El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita y a otros 12 imputados, se reanudó en la mañana del lunes con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.
Tras el receso judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 escuchó desde las 8.30 en su rol de parte acusadora al fiscal de juicio Diego Luciani, quien ya anticipó que expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.
La única voz acusadora que quedó en el debate es la del fiscal Luciani, quien, según fuentes judiciales, considerará que hay pruebas para formular pedidos de pena.
“Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que, con una figura de espejo, replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de Estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios”, dijo Luciani en el inicio de su exposición.
En términos contundentes, planteó que Néstor y Cristina Kirchner montaron “un auténtico y eficaz sistema de corrupción”.
“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, consideró.
En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.
El organismo consideró “irresponsable avanzar en la acusación” por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.
Tanto la vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom.
El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.
En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Además de la vicepresidenta, son juzgados el propio Báez, dueño de “Austral Construcciones”; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.
También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo “Austral Construcciones” de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa, pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.
El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.
Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que “fue un plan ideado por el Gobierno saliente” de Mauricio Macri y que la causa “forma parte del lawfare”.
