La polémica por las fotomultas parecía cosa del pasado en Mendoza, pero no. En el este profundo, más precisamente en Santa Rosa, se mantienen en pie sistemas de cámaras y sensores para el control vehicular que derivan en multas de hasta 54.000 pesos. Se labran alrededor de 40 al mes.
Por ahora, Flor Destéfanis, intendenta peronista del municipio, tiene dos dispositivos en funcionamiento. Pero no será por mucho tiempo ya que busca sumar 12 más para control de velocidad en la ruta 7, los cuáles podrían activarse en febrero.
Las dos cámaras fijas en funcionamiento desempeñan funciones distintas: el primero detecta infracciones al pasar semáforos en rojo o al invadir la senda peatonal. Mientras que el segundo actúa como sensor para controlar el peso de vehículos de carga.
El primero de los nombrados, posiblemente uno de los más discretos que hubo y hay en la provincia, funciona desde marzo del año pasado. Está ubicado en la Ruta 50 a la altura del semáforo que controla el acceso a Las Catitas, a escasos metros del monumento a Leonardo Favio. Afecta a la gente que va desde el sur hacia el Gran Mendoza, o viceversa.
Ezequiel Quiles, concejal de Cambia Mendoza Santa Rosa, contó a este diario que “no hay señalización que advierta de la cámara”.
“Todos los camiones y todos los vehículos particulares tienen que pasar por ese semáforo. Y como es un semáforo puesto en un lugar muy amplio, por la zona, o porque en ese momento no transita nadie, a veces pasan en rojo”, contó el concejal.
Además, contó que se han reunido para reclamar por la falta de carteles: “Tuvimos una reunión y les pedimos que se colocara señalización en el semáforo, pero hasta el día de hoy esa señalización no está”.
El dispositivo cuenta con una cámara fija que detecta a los conductores que cruzan el semáforo en rojo o que pisan la senda peatonal. Posteriormente, identifica la patente y procede a generar un documento en el sistema para que luego le llegue al domicilio del infractor.
A pesar de la insistencia de Los Andes, la intendenta Destéfanis no atendió las consultas por las fotomultas; además, nadie del gabinete quiso precisar información sobre el sistema aplicado en la comuna.
Sin embargo, la jueza municipal de tránsito de Santa Rosa, Gisel Abu Nassar, reveló que hay 40 infracciones en promedio por mes. Pero que cuando empezó a funcionar imponían 100 multas mensuales.
Al contraventor le llega la sanción a su casa con un link para acceder al video que captó el radar; desde ese momento, la persona tiene 10 días hábiles para pagar de forma “voluntaria”, si lo hace dentro del período estipulado se le aplica un descuento del 50%.
En caso de que el transgresor no esté de acuerdo, tiene la oportunidad de presentar un descargo para justificar la conducta sancionada. Y en ese caso será Abu Nassar quien escuche los argumentos y decida si absolver o mantener la multa.
El monto de la multa es establecido por la ley provincial de tránsito 9024 que estipula como falta gravísima cruzar un semáforo en rojo. En el cuerpo de la ley se aclara que el valor por esta falta es de 1000 Unidades Fijas, con un costo establecido de 54 pesos por UF, el valor de la multa asciende a los 54.000 pesos. Sin embargo, está la posibilidad de pagar dentro de los 10 días hábiles y el monto se reduce al 50% (27.000 pesos)
Es importante destacar que el cargo que tiene Abu Nassar es designado por la municipalidad, con aprobación del Concejo Deliberante. En virtud de las facultades concedidas por el artículo 71 de la ley de tránsito provincial es quien dirime cuándo un infractor realiza un descargo.
“Hay casos de personas que alegan que pasaron en rojo porque era de madrugada, o que el radar lo tomó mal, o distintos justificativos en los que yo voy decidiendo si absolver o mantener la multa”, precisó la jueza.
Otro sensor
Otra forma de sanción que implementó el municipio es un sensor que controla el peso de la carga que llevan los camiones. Al pasar por calle Uriburu de Las Catitas, antes de llegar a La Costanera, el perceptor controla que el vehículo no exceda las 18 toneladas de peso.
“Uriburu es una calle de apenas 100 metros, pero que los camiones de tránsito pesado se desvían por esa calle. Tiene un cartel al ingreso que dice prohibido el tránsito pesado, pero resulta que el GPS marca que la ruta es por ahí y ahí le toma la fotomulta”, precisó Quiles.
En este caso, cuando excede la multa es considerada grave y el costo es de 550 UF, es decir, 29.700 pesos.
Según la jueza municipal, basándose en la experiencia con las multas ya implementadas el 60% opta por el pago voluntario.
Los dos proyectos de controles vehiculares fueron impulsados por la ex intendenta radical durante su gestión (2017-2019), Norma Trigo quien asumió luego de la renuncia de Sergio Salgado. El convenio para ponerlo en funcionamiento fue aprobado por unanimidad en 2023 con Destéfanis al mando.
En la ruta 7
Destéfanis obtuvo la homologación nacional para colocar doce radares de velocidad. Para que estén en funcionamiento resta únicamente la autorización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El problema que tienen es que el INTI aún no designa los nuevos funcionarios a cargo, y por ello, es que se demora la puesta en funcionamiento de los dispositivos.
Estarán ubicados a la altura del kilómetro 966, 954 y 941 de la Ruta Nacional 7 en sentido ascendente y descendente. En cada uno de estos puntos habrán cuatro radares.
El máximo de velocidad permitido será de 110 kilómetros por hora, en caso de excederse la multa al ser gravísima tendrá un valor total de 1000 UF, es decir, 54.000 pesos.
Para justificar la implementación de esta docena de radares, la Jueza de Tránsito explicó que el municipio no cuenta con un hospital de alta complejidad. “Más allá de lo que se habla sobre la recaudación, la justificación fue la falta de medios para afrontar los siniestros y el número alto que existía”, comentó ante la consulta de este diario.
Por su parte, la intendenta, en un informe técnico que realizó para pedir la homologación de los cinemómetros especificó que en la Ruta 7 entre Las Catitas y La Dormida en el año 2019 se contabilizaron 17 siniestros viales; en 2020 la cifra ascendió a 21 accidentes.
Los radares están preparados para capturar únicamente la velocidad del vehículo. El mecanismo de funcionamiento es el mismo que el de los semáforos: graba un video que luego es adjuntado a la multa que le llega al domicilio del infractor.
Qué pasó con las fotomultas en Las Heras
Las Heras fue el último departamento que tuvo fotomultas de tránsito. Daniel Orozco el ex intendente lasherino las impulsó en 2019, cuando recién comenzaba su gestión.
La medida fue polémica. Durante los cuatros años que estuvo en funcionamiento fue criticada por la oposición por “perseguir fines recaudatorios”; el municipio, llegó a tener un total de 61 sensores de controles de semáforos y 22 cinemómetros.
En 2023, en plena campaña electoral, Orozco prometió quitarlas, pero Francisco Lo Presti, quien ahora es intendente de Las Heras tras romper su relación con el exjefe comunal, pone en duda que haya cumplido: “Después de junio y hasta una semana antes de que asumiéramos hay denuncias de vecinos que les siguieron llegando multas”.
Lo Presti aseguró a Los Andes que apenas asumieron se aseguraron de que estén todas dadas de baja.
El acuerdo con la empresa que tiene la concesión, Vial Control S.A, fue realizado por Orozco. El municipio firmó un contrato con vigencia hasta mayo de 2024. Sin embargo, el actual intendente busca rescindir ese contrato lo antes posible.
La empresa le pidió al municipio mantener las fotomultas en aquellos sectores con mayores incidentes. “Todavía no tomamos una decisión tras el informe de quien tiene la concesión”, advirtió, pero brindó tranquilidad a los vecinos y aseguró que “casi no hay posibilidades de que aceptemos la propuesta”.
El contrato implica que la empresa se quede con 40% del monto de la multas, las que actualmente no se están aplicando.
“No vamos a tomar una decisión que perjudique al municipio”, dijo Lo Presti. Y prometió que la rescisión del contrato tendrá “costo cero” ya que “el municipio tiene algunas deudas con la empresa y ellos con el municipio, vamos a buscar saldar de esa forma”.
Cuándo empezaron las fotomultas en Mendoza
El comienzo de las fotomultas en Mendoza hay que situarlo en 2015, momento en que el ex intendente peronista de San Martín, Jorge Giménez, las implementó sobre la Ruta 7.
Durante los seis años que funcionaron fueron resistidas por los vecinos ya que, entre otras cosas, no contaban con la homologación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), y además denunciaban irregularidades en el funcionamiento. Posteriormente, en 2021, el sucesor de Giménez, Raúl Rufeil, decidió quitarlas.
Otro hito fue en noviembre de 2017, cuando se sancionó la ley de tránsito provincial que facultó a los municipios para que ejercieran “la función jurisdiccional vial” y determinó que los municipios tuvieran juzgados administrativos municipales de tránsito y cuerpos municipales de tránsito en un plazo de 12 meses. A partir de ello, se utilizó la función que la ley exige a los municipios como una justificación para la implementación de los dispositivos.
