El enfrentamiento político entre el frente Cambia Mendoza y La Unión Mendocina tiene varias aristas, en medio del acercamiento de las elecciones primarias del 11 de junio. Por un lado, hay críticas centradas en sus principales funcionarios, particularmente en las fórmulas que disputarán la gobernación, como son el caso de los tándem Alfredo Cornejo/Hebe Casado y Omar De Marchi/Daniel Orozco. No obstante, algunas medidas dispuestas por el gobernador Rodolfo Suárez generaron más tensión entre los espacios políticos.
Fue la medida de desvincular a dos funcionarios que están vinculados con De Marchi. Este martes se conoció, por un lado, la despedida de Jaime Grimalt, quien era director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) desde el 2016. En tanto, este miércoles se terminó de consolidar la salida de Marcela Gazali, síndico de la Sociedad de Transporte Mendoza (STM).
En diálogo con Los Andes, Gazali se mostró sorprendida de la decisión tomada por el Gobierno, más allá que era una medida que había sido adelantada y “se veía venir” la inminente desvinculación de la funcionaria, debido a que el camino dentro de la STM para establecer las notificaciones es más largo, al ser una Sociedad Anónima Unipersonal de Participación Estatal (Saupe).
La dirigente macrista fue notificada por un acta de Asamblea; mientras que luego en el directorio de la STM se “ratificó” lo decidido por el accionista, que es en este caso el Poder Ejecutivo.
En el caso de Gazali, es precandidata a concejal en segundo término para la Capital en La Unión Mendocina, que tiene al líder del Mendoexit, Hugo Laricchia, como precandidato a la intendencia.
De hecho, desde el Gobierno pusieron ese fundamento para definir su desvinculación. “Sería inadmisible tener a un precandidato opositor dentro del directorio de la STM. Es cuestión de tiempo”, confiaron a este medio desde Servicios Públicos. En Casa de Gobierno fueron por el mismo camino: “Gazali decidió ser precandidata de un frente opositor junto a De Marchi”.
Sin embargo, para la hoy exsíndico hay otros motivos por detrás, debido a que vinculó su despido del cargo de control de la STM, con el que tuvo también el año pasado en la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), cuando era directora de Administración y también fue echada.
“O es persecución política o es porque no soy obsecuente con el Gobierno”, aseguró la precandidata, quien sostuvo que los dos años de pandemia (2020 y 2021) fue designada como directora de Administración de la OSEP con un equipo de contadores, en el que, según su relato, “nos dimos cuenta que había muchas situaciones financieras que no cuadraban y que habían que corregir. Habíamos preparado un salvataje para la crisis”.
Gazali expresó que emitieron una serie de informes que fueron elevados al directorio de la OSEP -dirigido por Carlos Funes- “en el cual veníamos avisando lo que podía llegar a pasar, y que pasó finalmente, si no se pegaba el volantazo o se hacían mejor las cosas. Pero en marzo del 2022 me echaron”.
En tanto, sobre la STM, se preguntó: “Qué motivo justificaría echar a alguien en un organismo de control? La medida es discriminatoria desde todo sentido, se esconden intereses. O pensás como el cornejismo o estás fuera de la gestión. A mí me pidieron que saliera a apoyar públicamente la intervención del Pro y me negué. Se entiende que no se trata de si sos idóneo o no, sino si estás alineado a la postura del Gobierno”, marcó.
