La Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe prevé solicitar la intervención judicial de Vicentin SAIC y la conformación de un “Órgano de Intervención” que se encargue de la administración durante el plazo que dure el proceso, al argumentar que los integrantes del directorio “no resultan idóneos para conducir la compleja situación”.
La presentación anunciada por gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, desde la residencia de Olivos, tras entregarle al presidente Alberto Fernández su proyecto, resultaría una instancia superadora de la actual situación planteada tras la intervención dispuesta por Decreto de Necesidad y Urgencia por parte del Gobierno nacional, ya que no incluye la expropiación.
El escrito preparado por la inspectora general de Personas Jurídicas, María Victoria Stratta, plantea al juez que lleva adelante el proceso concursal de Vicentin, que disponga “la intervención judicial” de la empresa y la “conformación de un Órgano de Intervención” a través de tres personas para que intervengan en el proceso del concurso de acreedores.
Sobre el alcance de la intervención, expone que “se trata de asumir las funciones de administración y representación, desplazando al directorio”.
Es decir, una resolución que daría marcha atrás a lo dispuesto hoy por el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista Fabián Lorenzini, quien hoy restituyó la administración a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores del Ejecutivo.
Para integrar ese nuevo Órgano de Intervención, la provincia de Santa Fe a través de la Inspección propone que se designen Roberto Gabriel Delgado -como presidente del cuerpo colegiado- y Luciano Zarich -en su momento designados interventores por el presidente Alberto Fernández mediante el DNU 552, y que se sume Alejandro Alberto Bento.
“La intervención se ordenará por el plazo que transcurra hasta la conclusión del concurso preventivo mediante la homologación del acuerdo preventivo al que se aspira a arribar”, plantea la propuesta en la que “se le atribuyen a la intervención las funciones de administración y representación societaria que la ley y el estatuto confieren al directorio y a su presidente”.
Ente los argumentos que esgrime Stratta se destaca que Vicentín “explota un importante número de empresas en la provincia de Santa Fe; su actividad está ligada al desarrollo regional, más allá de la extensión del volumen de sus negocios y establecimientos nacionales e internacionales”.
En ese contexto, el análisis “de la conformación del activo y el pasivo que denuncia indica que para evitar -a través de la solución concursal- la liquidación, resulta imprescindible contar con el flujo de fondos que genere su giro empresario”, y esa obtención de recursos “está directamente ligada a la función de administración societaria, que es la de gestión”.
“Existe un entramado societario que requiere control, y los actuales integrantes del directorio no resultan idóneos para conducir la compleja situación”, argumentó la representante del gobierno santafesino.
Según la postura de Stratta, “el Decreto 522/2020 del Poder Ejecutivo Nacional tiene una vigencia temporal muy breve, que no permite la adecuada protección de los intereses en juego”, lo que justifica el pedido de una intervención más amplia “hasta la conclusión del concurso preventivo”.
“El interés público que fundamenta ese cometido está presente de modo evidente y con múltiples manifestaciones: aspectos societarios propiamente dichos pero también productivos, laborales, sociales, demográficos y ambientales, entre otros a los que más adelante se hace mención”, reseñó
Al justificar el pedido de intervención por parte directa de la provincia, el escrito resalta que “gran parte de sus acreedores son productores agropecuarios y proveedores de bienes y servicios con radicación en la Provincia de Santa Fe, cuya suerte también está comprometida”.
