habilitación de la feria judicial”
La magistrada explicó que la actuación del Tribunal de Feria es “excepcional, pues está reservada sólo para asuntos que no admiten demora – art. 4º del Reglamento para la Justicia Nacional – y, por lo tanto, procede cuando la falta de un resguardo o de una medida especial, en un momento determinado puede causar u perjuicio irreparablale por el transcurso del tiempo hasta la reanudación de la actividad judicial ordinaria”.
Además, sostuvo que “la genérica invocación de la urgencia en la petición no resulta suficiente para decretar la habilitación solicitada”.
Y consideró que el hecho de que la petición, guarde relación con medidas cautelares “no determina por sí sola, la habilitación de la feria judicial”. Y aseveró que si así fuera, los tribunales de feria “verían desbordada su actividad, por atender, predominantemente medidas precautorias o sus cuestiones conexas, sin consideración alguna a la posible frustración del derecho invocado”.
“En tales condiciones, no advierto la urgencia apuntada por los accionantes, ya que no se ha alegado ni probado la existencia de un riesgo inminente para los ciudadanos, ni la frustración de los derechos alegados”, completó la jueza y comunicó que será estudiado luego del receso correspondiente.
SOBRE FUNDACIÓN PEDEMONTE
La Fundación Pedemonte tiene su sede en El Challao (Las Heras) y se dedica a desarrollar políticas sociales y actividades culturales vinculadas al medio ambiente, sobre todo con el pedemonte mendocino, como referencia su nombre. De hecho, en el año 2018 lograron intervenir el circuito paisajístico de ese distrito lasherino como un “ecomuseo” a cielo abierto, con cartelería educativa sobre flora y fauna nativa, y prevención para su cuidado.
Cuentan con un sello editorial para publicar libros y en los últimos años formaron parte de la Red Nacional de Puntos de Cultura, que impulsó el gobierno de Alberto Fernández. También ganaron concursos que abrió el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) para desarrollar dos documentales: “Pedemonte, dónde el agua nos cuenta una historia” (2019) y “La huella escondida – Memoria e identidad” (2020). Ambos films dirigidos por la presidenta de la organización, Brenda Junín, quien es médica veterinaria y ecóloga médica.
No es la primera vez que esa fundación acude a la Justicia. En el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, también presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal para frenar el remate de las tierras en Campo Los Andes (Tunuyán). Tras un largo litigio, finalmente esto no ocurrió.
