El gremio de los funcionarios judiciales de la provincia mantiene una fuerte medida de fuerza contra el Gobierno Provincial y finalizará el año con paros en el servicio de justicia en reclamo por mejoras salariales en las paritarias. Hasta el momento, si se descuentan paros y asuetos, van 12 días de paro sólo en el mes de diciembre y se mantendrá la situación hasta el viernes inclusive, por lo que este número llegará a 14.
Desde el gremio manifestaron que a pesar de que en enero arranca la feria judicial, el conflicto y las medidas “persistirán en febrero”, mientras que en el Poder Ejecutivo señalaron que “se agotaron todas las instancias de diálogo” y agregaron que ya no hay negociación en curso. Desde la Suprema Corte adelantaron que se efectivizarán los descuentos en los bonos de sueldo de enero y marcaron que en algunos casos las quitas “podrían llegar a los $100.000″, particularmente a los trabajadores que se hayan plegado a todas las medidas de fuerza y tengan salarios promedios superiores a los $200.000.
Por otro lado, en el Poder Judicial admitieron que la medida de fuerza “se ha sentido” en las diferentes áreas, pero aseguraron que “no está paralizado” el servicio de Justicia. En el gremio indicaron que la medida de fuerza ha tenido un acatamiento que ronda el 60% y 80%; mientras que los relevamientos del Poder Judicial muestran un número menor, que tiene un promedio del 40%. Los funcionarios judiciales son 1.200 en total, según indicó el sindicato que los agrupa.
“Todos los gremios aceptaron los ofrecimientos menos ellos. Al momento no hay negociación ni fecha para sentarse”, manifestaron este martes a Los Andes desde el Gobierno, que entienden que lograrán torcer el brazo del gremio, a sabiendas que en enero comenzará la feria judicial, y recién volverá el funcionamiento completo el primer día hábil de febrero.
Largo conflicto
Lo cierto es que la situación entre los funcionarios judiciales y el Gobierno ha sido cada vez más tensionante y no parece haber optimismo por parte de un gremio al cual se le ha notificado que el último aumento que se ofreció, en el cual se planteó una suba del 9% en el mes de diciembre, no será dado por decreto, por lo que sólo se hará efectivo si el gremio firma el convenio.
Además del 9% de aumento a diciembre, la propuesta contempla un bono de $20.000 a pagar en enero a aquellos trabajadores con salarios brutos que no superen los $231.600, más una suba del 10% al 13% en lo que corresponde al adicional 3422 de los funcionarios judiciales. Para el Gobierno, se está haciendo efectiva una suba salarial del 92% en promedio interanual. No obstante, desde el sindicato indican que ese incremento llega solamente al 82% y que este 2022 se está cerrando “el tercer mes consecutivo en el que no hay recomposición salarial, sino que se pierde otra vez contra la inflación”.
En diálogo con Los Andes, Jorge Lucas, secretario adjunto del gremio de los funcionarios judiciales, comentó que en los últimos 3 años todos los trabajadores “han perdido contra la inflación de manera sostenida” y también agregó que la brecha entre los funcionarios y los magistrados “es cada vez mayor”.
“En 2020 no tuvimos paritarias y hubo una inflación del 36%. En 2021 cerramos 10 puntos por debajo de la inflación; y este 2022 nos pone, si tenemos una estimación del 97% anual, en 15 puntos por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se trata de un atraso del 50% en 3 años”, manifestó.
Además, recordó que hace algunos años “los funcionarios judiciales llegaban a cobrar el 75% de lo que percibía un magistrado; pero hoy apenas es un 25%. La relación está 4 a 1 y cada vez es mayor la brecha”, comentó Lucas.
Lo cierto es que esta semana se cerrará el año con paros de los funcionarios judiciales; y se aguarda que luego de la feria de enero, persistan las medidas en febrero.
Según explicó Marcelo Fekonja, secretario general del gremio, casi el 90% de los funcionarios y funcionarias que se encuentran ubicados entre la Clase 1 y la 7, son profesionales. Además de Secretearios, Prosecretarios, hay otros profesionales porque el título es excluyente para determinados cargos. Hay contadores, abogados, psicólogos, asistentes sociales, médicos porque realizan dictámenes técnicos. “No hacemos trabajo administrativo”, destacó.
Complicaciones
Por otro lado, es una realidad que el servicio de Justicia se ha visto afectado y ralentizado en los últimos días, según confirmaron desde el Poder Judicial, aunque negaron también que haya habido una “paralización” como argumenta el gremio.
Por otro lado, Pablo Teixidor, representante del Colegio de Abogados ante la Federación Argentina de Abogados y miembro del Consejo de la Magistratura en representación de los abogados, manifestó que si bien comprenden la situación de los funcionarios que se está viviendo, y que además es válido el reclamo por una mejor recomposición salarial, entienden que “no debería ser la opción de la medida de fuerza”, sino que es necesario “más diálogo”.
Es por eso que la presidenta del Colegio, Andrea Maturana, con preocupación solicitó una audiencia con el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, para intentar recomponer la situación.
Respecto al servicio de Justicia, el letrado afirmó que sí se ha visto resentido, y que hay varios tribunales que están “prorrogando resoluciones judiciales de mero trámite hasta que se resuelvan los conflictos”, sobre todo con los trabajos que no se están realizando por parte de secretarios, prosecretarios u oficiales de Justicia, lo que dificulta el proceso para el ciudadano.
“Algunos no pueden correr traslado para notificar, o generar proveidos para que una persona pueda cobrar. El funcionario es una herramienta importante, ya que todo lo que no corresponde a sentencias, como por ejemplo los autos, son los que no se están haciendo. Sí vemos que igualemente hay jueces que realizan las resoluciones o empoderan a un auxiliar, pero otros no asumen las responsabilidades”, aclaró Teixidor, quien manifestó que el conflicto “no es menor”.
En tanto, respecto de los atrasos, consideró que la Justicia de Familia es la que más problemas está teniendo, ya que algunos proveídos que tienen que ver con la manutención de niños o medidas de protección se pueden ver atrasadas, aunque de igual manera agregó que en la mayoría de los casos los jueces “han suplido estas situaciones”.
No obstante, otra área complicada es la del Cuerpo Médico Forense, de la cual de 13 peritos que se desempeñan, solamente están prestando funciones dos jefes, sobre todo para los casos urgentes, mientras que una trabajadora ad hoc más también está en funciones “porque todavía no tiene el pase a funcionaria y está catalogada como empleada judicial”.
“Hay entre un 80 y 85% de acatamiento al paro, entre los que hay médicos, psicólogos, psiquiatras, bioquímicos, peritos calígrafos y peritos contadores que se han plegado al paro. Somos personal calificado capaces de instruir a la Justicia en ámbitos en donde los magistrados no se desenvuelven”, manifestaron desde el organismo, quienes no sólo piden recomposición salarial, sino también un “reconocimiento de cargos y labores como personal de salud, pases a planta permanente de interinos y ad hoc, reasignación de clases y reescalafonamiento y reconocimiento de especialidades y formación profesional”.
En este sentido, acotaron que un funcionario que recién se inicia tiene un salario que ronda los $150.000, lo que “empata a duras penas el valor de la Canasta Básica”. También aseguraron que son los peritos “peores pagos a nivel nacional”, y aseguraron que provincias vecinas, como San Juan “nos doblan en salario”.
Sobre este punto, en el Poder Judicial acotaron que más allá de que sí haya un servicio resentido, las guardias “están siendo cubiertas”.
Asimismo, hay quienes entienden que la lucha de Fekonja “está siendo bastante virulenta y con poco ánimo al diálogo. Sí es cierto que se merecen una reompensa salarial mayor, pero los modos quizás no son los mejores”. El propio gremialista, comentó a Los Andes que ya presentaron 4 propuestas de aumentos salariales, aunque no hay todavía una respuesta. En tanto, desde la Subsecretaría de Trabajo, aseguraron que se han ensayado “distintas fórmulas, pero por ahora, sin acuerdo”.
