Tras estar paralizadas casi todo el 2020, algunas obras del Gobierno provincial vuelven a reactivarse. Este es el caso del Polo Judicial, el cual retomará nuevamente su proceso de construcción durante el mes de febrero. Con cerca de 33.000 metros cuadrados de extensión, el complejo edilicio que apunta a reubicar diversas áreas de la Justicia estaría terminado en julio de este año.
En diálogo con Los Andes, el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgró, anticipó esta fecha y aseguró que el edificio de detención transitoria Estrada ya está listo. “Ahora queda terminar el espacio de la Suprema Corte y el de la Fiscalía”, indicó.
De acuerdo a fuentes oficiales, la inversión inicial que se había estipulado para este complejo edilicio era de $2.000 millones. “El contrato va a terminar en julio, con todas las ampliaciones incluidas y las redeterminaciones de precio, en $2.800 millones aproximadamente”, aseguró Isgró.
Así, el precio original se incrementó 40%, desde que arracó la construcción en 2018, durante la administración de Alfredo Cornejo.
Según sostuvo el funcionario, las instalaciones previstas permitirán aplicar de una manera certera el Código Procesal Penal nuevo. “Se puede hacer más rápido el trámite en el cual una persona esté detenida transitoriamente. Se hace un análisis rápido de la situación y también se podrá decidir, igual de rápido, si amerita una condena con detención o quedar en libertad. No van a tener detenidos con juicios pendientes como históricamente pasa”, señaló.
Isgró explicó que “quienes van a estar trabajando ahí es el Procurador Fiscal y su equipo y la Suprema Corte”, lo que permitirá optimizar el espacio del Palacio Judicial. “También habrá un ahorro importante en lo que se refiere a alquileres y la optimización del uso de los edificios públicos”, consideró.
De esta manera, las labores se reanudarán luego de meses signados por la pandemia. Por los problemas financieros, en los que la caída de la actividad económica afectó directamente a la recaudación, se dictó desde el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública la resolución 65/20 que paralizó la obra pública. Solo quedaron exceptuadas a esta medida las tareas que se realizaban en los hospitales Teodoro Schestakow (San Rafael) y Central, de vital importancia en el contexto sanitario.
En enero de este año, en tanto, se publicó el decreto 1.848 que avaló lo firmado con la UTE (Unión Transitoria de Empresas) de las compañías Stornini y Ayfra. Así, deberán concluir el nuevo edificio del máximo tribunal en el Polo Judicial, obras eléctricas y la conexión peatonal subterránea con el complejo penitenciario. El reconocimiento del Estado por la paralización en esta obra (una de las tres que componen el complejo) llega a los 13.605.900 pesos.
En total, son tres edificios que duplicarían la capacidad de funcionamiento del Poder Judicial y estarán ubicados detrás del penal de calle Boulogne Sur Mer. Uno será para la Suprema Corte de Justicia, otro será ocupado por los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal (que contará con dos subsuelos y cinco niveles superiores) y en el tercero funcionará la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos. Las obras arrancaron en 2018, si bien hubo proyectos similares desde 2008.
Durante 2020, el edificio ya terminado, fue acondicionado para alojar enfermos de Covid-19.
