El juicio contra Walter Bento tuvo un cimbronazo importante al cierre de la última tanda de audiencias pasada. Es que los abogados Martín Ríos y Matías Aramayo, ambos imputados como miembros de la presunta banda que lideraba el exjuez, denunciaron que prestaron colaboración en la causa como arrepentidos bajo presiones del fiscal general Dante Vega.
Después de poner en conocimiento a la Procuración General y anunciarlo ante el Tribunal Oral Federal N° 2, el abogado Pablo Cazabán procedió con sus clientes a radicar la denuncia correspondiente por “violencia institucional” en la Secretaría C del Juzgado Federal N° 1. El expediente fue sorteado y quedó en manos del Juzgado Federal N° 4, a cargo de la jueza Susana Pravata, ya que el juez federal Marcelo Garnica se inhibió de intervenir.
Los denunciantes solicitaron que la causa sea delegada en la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), ya que entienden que al denunciar al fiscal general Vega puede haber influencia sobre cualquier fiscal de instrucción de la región Cuyo.
El giro de los abogados Ríos y Aramayo resulta clave en el debate, porque ambos imputados aportaron datos sobre la presunta banda que lideró Bento y además declararon haber participado activamente en dos de los quince cohechos que forman parte del requerimiento de elevación a juicio. Ahora, su defensa anunció que pedirán la nulidad de sus acuerdos de colaboración y quedará en las juezas la valoración que hagan de sus aportes.
“Se va a pedir la nulidad del acuerdo de arrepentido y de esas indagatorias. Y todos los actos consecuentes”, afirmó el abogado Cazabán en diálogo con Los Andes. Además, indicó que Ríos y Aramayo pondrán en conocimiento “formalmente el contenido de la denuncia” cuando “declaren en el debate”.
Es decir, van a prestar declaración indagatoria, aunque no precisó fechas específicas. A la vez, el abogado descartó que sus testimonios estén sujetos a un avance paralelo de la denuncia radicada. Cazabán indicó que una de las presiones más groseras que sufrieron sus defendidos fue “abordar a las esposas de los imputados a los fines de que accedieran a hacer un acuerdo de arrepentido”.
“Es una matriz de presión que se repite a lo largo de toda la causa en otros casos”, sostuvo y aseguró que recibieron amenazas a través de ellas, de que irían presos si no se acogían a esa figura, “cuando eran delitos totalmente excarcelables”.
Cazabán explicó que un imputado “no puede incurrir en un falso testimonio” como sucede con los testigos y aclaró que la Ley del Arrepentido establece en un artículo de “dudosa constitucionalidad”, que aquel que mintiese en la realización de un acuerdo, arriesga una pena desde 4 años.
“El tema es el siguiente, el supuesto que prevé la ley es cuando la mentira es voluntaria y acá hubo coacciones. Entonces, en un estado de necesidad no se le puede hacer juicio o reproche respecto a eso, entonces no aplicaría ese artículo de la ley de arrepentido”, sostuvo.
Además, indicó que “no hay ningún motivo” para que sus defendidos reciban una prisión preventiva, en caso de que el tribunal no avale el argumento de la coacción. “No han obstruido el proceso ni hay riesgo de fuga, para nada”, manifestó.
Cabe señalar que los acuerdos de colaboración que prestaron ambos imputados fueron filmados con participación de sus defensores y ya fueron expuestos en el debate. Además, a raíz de los dichos de Ríos y Aramayo los investigadores comprobaron vínculos entre ellos con el fallecido Diego Aliaga, el abogado Luciano Ortego y el narcofinancista Walter Bardinella Donoso, protagonistas claves de la presunta asociación ilícita que lideró Bento. Son dos ejes para que la Fiscalía no retroceda en su posición.
En tanto, Cazabán al igual que la defensa del exjuez, entiende que “no se ha podido acreditar ningún hecho” durante el debate en marcha. Es decir, ni los sobornos por los que están acusados cada uno de los abogados que afirmaron haberlos realizado. Entonces, quedará a valoración de las juezas que integran el tribunal si la marcha atrás de los imputados como miembros de la banda es válida o se trata de una estrategia para “embarrar” la cancha, como ha sucedido con otros acusados.
A todo esto, Cazabán es el único abogado defensor que logró sumarse un “poroto” en el transcurso del debate. En mayo pasado uno de sus representados, el excomisario Gabriel Moschetti (sindicado como miembro policial de la banda), accedió a la libertad tras el cese de su prisión preventiva, dictado por el TOF N° 2 en acuerdo con el Ministerio Público Fiscal.
