El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, encabezó la presentación del Presupuesto 2023 en el Senado y sostuvo que “para bajar el impuesto inflacionario, lo más importante es bajar el déficit todo lo que sea necesario”, a la vez que consideró que la pauta del 60% para el año próximo es “realista” y que incluso podría ser menor.
Junto a secretarios del equipo económico, Rubinstein abrió el debate de la “ley de leyes” ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, donde la oposición se quejó por la ausencia del ministro Sergio Massa y sembró dudas sobre el plan económico del Gobierno.
La comisión volverá a reunirse este jueves a las 15 y el Frente de Todos intentaría firmar dictamen para llevarlo al recinto, probablemente, dentro de dos semanas.
Rubinstein reconoció que el supuesto del 60% de inflación es “el que despierta más dudas” debido a las estimaciones privadas que hablan “del 90%, del 100% o incluso más”, pero consideró que la previsión del Presupuesto es “realista”.
“Para este año se prevé un déficit primario del 1,9%, lo que nos da la posibilidad de poner una inflación del 60% e incluso menos; la inflación que daría este Presupuesto quizá sea del 40%, 50% o hasta 60%, pero no del 100%”, remarcó el funcionario.
Además, sostuvo que “el desorden fiscal es cuando el déficit es financiado por el impuesto inflacionario, que es el peor de los impuestos: la permanente desvalorización del dinero”. Y agregó que “la emisión monetaria que no tiene contrapartida en una demanda real de dinero es inflacionaria, y esto no es de derecha ni de izquierda, no es ni liberal ni marxista”.
“Para bajar el impuesto inflacionario, lo más importante es bajar el déficit todo lo que sea necesario”, enfatizó el viceministro, y además apuntó que “si tenemos una inflación que puede ser del 60% pero por el desborde es del 100%, las políticas de ingresos tienen que hacer su trabajo para que baje la inflación”.
En tanto, señaló que este Presupuesto es “de transición” hacia el equilibrio e incluso el superávit fiscal, y en ese sentido ponderó “la macroeconomía ordenada de hace 20 años atrás”, donde “la economía crecía robustamente, no nos endeudábamos, acumulábamos reservas y nos sobraban los dólares”.
Los planteos de la oposición
Ante una pregunta del radical Víctor Zimmermann acerca de “si existe realmente un plan de estabilización” y “en qué consiste”, Rubinstein explicó que “estamos en una situación de tomar medidas en distintos frentes que permitan bajar la inflación” y que “un plan de estabilización mucho más duro para bajar la inflación requeriría políticas fiscales más fuertes en términos de eliminar el déficit”.
Zimmermann también consultó por un reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que indica que las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados al proyecto original disponen un aumento del gasto de 567.700 millones de pesos, equivalente a 0,4% del PIB.
Según ese informe, de esos fondos ampliados, 244.413 millones de pesos se destinarán a financiar políticas transversales, en particular programas alimentarios. Pero ese incremento no está contemplado en el primer artículo del Presupuesto, que estipula el gasto total.
Sin embargo, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, descartó que tenga que haber disminuciones de otras erogaciones o nuevo financiamiento para cubrir ese gasto. “Tenemos algunas partidas que están consignadas para afrontar eventuales incrementos en programas sociales o que tienen un componente salarial importante”, aclaró.
El funcionario también destacó la “cláusula gatillo” incorporada en Diputados, que establece que si en agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada supera en un 10% a la meta anual, o si los ingresos superan en un 10% lo previsto, el Poder Ejecutivo deberá enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley determinando el destino de ese excedente de recaudación.
Por su parte, la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) advirtió que los gastos totales de la Administración Pública Nacional aumentarán “un 71,21%”, es decir, por encima de la inflación, y además las remuneraciones se incrementarán en “un 76,7%”, mientras que las transferencias corrientes al sector privado tendrían “solo un 42%” de aumento.
Desde el kirchnerismo, Juliana Di Tullio cargó contra Juntos por el Cambio. “La oposición siempre genera problemas cuando gobierna que después quiere que nosotros resolvamos en el medio de una pandemia y una guerra, y con una deuda fenomenal que está judicializada y que nosotros seguimos considerando ilegítima, y yo creo que criminal, con el pueblo argentino”, lanzó.
