La avanzada del kirchnerismo para remover a los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli de los tribunales que entienden en casos de corrupción y, ahora, contra la propia Corte Suprema de Justicia disparó rechazos dentro y fuera de la Argentina.
La editorial “Los jueces no se tocan” publicada por el diario El País, de España, fustiga la maniobra contra los tres magistrados. “La separación de poderes es fundamental en el armazón institucional democrático y aunque el presidente, Alberto Fernández, asegure que de lo que se trata es de restaurar ‘el orden perdido’, es difícil no interpretar este movimiento como una interferencia en la labor judicial y un intento, más bien brusco, de evitar que su Vicepresidenta tenga que dar explicaciones ante la justicia por unos hechos debidamente investigados como tendría que hacer cualquier otro ciudadano”, señala.
Para el diario español, la reforma judicial que empuja el Gobierno “debería ser fruto de un gran acuerdo político nacional so pena de arrojar una importante sombra sobre el edificio institucional argentino”.
La columna fue publicada el 1 de octubre, pero recién trascendió ayer en la Argentina. Casi al mismo tiempo un grupo de 250 empresarios que conforman el espacio “Nuestra voz”, expresó su preocupación por el embate contra la Justicia.
“Ningún interés personal debe prevalecer sobre el bien común de TODOS los argentinos. La Corte Suprema de 5 JUECES UNIDA, enriquecida con diferentes miradas y, ejerciendo el supremo deber de hacer respetar la ley y la Constitución, son clave para sustentar y fortalecer la República” dice el mensaje.
En “Nuestra voz” están Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant), Marcos Galperín (Mercado Libre), Javier Goñi (Ledesma), Juan Lafosse (AlMundo), Gabriel Martino (HSBC), Roberto Murchinson (Murchinson), Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Rosario Altgelt (Latam), Sergio Kaufman (Accenture), Diego Bekerman (Microsoft), Federico Procaccini (OpenBank), Emiliano Kargieman (Satellogic), Gastón Remy (Vista), José Demiceli (Adblick), Martín Cabrales (Cabrales), y el cineasta Juan Campanella.
Desde hace poco más de dos meses, el Frente de Todos viene desplegando su estrategia para remover a los tres magistrados, que logró el aval del Senado el 16 de setiembre.
El pedido de “per saltum” a la Corte admitido el martes de la semana pasada por el tribunal desató una ofensiva K contra el Máximo Tribunal.
Este fin de semana la diputada Vanesa Siley presentó un pedido de juicio político contra el titular de la Corte, Carlos Ronsenkrantz, y ayer el diputado, Leopoldo Moreau, dijo que “el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Esta es una Corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”.
Rosenkrantz: “Soy blanco de una campaña de desprestigio”
“Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio... Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, dijo el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, en una misiva que remitió a varios medios porteños.
El magistrado señala que lo acusan de tener “nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales… La imputación no solo es falsa, sino completamente disparatada”.
Respecto del pedido de juicio político, en el que se denuncia que avaló el cómputo de 2 años de prisión por cada uno de preventiva en casos de delitos de lesa humanidad; Rosenkrantz indicó que “es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de ‘Muiña’, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces… los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones encuentran su apoyo en la Constitución, en el derecho interamericano y el derecho internacional. Los argumentos expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpetraron los crímenes más horrendos”.
Respecto de la acusación de retardo de justicia en la causa del “apagón de Ledesma”, señaló que el expediente ingresó a la Corte el 5 de junio de 2015, “más de un año antes de mi incorporación como Ministro el 22 de agosto de 2016”.
Al cierre de su carta, Rosenkrantz indica que la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo ".
El conflicto en cuatro claves
1 - El origen. En 2018, Macri decidió el traslado de Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Una acordada de la Corte avaló la legalidad de la medida.
2 - En contra. El 30 de julio,el Consejo de la Magistratura, con mayoría K, dispuso que debían contar con acuerdo del Senado para seguir.
3 - Rechazo. El 16 de setiembre, el Senado, con la mayoría del Frente de Todos, negó el acuerdo: los tres jueces debían dejar esos cargos.
4 - La Corte. El 25 de setiembre, la diputada nacional Vanesa Siley pide el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
