El Jury de Enjuiciamiento se reunió este jueves y decidió admitir formalmente la acusación que pesa contra María Elizabeth Lizán, titular del 12° Juzgado de Familia de la Primera Circunscripción Judicial.
De esta manera el órgano que tiene la tarea de revisar y juzgar el accionar de los magistrados aceptó la denuncia por “mal desempeño en el ejercicio de la función” de la magistrada que realizaron funcionarios y empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras.
A esta instancia se llegó luego de que el gobierno provincial no le aceptara la renuncia a Lizán. De este modo no pudo evitar el procedimiento y tampoco accedió a una jubilación de privilegio.
El siguiente paso del trámite prevé correr traslado de esta novedad a la jueza dentro de los 10 días hábiles, para que pueda defenderse.
El Jury está integrado por los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, siete senadores y siete diputados. Ellos serán los que deberán valorar las pruebas para determinar si efectivamente existió un mal ejercicio en su función de jueza y si le caben sanciones o no, y de qué tipo.
Según manifestaron fuentes que participaron de la reunión, hay acuerdo entre las fuerzas políticas (Cambia Mendoza y Frente de Todos) en investigar el accionar de la jueza con la cautela que amerita el caso, siguiendo los pasos pertinentes, a la espera de su defensa.
El procedimiento tiene tres finales posibles: la destitución como jueza (por lo que perdería la jubilación del 82% móvil), una suspensión temporal de hasta 180 días con reducción salarial o la absolución, por lo que sería ratificada en su cargo.
NUEVA COMPOSICIÓN
Previo a admitir formalmente la acusación, juraron nuevos integrantes del órgano judicial. Por la Suprema Corte lo hicieron Dalmiro Garay, María Teresa Day, Pedro Llorente, Mario Adaro, Omar Palermo, Julio Gómez y José Valerio
En tanto, por Diputados, asumieron José Orts, Cecilia Rodríguez, Marcos Reche y Jorge López (Cambia Mendoza); Marisa Garnica y Verónica Valverde (Frente de Todos).
Y por el lado de Senadores, se integraron los oficialistas Marcelo Rubio, Natacha Eisenchlas, Alejandro Diumenjo y Mercedes; y los peronistas Lucas Ilardo, Mauricio Sat y Cecilia Juri.
LA DENUNCIA
A fines de mayo, el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, envió un oficio para que el organismo revise el accionar de la jueza Lizán. Es la primera causa que trata el Jury luego de suspender a Maria Fernanda Sarcinella, asesora de Menores e Incapaces de Las Heras, en abril del año pasado.
La Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte labró una orden de instrucción tras la denuncia realizada por funcionarios del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras, debido a reiteradas faltas e irregularidades en la labor diaria de la magistrada Lizán.
“Entre las más graves se destaca ‘el incumplimiento de la Jueza del deber de dictar, controlar y firmar sus resoluciones, toda vez que la magistrada ha delegado o autorizado el uso de sus credenciales en empleados y funcionarios del Tribunal para firmar digitalmente distintos actos procesales, lo que se ha extendido en el tiempo y resulta ser una conducta recurrente de la magistrada”, según expresaron desde el Poder Judicial en un comunicado.
En otras palabras, Lizán “prestaba” su token a terceros para que estos firmaran escritos por ella. El token “es un dispositivo intransferible y personal, con el que magistrados, mediante el ingreso de una clave, pueden firmar digitalmente sus actuaciones en los expedientes digitales y que hace a la seguridad jurídica de todo proceso, esquema que se aplica en el Poder Judicial de Mendoza desde el 2018″, resaltaba el comunicado.
Según contó un empleado de este tribunal al diario Los Andes, “ella dejaba el token en el juzgado para las firmas que fueran necesarias. En algunos casos puedo estar seguro que no revisaba lo que se firmaba. Sé que en las medidas inmediatas no las ha leído porque las firmábamos nosotros, dada la urgencia. Delegaba la tarea de utilizar el token ya que al principio le costó mucho la adaptación al sistema informático; entregaba su token a quien lo necesitara, era de uso público”.
En efecto, esta circunstancia develó además que Lizán “no asistió a las capacitaciones brindadas por el Poder Judicial para utilizar el sistema de expediente electrónico”, remarcan desde el Poder Judicial. No obstante, el tema no terminaba en el token, sino que de acuerdo a lo declarado por otros empleados del tribunal “Lizán también pedía que le falsificaran la firma ológrafa, para que aquellos firmaran en su lugar”.
De esta manera, el pedido de intervención al Jury de Enjuiciamiento, concluye que “la magistrada denunciada ha dejado de cumplir obligaciones expresas emanadas de la normativa que le es aplicable y ha incurrido en una falta de vigilancia reiterada y grave del movimiento del Tribunal a su cargo”.
“Las irregularidades señaladas contra la magistrada Elizabeth Lizán exceden el manejo administrativo de las causas en las que tiene intervención. Como resultado de la instrucción ordenada por la Corte, se conocieron actitudes en la actividad laboral diaria, como el destrato para con quienes comparte las jornadas, la flexibilidad horaria con la que se maneja, las formas de dirigirse, malos tratos, faltas sin aviso, inasistencia a las audiencias y las actividades extra laborales realizadas y en las que buscaba involucrar a terceros, entre otras”, dice uno de los párrafos más fuertes del comunicado. Se apunta al “desorden de conducta”, que es uno de los motivos por los que se puede solicitar el Jury de Enjuiciamiento.
ANTECEDENTES PREVIOS DE LIZÁN
La jueza tiene experiencia en enfrentar una denuncia de este tipo. El caso más resonante data del 2012 cuando el Jury de Enjuiciamiento la suspendió durante 44 meses por un escándalo de adopciones en Tunuyán. Luego volvió a su cargo.
Desde el 2016 hasta ahora, recayeron dos pedidos más en 2017. Uno data del 20 de abril y fue denunciada por Elizabeth Pandolfino por mal desempeño en sus funciones. Sin embargo, la denuncia fue desestimada por el organismo. No se inició la investigación.
