Frente a la presentación que realizó un grupo de ex funcionarios de Jorge Omar Giménez, que le reclama al municipio de San Martín el pago por “vacaciones no tomadas” y a petición del intendente Raúl Rufeil, el Concejo Deliberante derogó la polémica ordenanza 1703/99 que habilitaba a los políticos a realizar los reclamos.
En su momento, la secretaria de Hacienda, Elisabeth Crescitelli, aseguró que en San Martín y en medio de la pandemia, “hay otras prioridades en qué invertir y –justamente- no es pagar vacaciones a ex funcionarios”.
Hay que recordar que el reclamo fue realizado por unos 25 ex funcionarios de la anterior gestión que presentaron a la Comuna el reclamo del pago de “vacaciones no tomadas”, montos que varían entre los $50.000 y los $140.000 por cada uno de ellos.
“La posición del Municipio es, por supuesto, priorizar el bien común, el bien general por sobre lo particular y consideramos que no están dadas las condiciones legítimas, para una verificación exacta de los días trabajados durante el año, para así poder ejercer el derecho de cobro de vacaciones”, dijo Crescitelli en su momento y subrayó: “Si no puedo verificar con exactitud qué vacaciones le corresponden a un funcionario político, que cumple una función diferente a la del personal de planta, no voy a ser yo quien extienda un cheque, a menos que la Justicia me lo requiera”.
En ese contexto y con los dictámenes de la Asesoría Letrada y la Secretaría de Hacienda, el intendente Raúl Rufeil elevó al Concejo Deliberante el pedido para que la ordenanza que habilitaba el reclamo fuese finalmente derogada.
La votación fue corolario de la extensa sesión en la que se atendió la iniciativa del Ejecutivo municipal y la votación final por la derogación del régimen de vacaciones de funcionarios fuera de escala resultó con 8 votos a favor y 4 en contra del Frente de Todos - PJ.
Daniel Llaver, presidente del Concejo observó, desde su banca de concejal del Frente Cambia Mendoza – UCR que “nuestro deber es darle una señal clara a la sociedad; estamos debatiendo la magnitud de los sueldos, la escasez de los recursos y surge esta situación que es inédita. Lo que se trata acá es ver si una norma es buena o es mala y vemos que va a perjudicar a las arcas del municipio y para lo único que ha servido es para proteger a los funcionarios. Honestamente y a título personal creo que no es necesario que se haga una norma que regule las licencias de los funcionarios”, completó.
