Los abogados Carlos Varela Álvarez y Alejandro Acosta presentaron ante la Fiscalía de Delitos No Especializados una nueva denuncia contra el gobierno provincial por el escándalo del subsidio de 18 millones de pesos otorgado al pastor Héctor Bonarrico.
En la demanda (que se acumularía a las ya existentes, las cuales se tramitan en la Fiscalía de Delitos Económicos) piden la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal sobre la existencia del delito de Exacciones Ilegales por destinar como “una negociación entre las autoridades gobernantes con un ex legislador de la provincia, para que el mismo realice actos conforme a la voluntad de quienes iban a suministrarle una suma millonaria de dinero público”.
“El suceso es altamente demostrativo de la ausencia, dentro del organigrama del Gobierno de la provincia de Mendoza, de controles de gestión eficaces, como igualmente de la creación y/o existencia de los anticuerpos necesarios para que los fondos públicos tengan un destino dedicado al ciudadano y no a los acuerdos mezquinos de quienes han tenido el honor de ocupar las más altas Magistraturas que tiene el Estado Provincial”, denuncian los abogados.
Y sostienen: “Acá ha sido el ex legislador Bonarrico, el que dice con quienes habría negociado ese acuerdo, que luego se ejecutaría a través del decreto firmado por el Poder Ejecutivo Provincial, concediendo el dinero de manera clandestina e ilegal”
El documento también recoge una nota de Los Andes en la que el pastor hace alusión a que la transacción “tuvo supervisión del gobernador” Rodolfo Suárez. “Un punto muy importante se encuentra concentrado en quienes pueden disponer del dinero de los mendocinos, y acá ha sido el ex legislador Bonarrico, el que dice con quiénes habría negociado ese acuerdo, que luego se ejecutaría a través del decreto firmado por el Poder Ejecutivo Provincial, concediendo el dinero de manera clandestina e ilegal”, manifiestan los abogados.
En la denuncia piden investigar no solo las violaciones a las normas penales, si no a las convenciones contra la corrupción. “El suceso viola la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción”, detallan.
“El evento requiere de una investigación, porque desgraciadamente podemos encontrarnos en que esto no sea un episodio aislado y que se trate de una práctica habitual; destacando una circunstancia de valor insoslayable, la cual consiste en el deterioro institucional al que ha sido expuesta la provincia de Mendoza en los últimos anos, pretendiendo someter la independencia del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la provincia”, completa la denuncia.
