El tribunal oral federal (TOF) 4 postergó para el 24 de febrero el veredicto en el juicio en el que se juzga a Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otra veintena de acusados por presuntas maniobras de lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.
Fuentes judiciales informaron a Télam que debieron agregarse audiencias al juicio y que no concluirá el miércoles 17 como estaba anunciado. Así, recién el 24 de febrero se ofrecerá a los acusados la posibilidad de decir sus últimas palabras en juicio y se dará lectura al veredicto.
Los jueces Néstor Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez emitieron hoy una resolución en la que confirmaron que se agregará una audiencia para la fecha indicada, en la que además habrá espacio para que dos de los imputados concluyan con sus últimas palabras.
La convocatoria a una nueva audiencia se concretó en virtud de “la complejidad de la causa y la necesidad de un conocimiento acabado de cuestiones que hacen a la próxima finalización del juicio oral y público que se viene desarrollando”, indicaron los jueces.
También resaltaron que, a la par de este juicio, deben participar en otras audiencias, correspondientes a los otros procesos en los que les toca intervenir, como también en la preparación de los juicios que se iniciarán próximamente.
El dueño de Austral Construcciones tiene un pedido de 12 años de prisión por parte del fiscal de juicio Abel Córdoba, mientras que su defensa, en su alegato, reclamó la absolución y calificó al caso como un “circo judicial”.
Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación ordenó darle ese beneficio, y sigue las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.
El mayor de ellos, Martín Báez, está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del Tribunal, ante una denuncia por un intento de trasferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.
El hecho ocurrió cuando ya había comenzado el juicio, que todavía era presencial, en la sede de los Tribunales Federales del barrio porteño de Retiro.
El juicio oral comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de 8 meses, pero luego se fueron sumando inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que, finalmente, la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo último hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual, por videoconferencias.
Los jueces darán el veredicto conectados de manera remota desde sus domicilios a través de la plataforma Zoom. Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que instruyó la causa.
En su última intervención durante el juicio, en la audiencia del 30 de diciembre pasado, el empresario aseguró ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”.
La fiscalía reclamó 12 años de prisión para Báez por el delito de lavado de activos y una multa de 2.121 millones de pesos. En cuanto a los hijos del empresario, el ministerio público pidió 9 años de prisión para Martín, 5 para Leandro, y 4 años y seis meses de cárcel para Melina y Luciana.
El fiscal también pidió penas para el contador Daniel Pérez Gadín (8 años), para el abogado Jorge Chueco (8 años), para el valijero arrepentido Leandro Fariña (5 años) y para el financista Federico Eláskar (4 años y seis meses de prisión).
Además, se juzga al exmarido de la actriz Ileana Calabró, Fabián Rossi, que tiene pedido de 5 años de prisión, entre otros acusados.
Todos los juzgados, junto con Báez y su hijo mayor, considerados autores del delito, fueron acusados por el fiscal como presuntos coautores de lavado de activos agravado por haber sido cometido con habitualidad y por haber sido perpetrados por miembros de una banda conformada “para la comisión continuada de los hechos”.
Además, los jueces deberán analizar un planteo fiscal para decomisar todos los bienes que, según la acusación, hayan sido adquiridos a través de los ilícitos, entre ellos estancias, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo. Ocho de los imputados tienen pedido de absolución fiscal.
Por su parte, las defensas de los Báez reclamaron la absolución y nulidad de la causa, mientras que las querellas de la Oficina Anticorrupción, la AFIP y la Unidad de Información Financiera también pidieron condenas de prisión efectiva.
