El Gobierno Provincial y el Departamento General de Irrigación siguen con el estudio del ambicioso Código de Aguas, un megaproyecto que busca, en primer lugar, ordenar y dar “seguridad jurídica” a todo un compendio de más de 120 leyes con decenas de años de antigüedad referidas al recurso hídrico; así como también establecer una serie de modificaciones que tienen el objetivo de “aggiornar” las leyes y sumar disposiciones que hoy no están en la legislación pero que ya están comprendidas y reconocidas por la doctrina.
Desde el 15 de julio está el anteproyecto del Código de Aguas disponible para toda la ciudadanía, que puede leer y realizar aportes; y si bien se planeaba cerrar esta etapa este 15 de agosto, desde Irrigación extendieron el plazo hasta el 15 de octubre, sobre todo por pedido de diversas cámaras y también especialistas, quienes solicitaron más tiempo para estudiar la normativa que será presentada en un futuro en la Legislatura.
Para el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, se trata de “la reforma” en términos de agua, es decir, una de las “más importantes en los últimos años” y señaló que el Gobierno tiene “la decisión política que no se tuvo en los anteriores gobiernos” para hacerlo.
“Ésta es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Estamos ordenando y dejando las pautas y reglas claras para los próximos 20, 30 años, en épocas que serán más críticas en términos de cantidad de agua disponible comparados con nuestros años malos”, aseguró a Los Andes.
Marinelli marcó que, según el Ianigla, se estima de aquí al 2050 una baja de entre el 8 y el 20% del agua disponible “con respecto a los años malos”, por lo que es importante tener una visión a largo plazo en términos del manejo del recurso hídrico.
Cuestión de tiempos
Si bien Marinelli indicó que el proceso se está llevando con tranquilidad y sin “quemar” etapas, agregó que el objetivo final es que, al menos, antes de fin de año pueda enviar el gobernador Alfredo Cornejo el proyecto del Código de Aguas a la Legislatura.
No obstante, la seguridad de Marinelli respecto a plazos no la tiene por ahora el Poder Ejecutivo, que no tiene decidido aún cuándo mandarán el proyecto; ni tampoco cómo será la estrategia, ya que también estudia el gabinete de Alfredo Cornejo si sería mejor presentar primero un plan de obras hídricas, o el propio Código de Aguas; cuando, para Marinelli, sin lugar a dudas debería ser primero el Código y luego el plan de obras.
En paralelo, diputados y senadores, particularmente de la oposición (La Unión Mendocina, PJ y Partido Verde), aseguraron a este medio también que analizarán “con tiempo” y con “la importancia de lo que estamos analizando y legislando”; por lo que ya van preparando la cancha para evitar que se trate el proyecto con rapidez; además de anotar diversas críticas que tienen respecto al Código.
La medida de extender los plazos, fue tomada de buena manera por abogados, constitucionalistas y expertos en derecho de agua que están estudiando el tema, como Alejandro Pérez Hualde, Miguel Mathus Escorihuela, Arturo Lafalla, Javier Zuleta, Gabriela Abalos y Miguel Solanes, entre otros, quienes incluso han presentado sugerencias de reformas del Código de Aguas y mantienen puntos de discusión con la idea de los equipos de Marinelli y Cornejo.
No obstante, advierten que posiblemente se necesitará más tiempo para poder evaluar mayores reformas para evitar futuros problemas en uno de los recursos más preciados de los mendocinos, y más teniendo en cuenta que los pronósticos respecto a la cantidad de agua.
En diálogo con Los Andes, Pérez Hualde insistió en que no es un tema para tomar “a la ligera” y marcó que, si el 15 de octubre no tienen un “producto terminado”, no deberían apresurarse desde el Gobierno, ya que “más allá de las mayorías legislativas coyunturales que se puedan tener, ya sabemos lo que pasa con esas mayorías. Pasó con la 7.722″, advirtió, en referencia a que tanto Cambia Mendoza como el PJ acordaron la reforma a la ley y luego debieron dar marcha atrás por presión social.
También consideró que se debería prever la posibilidad de tener revisiones y controles constantes de las leyes. “Ya no se hacen códigos para 100 años. Se trabaja sobre la coyuntura, con plena conciencia del dinamismo que tiene la coyuntura; y con rendijas para que todo se pueda revisar y renovar”, opinó el exministro de la Corte.
En tanto, Marinelli valoró que se estén aportando diversas miradas para tener un código lo más completo y claro posible; e incluso informó que aguardan que el doctor José Esaín -que estará en septiembre en Mendoza- también dé su consideración al respecto, entre otros.
De igual modo, entiende que a mediados de octubre estarán en condiciones de “definir realmente cuáles son las propuestas atendibles y cuáles no”; para enviar el proyecto a la Legislatura.
¿El código o el plan hídrico primero?
La estrategia entre enviar el plan hídrico o el código primero a la Legislatura, está en veremos aún, así como también cuánto dinero se podría destinar desde los U$S 1.023 millones de Portezuelo del Viento, exclusivamente para obras de optimización en el uso de agua.
“Sin tener el Código de Aguas aprobado, para mí, el plan hídrico es un ‘bleff’”, aseguró Marinelli.
El titular de Irrigación fundamentó su postura al sostener que “tiene que tener una ley que obligue a los funcionarios a tener un plan. Pero si nosotros armamos un plan a largo plazo y no hay obligación legal, quien llegue a este puesto a futuro, si no lo quiere actualizar o cumplir, se acabó el plan”. “Necesitamos obligación de continuidad, si no, ¿qué sentido tiene plantearse a un largo plazo si no sabés si el que viene lo va a seguir o no?”, se preguntó.
En tanto, sobre el monto que se cree que podrían solicitar o pensar para el plan hídrico provincial, si bien trascendió que podrían ser U$S 200 millones, señaló que todo es “depende del plan”.
De hecho, recordó que el exsuperintendente Eduardo Frigerio (que renunció acorralado por causas de corrupción) “fue uno de los que más ejecutó en los últimos años; y fueron U$S 44 millones”. Acto seguido, dijo que “siendo muy efectivos, podríamos ejecutar U$S 50 millones en 3 años, así que debe ser un plan para pensar para varios años de ejecución”, y para eso, consideró que primero es necesario tener el Código.
Y amplió: “El plan requiere de etapas y obras”, y agregó que la idea que tienen -en un paper de trabajo solamente- es que las obras sean pagadas por todos los productores de la cuenca donde se haga el trabajo “porque pagarían menos entre más productores, y porque los beneficios de mejoras a futuro generarán mejores uso del recurso, y por ende, impactarán a todos en cierta medida”, razonó.
Claves y dudas del Código
Además de “ordenar” la legislación y establecer un plan de modernización y eficientización “sobre la base del cambio climático y apuntando a la sequía”, Marinelli dijo que uno de los puntos importantes a modificar en el Código de Aguas, es, establecer un “marco legal claro” en el otorgamiento de permisos de agua.
“Hoy no hay un marco legal que te permita limitar a quién y cómo le das el agua, ni tampoco cuándo están satisfechos los derechos”, dijo Marinelli; y agregó que se deben tomar decisiones “mediante la planificación, respetando absolutamente todos los parámetros que hay que respetar, con el ordenamiento territorial en la cabeza”.
En este sentido, actualmente se pueden asignar hectáreas cuando hay renuncias de las mismas en otras zonas, pero para Marinelli “eso no es lo correcto”.
“Hay que atender a la demanda y no según la oferta, centrarse en cómo usar la cuota de agua que le corresponde a cada productor y el máximo de agua con el cual tiene que estar satisfecha técnicamente su demanda”, señaló; y agregó que hay que centrarse en los pequeños productores, que son quienes tienen mayores dificultades para tecnificar su riego.
En tanto, respecto a una de las críticas que hicieron especialistas como Mathus, que consideran que se debería utilizar el nombre de “río” y no “cuenca” porque éstas son interjurisdiccionales y podrían generar futuros litigios a futuro, expresó que “la Constitución dice que la administración del agua será por cuenca”.
“Al margen del nombre, si vas a tener un problema legal con otras provincias, hables de ríos o cuencas, el problema lo vas a tener igual aunque niegues los nombres”, argumentó.
En tanto, sobre quienes sostienen que con el Código se da un “avance hacia la minería”, sostuvo que es “una pavada y total mentira”.
“Se agarran de un artículo (8 de aguas subterráneas) que otorga prioridades en el uso del agua en el cual la minería está en uno de los últimos lugares, y que el Gobernador puede solicitar la alteración de ese orden; pero lo que no quieren saber es que el artículo 15 dice que primero tendrá que satisfacerse la demanda de los derechos existentes. Una vez eso, hay que satisfacer los permisos precarios; y además, esa solicitud tiene que ser aceptada por el Superintendente y mandarlo a la Legislatura. Siempre tendrá prioridad el consumo humano y el agro sobre la minería”, marcó.
Según se sostiene desde el Gobierno, un punto clave que pregonan es que se pueda establecer una fuerte política para “evitar el derroche” y que todos paguen por el agua que usan. De hecho, una de las iniciativas de Cornejo es la medición de los consumos para todos los niveles.
Dónde estamos parados
Por otro lado, uno de los puntos en los que hizo hincapié Pérez Hualde es en la necesidad de tener, antes de establecer un Código de Aguas, un “plan hídrico detallado que contemple todos los intereses que están en juego” y que pugnan por la utilización del agua.
“Necesitamos saber el verdadero estado en el que estamos: ¿De cuántos metros cúbicos hablamos?¿Cuánta es la cantidad de agua disponible y que se prevé que habrá disponible en los próximos años?”, se preguntó el constitucionalista, e hizo referencia al estudio de la organización israelí Mekorot. En este sentido, sostuvo que no han tenido acceso a dichos estudios técnicos.
Para el letrado, se debería contemplar en el Código “un mecanismo de organización y de procedimiento participativo que sea abierto y que pueda revisar hoy cómo, dónde y cuánta agua se usa, incluso dentro de los regantes y saber cuántos hay y cuántos riegan con surco o con tecnología”.
“Mi opinión es que deberíamos contar con algunos instrumentos antes, como es el ordenamiento del plan hídrico, para poder saber dónde estamos parados. O sea, cómo podemos avanzar en una estrategia para hacer que el agua del riego se utilice realmente con eficiencia”, consideró.
Por otro lado, y frente a algunas críticas solapadas que aseguran que hay una intención de acumular “más poderes” para Irrigación, Pérez Hualde consideró que no cree que sea así. “No veo una ‘mano negra’ en este proyecto”, acotó.
Por otro lado, Pérez Hualde también pidió que el fiscal de Estado, Fernando Simón, “emita una opinión, no de legalidad, sino ‘de oportunidad’ y conveniencia” de salir con un Código “en momento de litigios frente a La Pampa”.
“¿Podría usar en contra de Mendoza este Código La Pampa? esta pregunta sería importante que pudiera responderla el Fiscal de Estado, que es quien lleva los juicios con la provincia vecina”, volvió a preguntarse el exministro de la Suprema Corte.
